Presidente Rafael Correa fue rescatado de Hospital de la Policía, llega sano y salvo al Palacio de Carondelet
Aporrea.org 30-Septiembre-2010

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha salido a las 9:25 p.m tras 10 horas y media de su secuestro en el Hospital de la Policía Nacional en Quito, en medio de operativo de seguridad realizado por los militares del ejército ecuatoriano, que tuvo que rescatar al mandatario en condición muy difícil.

El Presidente Correa, salió del hospital escoltado por su guardia personal, tras un enfrentamiento violento de los militares contra policías sublevados, que inició a las 8:46 p.m y duró hasta las 9:25 p.m algo más de unos

El vehículo del mandatario fue permitido salir en un convoy de varios carros con elementos militares, que pudieron abandonar el hospital luego del desalojo que se tuvo que hacer a los uniformados rebeldes que actuaron contra el Presidente Rafael Correa.

El Presidente abandonó el lugar en una silla de ruedas, con una máscara antigas, en vista de la gran cantidad de gases lanzados por los policías sublevados.

El mandatario está rodeado de algunos miembros de su gabinete y los miembros de las tropas leales al primer mandatario.

El operativo combinado fue entre miembros del GIR, el GOE y los Militares de las Fuerzas Especiales del Ejército.

El Presidente de Ecuador ha soportado este día una sublevación de la policía nacional, en contra de su gobierno y el orden establecido por haber pretendido legislar para igualar los salarios y beneficios de los servidores público.

Luego de un intenso operativo militar, que incluyó un enfrentamiento a bala con los policías insurrectos en los esteriores del Hospital de la Policía, el presidente de la República Rafael Correa fue rescatado del secuestro al que fue sometido por los policías levantados, y en un vehículo, fue trasladado hasta el Palacio de Gobierno.

Allí fue recibido por una gran multitud de ciudadanos que lo aguardaba en la Plaza Grande, mientras que en los balcones de Carondelet, funcionarios de Gobierno agitaban banderas en señal de saludo para con el Jefe de Estado.
Crisis en Ecuador: Presidente Correa evalúa disolver la Asamblea Nacional
La Página 30-Septiembre-2010

"Muerte cruzada", que faculta al presidente para tomar estas medidas ante graves crisis políticas. Informa BBC de Londres.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, evalúa este jueves la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones generales anticipadas, luego de un conflicto interno dentro de su bloque político, dijo a la prensa local la ministra de política Doris Solís.

La Asamblea, de mayoría oficialista, ha frenado la expedición de leyes clave para el proyecto socialista de Correa.

El presidente podría disolver el órgano legislativo amparado en un mecanismo constitucional llamado "muerte cruzada", que faculta al presidente para tomar estas medidas ante graves crisis políticas.

La ministra subrayó que aún no se ha tomado una decisión.

Si quiere maten al presidente

Miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana tomaron hoy por la mañana el aeropuerto de Quito en rechazo a medidas del gobierno que, afirman, afectan varios de sus beneficios.

Unos 150 aviadores tomaron la pista del aeropuerto, ante lo cual debieron ser suspendidas las operaciones aéreas cerca de las 9.30 locales, confirmaron autoridades de la terminal aérea.


En las instalaciones tampoco se encuentran miembros de la policía, que realizan un reclamo por ascensos, bonos y condecoraciones que supuestamente serán eliminadas de la Ley de Servicio Público.

En tanto, el presidente Rafael Correa se presentó hoy por sorpresa en las instalaciones del principal cuartel de la capital, donde se concentran los policías que protestan desde horas de la mañana, afirmó que no dará "ni un paso atrás" en su política y los desafió a matarlo "si tienen valor" para hacerlo.

"Si quieren matar al presidente, aquí está, mátenlo si les da la gana, mátenlo si quieren pues, mátenlo si tienen valor", afirmó Correa, quien reiteró que no dará "ni un paso atrás" en su política para los servidores públicos.

El mandatario, que habló desde un segundo piso de las instalaciones, aflojó su corbata y abrió su camisa al desafiar a los manifestantes a matarlo.

"Parte de la policía nacional ha hecho estos desmanes, bastión de la patria, jamás me esperé de una de las instituciones que más hemos apoyado", aseguró Correa micrófono en mano y en medio de abucheos de los policías.
ARENA desiste de ir a Cuba y no darán los votos por convenio de Salud y ese país
La Página 30-Septiembre-2010

El Domingo tienen la asamblea general del partido y para ARENA esa actividad es más importante que viajar a Cuba

Ningún diputado o dirigente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) irá a Cuba con el presidente Mauricio Funes, porque este próximo domingo tienen la Asamblea General del partido.

Así lo informó esta mañana el presidente del COENA, Alfredo Cristiani, quien señaló que para el partido es más importante la Asamblea que el viaje a Cuba.

Antes Cristiani había dicho que cada diputado podía decidir si iba atendiendo la invitación del Gobierno; sin embargo, debido a la actividad partidaria, se tomó la decisión de que ninguno vaya.

Las declaraciones las dio el mandatario tras reunirse en privado con el secretario general del PDC, el diputado Rodolfo Parker, con quien discutió sobre la el convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador y el Ministerio de Salud Pública de Cuba.

No votarán por convenio

Cristiani aseguró que ARENA no votaría por ratificar ese convenio y pidió al PDC que evalúen detenidamente el mismo, pues debe de asegurarse que no se traerán médicos que desplacen a los salvadoreños.

Según Cristiani es preocupante que se le dé prioridad de empleo a personas extranjeras antes que a los salvadoreños, además mencionan que les preocupa que el convenio se firmó el 9 de julio sin la ratificación de los diputados y sin dejar claros muchos de los compromisos que ha adquirido El Salvador.

La diputada arenera Margarita de Escobar había dicho el martes pasado que la población salvadoreña debe saber que a cambio de la asesoría que brindaran los delegados extranjeros el Estado salvadoreño deberá cubrir todos los gastos de estadía, vivienda, viajes y asistencia médica.

“No es porque se trata de un convenio con Cuba, no es por razones ideológicas que no votaremos, es porque no hay clausulas que dejen claro el papel de cada una de las partes del convenio”, dijo de Escobar.
Recurso de inconstitucionalidad para despenalizar aborto terapéutico
Contrapunto 30-Septiembre-2010

La propuesta pretende la adecuación de la legislación salvadoreña a la de la mayoría de países del entorno, con el reconocimiento de ciertas excepciones para la interrupción del embarazo.

En el marco del Día Latinoamericano de la Despenalización del Aborto, celebrado el 28 de septiembre, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico (ACDAT) presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que cuestiona la validez de acuerdo a la Carta Magna del artículo del Código Penal que castiga toda interrupción del embarazo.

La propuesta pide que se revise esa legislación para aplicar algunas excepciones, tal como está vigente en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas y como han recomendado al Estado salvadoreño distintos organismos internacionales de derechos humanos.

El Salvador es uno de los cuatro países latinoamericanos que mantiene en su legislación la prohibición total del aborto. Está en esa lista desde que en 1997 se eliminara del Código Penal el artículo que establecía tres formas de aborto no punible: el terapéutico, el ético y el eugenésico, y se acuñó el artículo 133, mismo que hoy tiene vigencia y penaliza cualquier tipo de interrupción del embarazo.

Después, en febrero de 1999, la Asamblea Legislativa ratificó por mayoría cualificada una reforma de la Constitución de la República, incorporando a su Artículo 1 la acotación que se considera persona a todo ser humano “desde el momento de la concepción”, es decir, desde que un espermatozoide toma contacto con un óvulo dentro del cuerpo de una mujer.

Con este remiendo a la Carta Magna, se blindaba la legislación nacional contra cualquier pretensión de volver atrás y despenalizar aquellas excepciones.

No obstante, ACDAT y otras organizaciones que secundan la iniciativa aducen que, amparado en ese artículo 133 del Código Penal, el sistema judicial está penalizando de forma desproporcionada a mujeres por el mero hecho de serlo.

En concreto, explica el abogado miembro de ACDAT, Víctor Hugo Mata, “el motivo (de la presentación del recurso en la CSJ) es la desproporcionalidad en la restricción de los derechos de la mujer que supone ese artículo del Código Penal, el 133, y la violación al principio de igualdad que establece el artículo 3 de la Constitución”.

Entre otras cuestiones, explica Mata, la argumentación del recurso invoca una jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en su informe de 2003 sobre el cumplimiento del pacto internacional de derechos civiles y políticos en El Salvador recomendó claramente revisar la legislación sobre prohibición absoluta del aborto porque pone en peligro la vida de la mujer.


Del aborto al homicidio agravado

El Artículo 133 del Código Penal establece una pena de 8 años de cárcel para una mujer que haya cometido el delito de “aborto consentido y propio”.

Sin embargo, expone la miembra de ACDAT y de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Morena Herrera, el ministerio fiscal suele añadir a esa acusación la de homicidio agravado, “es decir, de atentar contra la vida de su hijo”, con lo que se aumenta la pena hasta los 30 años de privación de libertad.

La organización documentó el caso de una mujer fue condenada a esa abultada pena tras haber tenido un aborto involuntario. Cuando profundizaron en las pruebas presentadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y admitidas por el juez en su momento, dice Herrera, comprobaron que éstas no se sustentaban.

La mujer había pasado en prisión siete años y medio. Salió libre. Su caso fue incorporado a un trabajo periodístico de una revista del New York Times cuyo responsable perdió su empleo. Se titulaba “Bienvenidos a El Salvador, el Estado Anti Aborto”.

En otro caso, una mujer estaba condenada a 30 años y se comprobó que en el informe forense ni siquiera estaba confirmada la causa de la muerte de la criatura. A la mujer, que llevaba presa cuatro años, le conmutaron su pena a otra de tres años.

En un tercer caso, cuenta Morena Herrera, la familia de una joven de 18 años les buscó y la organización acompañó el proceso logrando la libertad para la joven, a la que la fiscalía ya había acusado por aborto y por homicidio agravado.

Para Herrera, hay un “problema de acceso a la justicia”. Estas mujeres, en muchos casos no encuentran los recursos o la ayuda para tener una defensa legal efectiva. Y en cuanto la consiguen, sus procesos cambian de rumbo.

A día de hoy, dice la feminista, están acompañando el caso de una mujer que está dentro del proceso judicial y revisando otro de una mujer condenada a ocho años y otros cuatro casos de mujeres condenadas a 30 años por homicidio agravado.


No es un recurso para legalizar el aborto

Según explica Víctor Hugo Mata, la presentación del recurso no busca la legalizar el aborto libre, ni nada que se le parezca.

“Nadie quiere el aborto”, dice Morena Herrera, que sin embargo defiende que es necesario que se regulen ciertas excepciones.

“Como el caso que tuvimos en Suchitoto, de una niña de 15 años con un embarazo anencefálico, que le obligaron a llevarlo hasta el octavo mes que la criatura murió. Una muchachita de 15 años embarazada tuvo que aguantar ocho meses ese embarazo a pesar de que desde el segundo mes ya se sabía que era un embarazo anencefálico, ya se sabía que no iba a vivir la criatura”, ejemplifica Herrera.

Por tanto, el recurso tiene como objetivo, según explica Mata, que la legislación vigente se suavice y adapte a la realidad.

“Lo que estamos combatiendo es la forma desproporcionada con que el legislador, es decir la Asamblea, ha actuado en este caso. Todos tenemos derechos y a todos se nos pueden restringir, pero esa restricción tiene que ser proporcionada y razonada”, expone el abogado.

Mata explica que la Sala de lo Constitucional de la CSJ deberá ahora decidir si admite el recurso y después considerarlo, pero que la composición de la misma les da algunas esperanzas porque, dice, al menos tres de sus miembros “son gente formada en derechos humanos”.