El Salvador: continúa el mismo modelo económico de los últimos 20 años.En materia económica, el modelo económico, entendido este como un método, como una fórmula metodológica de dirigir y direccionar el quehacer productivo y comercial, de distribuir y asignar bienes y servicios dentro de una fase, coyuntura o lapso económico del sistema, no ha habido ni siquiera intención de proponer nuevas fórmulas. Los incrementos vertiginosos y galopantes de la gasolina y diesel en estos dos últimos meses son elocuentes y evidentes para comprender esta incapacidad y la falta de voluntad política del gobierno de frenar los abusos del mercado, del modelo.
Ya la Cámara de Comercio, a través de Jorge Daboub, en una entrevista realizada por el periódico digital El Faro, ha presentado sus ideales económicos, enfocados en renovar la vigencia de una nueva etapa de privatizaciones —denominadas "concesiones"— , pretendiendo ahora abarcar, incluso, actividades más propias del estado: la administración privada de los centros penales, por ejemplo. Lo que, por otra parte, debe alertarnos sobre cómo abordar el análisis de las causas e intenciones que provocan la crisis de seguridad pública del país.
Lo que Daboub ve como “ayuda”, no es más que la voracidad reiterada propia de la empresa privada que va a beneficiarse con el endeudamiento del Estado, con inversiones en construcciones de infraestructura y carreteras —lo que ya se hace a través de FOVIAL, por ejemplo— y la administración de puertos, aeropuertos y, por qué no?, construir y administrar cárceles. "Puede perfectamente el Estado, sin estarse preocupando de que no tiene 30 millones para construir una penitenciaría o que no tiene para ampliar porque no le caben los presos, concesionar la construcción y la administración de penitenciarías. Es una excelente opción que le ponemos a disposición”, dijo.
Sin ninguna pena continúa planeando: “administrar el puerto de La Unión le va a costar al país de 30 a 40 millones de dólares. Eso perfectamente se los puede ahorrar. De ahí podría sacar los 30 que quiere ahorita el presidente (para seguridad pública), con solo esperarse a la concesión. El Chaparral: 160 millones, una inversión en generadoras hidroeléctricas. Son inversiones cuyo retorno usted lo va a tener a 20 ó 25 años...si podemos encauzar bien el dinero; si en lugar de perder 40 millones en el puerto (de La Unión) se los ahorra y si en lugar de invertir 160 en la presa lo ocupa en este tema...si permite que el sector privado le ayude, los 800 millones que el Estado compra al año en compras del Estado, un 60-70% es infraestructura: un hospital, una calle... ¿por que no permite que se le ayude?”, acotó.
Detrás de las ideas del presidente de la Cámara de Comercio, se presagia que a falta de iniciativa privada para impulsar la economía ha de ser de nuevo el Estado, y con este el pueblo y la clase media, quienes deban financiar la “reactivación económica”, generando oligopolios para que nos saquen los ojos. Como siempre, esos costos van a traducirse inmediatamente en responsabilidad de la población maltrecha, porque los costos de dichas genialidades económicas van a tener que ser pagadas con impuestos. Respondan ustedes ¿De dónde saldrán los impuestos? ¿Quién pagará tales impuestos y por cuánto tiempo y a qué costo?
Los "grandes" empresarios no sólo no quieren pagar impuesto sino que, además, quieren asaltar el Estado y despojar el erario público. Maña vieja.
Lo anterior está atado a otra de las incapacidades maliciosas del actual gobierno: la reforma fiscal. También en este tema el gobierno ha recurrido a lo mismo, al proxenetismo y al despojo de los asalariados.
La empresa privada se negó rotundamente a aceptar las nuevas disposiciones legales de la reforma en lo que concernía a pagar los impuestos que por obligación corresponden a sus actividades y ganancias: declaración, evasión y elusión fiscal.
Ni siquiera se trataba de aumento en el impuesto, sino que declararan y pagaran lo que por obligación tienen que pagar, lo que quiere decir que de una manera cínica aceptan que evaden y eluden, pero se niegan a que se les fiscalice. Esta sí es una sinvergüenzada. Pero hay más al respecto.
En la pretendida reforma fiscal se tenía la idea de regular, evitar y controlar las posibilidades de que los grandes empresarios no sólo no evadieran y eludieran sino que además se robaran el impuesto que vía IVA pagamos todos en cada producto, hasta en un tomate —que por cierto están mucho más caros que nunca. Desde hace ya casi dos meses y medio llegó a costar 25 centavos de dólar un tomate, en el Mercado Central, hoy están a ocho tomates por un dólar— y que la empresa tiene la obligación de declarar y trasladar a Hacienda, al Estado. Lo que no hacen.
También a esta regulación se opusieron, y Funes los respaldó. Explicado de forma sencilla: los grandes empresarios no sólo no pagan sus impuestos, sino que además se roban el impuesto que nosotros pagamos. Cuento viejo. Hacer negocios emprendedores bajo estas condiciones, bajo estas libertades económicas, a cualquiera le resulta facilísimo.
Pero el asunto es todavía más grave. A falta de capacidad del gobierno de costear sus compromisos, no sólo vamos en una ruta desastrosa de mayor endeudamiento externo que ya es incosteable para el país, sino que, además, serán los asalariados, la clase media y el pueblo quienes deberán pagar todos los costos de la crisis y de la reactivación económica y del financiamiento de los negocios de los ricos, tal y como de forma descarada lo ha advertido el propio ministro de economía, Héctor Dada Hirezi, cuando anunció algunas de las medidas que emprenderá el gobierno en cuanto a los subsidios, donde el agua, gas propano, electricidad y demás servicios públicos perderán el supuesto privilegio del subsidio y, además, sufrirán incrementos.
Descaradamente señaló que la clase media y los asalariados tienen la plena capacidad de pagar el costo del gas, que rondará los trece dólares, e hizo una aritmética fría: si el tambo dura alrededor de 6 semanas, quiere decir que distribuido en cada semana sólo serán dos dólares, lo que en realidad se pagaría.
El atentado anunciado por el sensible y competente Hirezi, tiene de profundo mucho más que los dos dólares. El mensaje crucial es que los asalariados, la clase media y los pobres de este país están obligados a pagar parte de los costes de la crisis a través de los servicios públicos y la adquisición de bienes de consumo imprescindibles; y, por tanto, quedan condenados a resguardar y garantizar los privilegios, crecimiento y ganancias de los ricos y poderosos.
Veamos si no hay coincidencias entre Hirezi y FUSADES. Esta última recién ha señalado —y comprendámoslo de la manera de cómo lo dicen— "que quien gana más debe pagar más." Pero, y aquí viene lo cínico, es que esta referencia está afincada en los asalariados, no en las ganancias de las grandes empresas.
El caso de las telefónicas no sólo es aleccionador, sino que también es fundamental para entender cómo está entretejida la partida política y de alianzas, de pertenencias y de identificaciones. Plantea cómo un problema casi tan insignificante de paliativo en el ingreso económico para la población de sencilla solución, puede ayudar a descifrar lo que permaneció casi oculto durante siete meses: el contubernio, los pactos, los arreglos del presidente con la derecha y la oligarquía, entre otras cosas.
Manifiesta la afiliación de Funes a la derecha y su capacidad de gestión para los intereses de los poderosos. Pone en evidencia, otra vez, cómo es que los ricos se hacen ricos. Se nos ha querido hacer creer durante mucho tiempo la "calidad emprendedora" de la empresa privada, !su iniciativa, su sacrificio al invertir en la incerteza, bajo riesgo!.
Si esto fuera cierto, ¿cómo se explica, entonces, que al privatizar la infraestructura y servicios de telefonía se estableciera una cuota de acceso para garantizar que los inversionistas recuperaran su inversión? Y ¿cómo no iban a invertir en un negocio donde de antemano el Estado, el gobierno, les estaba asegurando el retorno y la ganancia?
Además, ¿cuántos años llevamos ya pagando esa cuota de retorno, convertidas desde hace mucho tiempo en ganancias? ¿En cuánto tiempo recuperaron la mísera inversión que simularon hacer? ¿No es cierto, acaso, que cuando la persona solicita una línea telefónica fija tiene que pagar para que se le instale, y esto comprende el acceso? ¿Y, acaso, no se paga tambien por cada llamada realizada?
Y no es cierto, acaso, que cualquier mediano, pequeño y microempresario, u otra persona, que se le ocurra emprender cualquier negocio, se ve obligado a correr sus propios riesgos sin nadie ni nada que le proteja en la aventura? Sin el mínimo respaldo de que siquiera recuperará la inversión. Peor, con la amenaza de perderlo todo a consecuencia de las jaranas contraídas por los préstamos y los intereses.
Esto es lo que verdaderamente descifra cómo es en realidad que los ricos y poderosos, los grandes empresarios al gozar de privilegios son capaces de multiplicar sus peces. Ningún otro sector más que los poderosos gozan del privilegio de ser escuchados, de decidir, de mantener reuniones con los más altos funcionarios gubernamentales, periodicamente para discutir su propios problemas y definir, además, los asuntos vitales del país. Los demás, con todas sus necesidades, siguen siendo los excluidos, los ignorados, la pobrería.
Por otro lado, en el tema de seguridad pública, en uno de sus rubros específicos existe una observación bastante interesante de analizar y que podría tener una relación estrecha con los intereses de las compañías telefónicas y la incapacidad —o falta de voluntad o permisividad o indulgencia— gubernamental: ¿cómo es posible que no se haya tomado hasta ahora la decisión de cortar, de eliminar el acceso a teléfonos y a las llamadas telefónicas celulares desde las cárceles? ¿Por qué no existe voluntad para bloquear las llamadas de los extorsionistas desde las cárceles? ¿Acaso también se va a poner de pretexto que el acceso a celulares y a llamadas constituyen parte de los derechos humanos de los presidiarios? ¿No que éstos desde el momento que ingresan a las celdas penitenciarias pierden todas las garantías ciudadanas?
Lo que en realidad ocurre es que el ingreso de las compañías telefónicas en concepto de llamadas celulares desde las cárceles ronda cientos de miles de dólares mensuales, por lo que es imposible hacer algo, pues sólo puede ser regulado por el mercado. El Estado no puede intervenir en esa sagrada transacción, así sea que de allí provenga luto y dolor, extorsiones y condenaciones a muerte.
El tema de seguridad pública es uno de los temas más delicados, porque los intereses que se mueven allí se vinculan también con otro rubro del mercado, incidiendo en lo económico y político. En la primera escala está el crimen organizado que es producto del narcotráfico y el lavado de dinero que financia los grandes negocios de las grandes empresas, y que en sí mismo es uno de los negocios más lucrativos.
En la segunda escala, el negocio de las empresas de seguridad privada está sujeto a los problemas de seguridad pública de la población. Tanto el Estado como la ciudadanía gastan millones de dólares en este rubro, en el que por si fuera poco en muchos casos se paga en concepto de extorsión.
Hasta donde se ha sabido, sólo COSASE, propiedad de un amigo de Mauricio, ha ganado nueve licitaciones de catorce entidades del gobierno. Esto explica la enorme bondad de estos amigos en el financiamiento de la campaña electoral, y pone en evidencia el círculo vicioso del compadrazgo, la colusión y el conflicto de intereses. Antes era el Chele Torres el favorecido de licitaciones amanadas, cuyos negocios fueron insistentemente criticados por Funes, y uno de los ejes de ataque de su campaña. Ahora sabemos por qué.
En la tercera, pero no menos nociva escala, están los mareros, fenómeno que hace posible poner en movimiento todo el engranaje de esta clase de negocios. Pero las maras explican un problema más profundo.
Las maras, erigidas hoy como parte inherente de la infraestructura y la estructura, es decir del fundamento social, no es sólo principalmente la expresión de la marginación, la exclusión, la negación de condiciones de desarrollo humano y social, sino fundamental y esencialmente de la carencia de todo principio y valor moral y ético, de la carencia del menor sentido de respeto por la vida, la manifestación más concreta de la pérdida desoladora de la solidaridad, el humanismo, la cultura y espíritu popular, el más completo resultado de la espuria familiar, del individualismo exacerbado, de la injusticia.
Y son, por eso mismo, el reflejo, la manifestación, la expresión innegable, incontrovertible del tipo de sociedad que se ha construido en los últimos 20 años. Son el resultado de las prácticas sociales y políticas también de este modelo que nos tiene amenazados con no transigir, porque los antivalores de las maras provienen de la reproducción de la sociedad. A su modo, los dirigentes de esas maras constituyen una especie de oligarquía social, que domina ciertos ámbitos sociales.
Estos tres tipos de dirigencias son en esencia correspondientes en el sentido de que reproducen en sus propios ámbitos los mismos antivalores que paulatinamente se han ido convirtiendo en los nuevos valores sociales, en los nuevos productos socio-culturales, que predominan infestando las formas de la conciencia social, hasta reproducirse de manera concreta en la antítesis de la tan añorada, pero pulverizada nueva sociedad inspirada en la concepción, en la ideología de la justicia social, del nuevo hombre-mujer.
En lugar de ese ideario, de la derecha se ha aprendido bien todas sus artimañas, recogidas por años en los manuales de la realidad, de la cultura social que se reproduce en círculos concéntricos sin fin. Esta es la humanidad que reproducimos: el oportunismo, el arribismo, el compadrazgo, el amiguismo, el individualismo, la vivianada, los trinquetes, las encerronas conspirativas y los arreglos políticos. Ese el modelo que deberíamos cambiar, porque ya no es sostenible ni sustentable. Es el mismo modelo económico y social de los últimos 20 años que se repite ahora en este gobierno.
Por Roberto Saravia Pérez
Colaboración
