El Salvador dice en ONU que evalúa derogación de la Ley de AmnistíaAmnistía de 1993 impide la investigación y sanción de criminales de guerra y de lesa humanidad, tanto del ejército como de la guerrilla que combatieron entre 1980 y 1992 en una cruenta guerra civil.
El gobierno de El Salvador admitió de manera implícita que estaría sopesando derogar la Ley de Amnistía vigente desde 1993, al consentir que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobara el miércoles en Ginebra un informe sobre la situación de derechos humanos de dicho país centroamericano, resolución que recoge la cuestión de la mentada ley.
La Ley de Amnistía salvadoreña fue promulgada por el gobierno de Alfredo Cristiani en 1993, inmediatamente después de conocido el Informe de la Verdad, que fue elaborado y auspiciado por Naciones Unidas para investigar los más graves crímenes ocurridos durante la guerra civil.
“ La Argentina preguntó si sería posible reflexionar acerca de la derogación de la Ley de Amnistía”, señala el informe adoptado, reflejando lo acontecido en febrero pasado durante el Examen Periódico Universal (EPU) de El Salvador. Se trata de un nuevo mecanismo al que deben someterse los países cada cuatro años, a través del cual la ONU controla el respeto de los derechos humanos.
Al no impugnar el requerimiento argentino, El Salvador abre las puertas en un documento oficial de la ONU a una posible anulación de la ley de amnistía relativa al conflicto armado que tuviera lugar entre 1980 y 1992, causando 75.000 muertos y 8.000 desapariciones, norma que hasta ahora impide realizar investigaciones que esclarezcan los hechos.
El Salvador dispuso hasta hoy para resolver sobre 40 recomendaciones que le efectuaran diversos Estados durante el EPU celebrado hace cuatro meses, las que fueron en su totalidad aceptadas, mediante un discurso de su embajador en Ginebra, Byron Fernando Larios López.
En dicho informe figura asimismo que México exhortó a El Salvador a tomar “medidas” que respondieran favorablemente a lo pedido con anterioridad por el Comité contra la Tortura de la ONU, el cual ya había solicitado la abolición de la Ley de Amnistía.
Cabe recordar que para ese Comité dicha Ley “vulnera el derecho a un recurso efectivo, puesto que impide se investigue y se sancione a todos los responsables de violaciones de derechos humanos, e impide el derecho a la reparación, indemnización y rehabilitación de la víctimas”.
Ese Comité le había dicho a El Salvador que las amnistías dificultan “enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos tratos”, como también a los responsables de “las desapariciones forzadas”, poniendo de manifiesto “una falta de voluntad al respecto”, lo cual infringe “el carácter imperativo de la prohibición de la tortura”.
El Salvador hace saber ahora, en suma, “que el Estado está en proceso de estudio y consulta” de lo que le dijera ese Comité “para su implementación conforme a las competencias de las distintas entidades estatales”, subrayó el embajador Larios López en su alocución.
Aprovechando el debate sobre el informe del EPU de El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de ese país puso de manifiesto por escrito “la necesidad de enjuiciar con prontitud e imparcialidad a los autores de graves violaciones durante el conflicto armado, así como crear un fondo especial para la compensación de las víctimas”.
Enderezar la rama torcida
En tanto, en San Salvador, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) dijo que el Gobierno de Mauricio Funes tiene la posibilidad de cambiar de actitud en torno a la cuestionada Ley de Amnistía. Funes ha dicho en reiteradas ocasiones que no promoverá ninguna moción para que dicha legislación sea abordada y derogada en el Congreso.
“De ser sincera esa declaración del Gobierno, estaríamos ante la posibilidad cierta de que el Estado corrija el rumbo en algo que constituye hasta la fecha una de las deudas más grandes de la administración Mauricio Funes en su primer año: verdad, justicia y reparación integral para las víctimas”, dijo a ContraPunto Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA.
Y agregó que “se estaría honrando su lema oficial: unir, crecer, incluir. Porque, más allá de la retórica protectora de los criminales en aras de cuidar una paz muy cuestionable, El Salvador está dividido entre víctimas y victimarios; no crecerá en función del bien común, mientras no se incluyan las primeras en un verdadero proyecto de Nación, basado en el combate frontal y valiente a todo aquello que signifique impunidad”.
“Si el Estado –hoy comprometido oficial y públicamente por decisión propia, a cumplir las recomendaciones y las sentencias de dichos organismos internacionales –le da largas a la superación de ese gran obstáculo para la democratización del país o termina negándose a hacerlo, quedará colocado en el mismo sitio que ocupan en la historia los gobiernos anteriores: el de los que ultrajaron a las víctimas por defender a los victimarios”, aseveró Cuéllar.
El defensor de derechos humanos finalizó: “A lo anterior debe agregarse, como tarea pendiente, lo que el IDHUCA sostuvo en el informe que entregó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para su examen en febrero del 2010: El Salvador –se demandó entonces –debe cumplir plenamente con las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad, lo que incluye la necesaria divulgación de la información que sirvió de base para el informe final y, de manera urgente, implementar las recomendaciones dirigidas a prevenir la repetición de los hechos, particularmente en lo que se refiere a la persecución penal de los autores intelectuales y materiales de las más graves violaciones a derechos humanos, así como la inhabilitación de las personas que resulten responsables, para asumir labores en la administración pública”.
