Gobierno expulsa de comisión gubernamental a sacerdote que leyó comunicado de pandillas
ContraPunto 09-Septiembre-2010

Leer un comunicado, rubricado por las pandillas MS 13 y mara 18, le costó al sacerdote de origen español, Antonio Rodríguez López, su expulsión de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas de Desaparecidas del Conflicto Armado.

Así lo confirmó el gobierno el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, quien anunció este día que el religioso entró en un proceso de destitución por órdenes del presidente Mauricio Funes.

“Por instrucción del señor presidente, hemos iniciado el proceso de destitución, por tener (el sacerdote) conflicto de intereses”, dijo Martínez.

El canciller dijo que, por ese conflicto de intereses, el sacerdote pudiera tener acceso a documentos de inteligencia que terminaran en otras manos.

“No podemos permitir que esta persona que tenga confusión de roles, tenga acceso a esta información”, dijo.

El sacerdote leyó la noche del martes en televisión local, un comunicado presuntamente redactado por las dos principales pandillas del país, que ahora tiene sumida a la población en miedo e incertidumbre tras haber decretado un paro al transporte.

A través del comunicado leído por el religioso, los presuntos pandilleros invitaban al gobierno a iniciar “un proceso transparente de diálogo con el fin de buscar solución al conflicto de la violencia”. Además, los pandilleros pedían al gobierno “vetar la ley de proscripción de pandillas”.

El padre Rodríguez había llegado a la Comisión, de la cual ha sido hoy despedido, a partir de una propuesta de la Asociación de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, conocida como Pro-Búsqueda.


Miedo en el purgatorio

ContraPunto conversó telefónicamente, este jueves, con el padre Antonio Rodríguez López. Afirmó que, a raíz de la polémica desatada con la lectura del comunicado, ya tenía lista su carta de renuncia, pero no pudo entregarla al presidente.

“Tenía mi carta de renuncia hecha desde la mañana pero no pude socializarla porque he estado cinco horas metido en la Fiscalía”, dijo.

El interrogatorio en la Fiscalía General de la República ha sido intenso. Rodríguez López afirma que lo están investigando como “testigo del comunicado”. Las autoridades quieren determinar de dónde provino, para qué y el paradero de los autores.

“No me atribuyen la autoría, de momento no se han atrevido, aunque habían preguntas muy tendenciosas”, afirmó a ContraPunto el sacerdote.

Rodríguez López ve prematura la decisión del gobierno de expulsarlo de la Comisión, de hecho opina que no tendría que haber sido este quien tomara la decisión, sino las víctimas de la entidad que fue expulsado.

“A quien se deben los comisionados son a las víctimas y a mí me habían puesto las víctimas, por lo tanto, quien me tuvo que haber destituido son las víctimas. (…) esta situación que se me ha generado ha sido por hacer posible la paz en este país y que no genere esta violencia, más víctimas”, dijo.

La actitud del religioso, de leer el comunicado, le generó críticas férreas, hasta hubo diputados de derecha que pidieron su expulsión del país.

“Temo por mi seguridad, no tengo seguridad. Todavía no me ha llamado el gobierno para ofrecerme seguridad. Y sí, hay un temor”, acotó.

El obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, también miembro de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas de Desaparecidas del Conflicto Armado, cree que el actuar del sacerdote fue apresurado.

“Hay que valorar si fue una buena decisión el dar a conocer un documento sin antes dialogarlo con gente del gobierno. Yo habría hecho de distinta manera porque ya me ha tocado otras veces servir de puente en situaciones difíciles”, acotó Rosa Chávez.

Antonio Rodríguez López ha trabajado desde hace una década con jóvenes pandilleros. Imprudencia o no, el arzobispo Rosa Chávez tiene una buena idea de las intenciones del religioso.

“El ha estado muy activo buscando soluciones, incluso arriesgándose. Usted sabe que existe el programa de (remoción) de los tatuajes. Él fue el que creó ese programa”.

El canciller Martínez dijo que Pro-Búsqueda puede hacer una nueva propuesta, para que alguien de esa organización llegue a ocupar el puesto del sacerdote.


La renuncia que no llegó a manos del presidente

La directora del Pro-Búsqueda, Ester Alvarenga, al ser consultada por ContraPunto por el proceso de expulsión del religioso, afirmó que no sabía nada, salvo que Rodríguez López le informó que “iba a deponer su puesto para que Pro-Búsqueda pueda proponerle al señor presidente un nuevo candidato”. Algo que no hizo “por la situación difícil en la que se encuentra” y porque “los medios lo han atormentado”.

ContraPunto preguntó a Alvarenga qué pensó cuando vio al padre Rodríguez López leyendo un comunicado el cual lo ponía en el ojo del huracán. Alvarenga afirmó que se “desapegan” de la acción del religioso.

Alvarenga también esgrime el argumento del gobierno, al afirmar que no puede este estar en una dualidad de funciones, por eso, la renuncia o la expulsión “es lo más sano que puede ocurrir en este momento” y “nos apegamos a la decisión que el presidente haya tomado, decisión que le padre había asumido”. Por el momento, Pro-Búsqueda no tiene al sucesor del padre Rodríguez López.

Horas después, la asociación envió su posición oficial y tras estas polémicas, esta entidad afirma que “ la Asociación Pro-Búsqueda le solicitó (al sacerdote) retirarse de la Comisión Nacional de Búsqueda para no empañar la imagen del trabajo que dicha Comisión realizará a favor de la niñez desaparecida”.

El comunicado también avala la posición del gobierno y la ve loable: “Ante la decisión emitida por la Cancillería de la República de destituir al padre Antonio de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños, consideramos que es una medida oportuna, para el buen desempeño de la comisión”.

Funes: “Los que hablan de inseguridad jurídica es porque les estamos tocando sus intereses”
La Página.com 09-Septiembre-2010

El Presidente Funes enfatizó que los sectores que aseguran que la seguridad jurídica del país está en peligro es porque temen perder los privilegios que por décadas les ha permitido monopolizar mercados, evadir impuestos, imponer precios y defender intereses personales y político-partidarios.

El Presidente de la República, Mauricio Funes, hizo un llamado al pueblo salvadoreño a no escuchar los discursos de algunos sectores que hablan en nombre de los empresarios “preocupados” por una supuesta falta de seguridad jurídica, de estabilidad, de certeza, que impulse las inversiones y el crecimiento en el país.

“Esto lo hacen pensando en conservar los privilegios que durante años les ha permitido monopolizar mercados, evadir impuestos e imponer precios… lo hacen entonces defendiendo intereses personales, de grupo y político-partidarios. Defendiendo un estado de cosas que durante décadas les permitió hacer de este país uno de los más injustos del continente y enriquecerse con esa injusticia; en eso piensan cuando hablan de la inseguridad jurídica, esa es la inseguridad que sienten ellos, porque les estamos moviendo el piso”, dijo Funes.

El mandatario contrarresta el argumento de esos sectores diciendo que si no hubiera seguridad jurídica en el país la Banca Internacional y otros gobiernos como Brasil y Estados Unidos no confiarían en El Salvador y no brindarían préstamos ni establecerían convenios crediticios.

“Si el BCIE, el BID, el Banco Mundial no confiaran en el Gobierno tampoco nos otorgarían préstamos, ni autorizarían los créditos que hemos negociado, de igual manera el Fondo Monetario Internacional tampoco nos respaldaría las gestiones crediticias.

"Si el gobierno de Estados Unidos no confiara en este Gobierno y creyera que no estamos mandando señales clara de estabilidad, de certezas jurídicas, no nos hubieran renovado el TPS”, señaló el Presidente.

Funes también se refirió a los señalamientos que el partido ARENA hace en un desplegado que ha publicado en los periódicos, tachando al gobierno de incapaz, respecto a la seguridad en el país y reiteró que los problemas que la derecha heredó a su gobierno no los puede solucionar en 15 meses.

“Hoy aparecen en los periódicos comunicados del partido que nos gobernó durante 20 años y que nos heredó la situación que hoy quiere que nosotros corrijamos en 15 meses. No podemos dejarnos llevar por los falsos debates que solo benefician a quienes quieren crear división y llevar desencanto a los hogares salvadoreños”, manifestó.

Población no cede ante tercer día de paro del transporte
Colatino 09-Septiembre-2010

Miembros de la policía y del ejército brindan seguridad en las terminales y principales calles de San Salvador.

La situación irregular de paro al transporte convocado por pandilleros, continúa por tercer día, lo que no detiene a la población, que en pick ups, microbuses y camiones salió masivamente a trabajar esta mañana por tercer día consecutivo.

El transporte público siguió irregular, pese a los llamados de las autoridades y las garantías para que prestaran el servicio. Muchos empresarios desistieron y continuaron con sus unidades guardadas.

En la Terminal de Oriente, las rutas de buses que laboraron fueron pocas y no con la frecuencia normal. La 113, para Cojutepeque; la 116, que viaja hasta San Vicente; la 121, de San José Guayabal y la 129, a Suchitoto, todas con uno o dos policías o soldados que brindaban seguridad; no obstante, los usuarios tuvieron otras opciones.

Para Chalatenango, microbuses particulares que por $3.00 trasladaban a la gente; un taxi que por $ 15.00 por persona, hacía su recorrido para San Miguel, según el conductor, en cada viaje llevaba a cuatro personas. Asimismo, la Policía Nacional Civil (PNC) puso a disposición de la gente que se trasladaba a ese departamento de Oriente, un autobús de la institución. El servicio era gratuito.

Un taxista, que tiene su punto habitual en la citada terminal, se quejó porque sus viajes disminuyeron sensiblemente por el paro. “Aquí siempre hago entre 10 y 12 viajes diarios, ayer sólo hice uno, si no mejora en la mañana me voy a ir a mi casa”, expresó.

Algunas rutas de buses urbanas prestaban su servicio como la B, la 4, la 42-A, 52, la 101. Un directivo de una cooperativa de microbuses del sector de San Jacinto dijo que mañana prestarán su servicio con normalidad, pese a que la PNC les ofreció seguridad, no quisieron arriesgarse.

“Ahora nos pueden dar seguridad, pero cuando pase el paro no va a ir ningún policía con nosotros y pueden tomar represalias”, dijo.

Varias alcaldías ofrecieron transporte gratuito a los habitantes de sus municipios, entre estas: la de Cuscatancingo, Soyapango, San Salvador y Ayutuxtepeque. “Si la gente quiere trabajar, la vamos a apoyar”, esta fue la posición del Síndico Municipal de la Alcaldía de Cuscatancingo.

PNC verifica flujo de transporte

El subdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, salió esta mañana a recorrer algunas de las principales terminales del país para verificar el flujo del transporte colectivo y constatar los mecanismos de seguridad implementados desde la tarde del pasado lunes,

El titular detalló que las rutas de las zonas de Mejicanos, Soyapango e Ilopango siguen prestando un servicio irregular, a pesar de los dispositivos de seguridad que se han montado de forma conjunta con el ejército y elementos policiales.

Ramírez Landaverde aseguró que desde el pasado lunes, las instituciones de seguridad ofrecen y garantizan seguridad en las carreteras, terminales, paradas de autobuses y en el interior de las unidades.

Reveló que en Soyapango algunas rutas deciden salir, pero sólo realizan un viaje y luego guardan las unidades, lo que genera problemas con los usuarios, porque se deja de enviar transporte del gobierno porque se cree que se ha normalizado y al final deciden siempre no salir.

Los transportistas han decidido no salir a trabajar ante los “rumores” de atentados y quema de unidades, pero hasta hoy, la PNC sólo confirma cinco hechos de violencia que podrían tener relación con esta situación. El más reciente se registró ayer, en horas de la noche, en San Martín, cuando desconocidos atacaron una unidad. El hecho no dejó víctimas mortales y según el Subdirector se investiga si ese atentado es parte de las “supuestas amenazas”.

“Han existido hechos, pero podemos decir que son de forma aislada y a los que están detrás de esto los hemos capturado”, argumentó. El titular espera que para mañana los transportistas reanuden las labores de forma completa y explicó que el personal policial esta trabajando casi en su totalidad, incluso argumentó que estudiantes de la Academia Nacional de Seguridad Pública están colaborando.

Capturan 50 pandilleros involucrados en campaña de miedo

La PNC capturó, en menos de 48 horas, a cincuenta pandilleros, quienes estarían involucrados en la campaña de miedo hacia la población.

El Director de la corporación policial, Carlos Ascencio, explicó que la mayoría de detenciones fueron en flagrancia, cuando los pandilleros repartían panfletos con amenazas de muerte en contra de propietarios de negocios y viviendas de diversas zonas.

Asimismo, la PNC capturó a los pandilleros acusados de quemar el microbús placas MB-3133, de la ruta 12 A, en el municipio de Chalchuapa.

Los detenidos serán acusados por los delitos de actos de terrorismo, daños agravados, agrupaciones ilícitas, homicidio en grado tentativa, así como, portación y tenencia ilegal de armas de fuego.

Las autoridades policiales informaron que del total de pandilleros capturados, hubo varios menores de edad, pero no los presentaron por cumplir con los procesos jurídicos.

El director policial no descarta que haya más sectores involucrados en la campaña que calificó de “terror” hacia los salvadoreños.

A pesar de los mensajes enviados por los supuestos pandilleros, Ascencio afirmó que a medida que transcurren las horas, el paro del transporte colectivo se redujo en un 40%.

“Estamos en régimen de disponibilidad. Todos los policías con licencia están incorporados al trabajo de seguridad ciudadana”, confirmó Ascencio.

PDDH llama a la tranquilidad ciudadana

En tanto, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones, Salvador Menéndez Leal, instó ayer a que la población asuma una actitud de tranquilidad y de normalidad ante la situación de incertidumbre que actualmente vive el país.

Según la PDDH, ese “clima de incertidumbre”, que se vive desde el martes, “respondería a los intereses de sectores y fuerzas interesadas en desestabilizar y en provocar un ambiente de tensión”.

Llamó a la ciudadanía a no dar paso a informaciones o versiones infundadas “que solamente tienen el propósito de desestabilizar y generar alarma social”.

El funcionario aseguró que monitorean constantemente los procedimientos policiales y de la Fuerza Armada, para garantizar que estén apegados a la ley y se respeten los Derechos Humanos.

Menéndez Leal expuso que la decisión de dialogar o no con las pandillas es una medida que le corresponde al Gobierno. Pero, en todo caso, la institución puede servir de facilitadora de un posible diálogo. “Los distintos sectores y fuerzas sociales y políticas de El Salvador, tienen que dar un voto de confianza a las autoridades”, aseguró.

FMLN: hay interés de desestabilizar al gobierno

La bancada de gobierno fijó su posición en torno a la crisis generada por las pandillas que han provocado un paro al transporte público y el cierre de establecimientos comerciales, asegurando que la misma es una reacción de la delincuencia ante «los exitosos» planes de seguridad que desarrollan las autoridades. Al tiempo que creen que esto es parte de una acción desestabilizar al gobierno.

Medardo González, Coordinador General y Jefe de la bancada legislativa del FMLN, pidió a los salvadoreños no intimidarse ante las amenazas de la delincuencia organizada y «grupos desestabilizadores» que según él están reaccionando ante las políticas y combate de la delincuencia que está desarrollando la PNC y la Fuerza Armada.

El FMLN, además, instó a los medios de comunicación a no promover la violencia o dar espacio a grupos delincuenciales, que fomenten lo que ellos denominan «rumores amplificados en los medios». Así lo acotó la diputada Norma Guevara, sub jefa de la bancada de izquierda.

El FMLN reaccionó con respecto al comunicado firmado por supuestos miembros de pandillas, que ayer por la tarde se dio a conocer, que «si eso fuera verdadero, en el sentido de que lo elaboraron jefes pandilleros… como FMLN creemos que no puede haber una negociación, no puede ser así».

Los pandilleros han pedido, entre otras cosas, que se vete la recién aprobada Ley antipandillas. El FMLN considera que esto no puede ser, y la misma debe ser aplicada pronto. Al tiempo que reiteró que hay un interés de sectores por tratar de generar incertidumbre en la gente y desestabilizar al gobierno.

El efemelenista insistió en que la reacción de la delincuencia, es ante el accionar de los planes de seguridad que ahora están sintiendo los delincuentes, “por eso han reaccionado así”, reiteró.

Todos defienden la Ley

Todos los partidos representados en el congreso, defendieron la Ley Antipandilla, aprobada la semana pasada, y pidieron al gobierno no negociar nada con las pandillas.

Ernesto Angulo, diputado de ARENA, comentó que “…no creemos necesario, ni prudente sentar mesas con delincuentes” y reclamó a las autoridades la pasividad ante el accionar de la delincuencia en el país.

“El Estado debe garantizar la seguridad a la población… se han convertido en un estado reaccionario… le pido al Gobierno que piense en el pueblo, que cambie gente de seguridad, y que presente planes concretos de seguridad”, agregó el diputado Angulo.

Mientras que el diputado Nelson Guardado, de GANA, dijo que en esta oportunidad y concretamente en la lectura de un comunicado de supuestos miembros de pandillas, debe ser investigado por la inteligencia del Estado. “Debe trabajar más arduamente y poner esfuerzos y ver quien está detrás de todo esto”.

Sin descartar que sea investigado el padre Antonio Rodríguez, a quien han nombrado los pandilleros como vocero en esta crisis. El religioso anteriormente ha trabajado con jóvenes de comunidades vulnerables a la delincuencia, y además ha sido un crítico de los planes “mano dura” y “super mano dura”, así como la recién aprobada Ley Antipandillas, por considerar que la represión no es la solución al problema de la violencia.

Guillermo Gallegos, también de GANA, ha dicho al respecto que: “Yo le pediría a la policía a que investigue a este supuesto portavoz (supuesto sacerdote católico). No se puede darle credibilidad a esta persona”.

El diputado Douglas Avilés, del CD expresó que “es lógico el ambiente de pánico entre la gente, producto de altos niveles de inseguridad que viene desde hace varios años, generan ese tipo de reacción de la ciudadanía y que paralizan sus actividades. Pero hay reacciones de gremiales que imposibilitan que la vida continúe de manera normal, y por eso la ciudadanía comienza a claudicar…”.

Soluciones y pérdidas económicas

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) exigió nuevamente soluciones definitivas al Gobierno ante la criminalidad y violencia, así como un plan integral de seguridad ciudadana.

El gremio empresarial cree que la reacción de las autoridades ha sido más reactiva que preventiva “y la situación parece salirse de control”.

Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria reporta pérdidas millonarias debido al paro del transporte colectivo.

La Cámara estimó que durante el primer día de paro, entre el 50% y 60% de las actividades económicas se vieron afectadas, especialmente en los departamentos de Santa Ana, San Miguel y La Unión.

“Aunque resulta aún muy difícil determinar las pérdidas reales que la amenaza delincuencial ha provocado, voceros de la gremial consideran que se puede establecer un parámetro para calcular el daño económico que los delincuentes han ocasionado al país”, indicó la Cámara de Comercio.

Disminuye asistencia a centros escolares

El temor generado por la amenaza de supuestos pandilleros de atentar contra los transportistas, invadió también al sector educativo, ya que muchos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a la escuela. En municipios como Soyapango y San Martín fueron los directores de los centros educativos los que decidieron cerrar los centros escolares, para evitar que sus alumnos tuvieran que desplazarse y correr algún tipo de riesgo.

Una situación similar sucedió en Ciudad Delgado, donde los directores de los centros educativos, por motivos de seguridad despacharon a sus alumnos a las diez de la mañana.

Según lo comentado por maestros y directores de las escuelas, en los mencionados municipios se percibió una disminución de entre 30% y 40% de alumnos, además de la inasistencia de algunos maestros.

Otra de las razones por las que aumentó la inasistencia de los alumnos es que algunos conductores de transporte escolar, decidieron no trabajar por el miedo a sufrir algún tipo de ataque.

Por lo mismo, el vicepresidente de la República y Ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, hizo un llamado a la población a mantener la calma después de la quema del microbús de la ruta 29 que motivó el paro del transporte colectivo.

El funcionario aprovechó para hacer un llamado a los transportistas para que “no hagan caso de las amenazas” de los supuestos líderes de pandillas, ya que éstos únicamente buscan desestabilizar al país.

Además, el ministro aseguró que la PNC y la Fuerza Armada, han doblado los esfuerzos y han incrementado los patrullajes con el fin de brindar mayor seguridad a la población.

Aunque el incremento de miembros de la PNC y del Ejército es notorio, en algunos de los centros educativos se decidió mantener las medidas antes mencionadas y normalizar las clases hasta que la situación se haya normalizado.