Funes no vetará reforma a Ley de Telecomunicaciones
Contrapunto 08-07-10

El mandatario sostuvo que hay cosas valiosas en el decreto aprobado recientemente por el Congreso, como la “portabilidad numérica”, aunque también dijo que eso le generará gastos al Estado por el orden de los $4 millones.

El presidente Mauricio Funes dijo este martes 6 que las reformas a la Ley de Telecomunicaciones aprobadas el pasado 10 junio en la Asamblea Legislativa serán devueltas con observaciones al Parlamento.

“Lo que sí es claro es que no voy a vetar el decreto, he decidido observarlo”, manifestó el mandatario. Es decir, propondrá cambios en la redacción del decreto original. Los diputados pueden aceptarlos, o mantener el espíritu del texto primigenio.

El Decreto Legislativo número 379, aprobado con 75 votos, establece el derecho a la “portabilidad del número”. Esto significa que los usuarios tienen derecho a cambiarse de operador conservando su número móvil y fijo sin recurrir a gasto alguno.

Además obliga a las empresas telefónicas a que el saldo sea ilimitado, es decir, que si alguien usa el sistema de prepago en telefonía celular o fija, su saldo no vence en determinada fecha.

El decreto también exige a las empresas a cobrar el segundo exacto en todas las llamadas telefónicas; y que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) tendrá la responsabilidad de hacer realidad la portabilidad en un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia del decreto.

Pero para que el decreto entre en vigencia, el presidente tiene que darle el visto bueno, o en su defecto, rechazarlo o proponer cambios. Funes se fue por la última opción.

La semana pasada, en un campo pagado publicado en varios periódicos, varias compañías telefónicas rechazaron el decreto, manifestando que saldrían gravemente afectados si las reformas entran en vigencia.

Se verían en la obligación, dijeron, de tomar medidas drásticas, como recortar 14 mil empleos y eliminar los planes de inversión y expansión previstos para los próximos años, entre otras medidas.

Las empresas telefónicas sostuvieron también que incurrían en gastos millonarios cercanos a $20 millones si llevan a cabo las reformas

Pero, a pesar de la presión de las empresas, Funes no vetó el decreto, sino que propone cambios en la redacción.

No se conocen a profundidad los cambios propuestos, pero al menos Funes no cuestionó tan ácidamente el decreto, como sí lo hizo con el aprobado a principio de este año que pretendía eliminar la tarifa fija por el servicio de teléfono domiciliar.

En ese entonces acusó de “populistas e irresponsables” a los diputados. Pero esa actitud le generó una andanada de críticas de que estaba defendiendo intereses corporativos, y no los de la población.

En cambio, esta vez, el mandatario dijo que hay cosas que benefician a los usuarios, como la portabilidad numérica.

“Estoy de acuerdo con algunas medidas que se derivan de este decreto, como por ejemplo la portabilidad numérica”.

Sin embargo, el mandatario agregó que eso le representaría al Estado un gasto de unos $4 millones de dólares, pues se tendrá que construir un centro que permita monitorear y regular el proceso de portabilidad numérica. A lo mejor, algunos cambios propuestos irían en este sentido, el de ver cómo se obvia este gasto.

En torno a la exigencia del decreto de que el saldo de las tarjetas prepago sea ilimitado, Funes sostiene que no es posible aprobar eso, pero que podría establecerse un tiempo de vencimiento más adecuado al actual, el cual no necesariamente tiene que ser establecido por las empresas, como hacen en estos momentos.

“No es posible aprobar la no caducidad, tiene que haber un término perentorio, no necesariamente el que han puesto las telefónicas”, dijo.

También dijo que con el segundo exacto en el caso de las telefonías fijas “acarrea un problema”, que no especificó, y que por eso también lo están analizando.

Funes tenía hasta las 4 de la tarde de este martes, para enviar al Congreso sus observaciones al decreto.

Intereses empresariales versus ciudadanía

El jefe de investigaciones del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Edwin Trejo, dijo a ContraPunto que “paradójicamente, operadores telefónicos que aquí han mostrado reticencia, llámese Claro o Telefónica, en otros países donde brindan servicio telefónico han implementado la portabilidad numérica”.

El presidente ha reconocido que para establecer el sistema de portabilidad numérica tanto el Estado como las empresas telefónicas tienen que invertir.

“Eso es lo que más les preocupa a las empresas telefónicas, por eso es que están hablando que se les han cambiado las reglas del juego de la noche a la mañana en el sentido de que ahora tendrán que invertir recursos que no estaban pensando en invertir”.

Reformas, un simple pinino

El CDC sostiene que las modificaciones hechas a la Ley de Telecomunicaciones es una “deuda” que las compañías tienen con los usuarios, y que las empresas tienen la obligación de facilitar a los usuarios la portabilidad numérica.

“Es una deuda para los usuarios del servicio de telefonía móvil y fija, las empresas deben facilitar a cualquier usuario que el número que le han asignado lo pueda asumir otra empresa, en otros países (ese beneficio) data de 15 a 10 años, esto no es novedoso”, expresó Trejo.

Agregó que la Ley de Telecomunicaciones lo que en verdad necesita es una “reforma integral del texto normativo”, debido a que esta ha obedecido a “una lógica contraria a lo que es un servicio público que debe ser fiscalizado por la entidad estatal competente”.

Por eso el CDC considera que estas reformas lo único que hacen es “subsanar las deudas históricas al servicio”.

También Trejo consideró que es importante revisar las atribuciones de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), y quienes la dirigen.

“Porque en la junta de directores solamente hay representación de empresas privadas y solamente son empresas privadas las que fiscalizan, la SIGET no tiene una representatividad”, señaló.

“Entonces hay que revisar todo el marco normativo vinculado a la prestación del servicio de forma integral y en profundidad”, recalcó Trejo.

Ahora sólo habrá que esperar qué sucede con la propuesta presidencial, si camina o no en el Parlamento.