Diputados salvadoreños asesinados por llevar dinero y drogaContrapunto 15-Noviembre-2010
Según investigadores internacionales, los diputados salvadoreños del PARLACEN fueron asesinados para “tumbarles” de 5 millones y 20 kilos de cocaína, crimen en el que estarían involucrados ex altos funcionarios de la seguridad
Una exhaustiva investigación realizada por una misión especial de investigadores extranjeros y contratados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por las Naciones Unidas (ONU), determinó que los tres diputados salvadoreños asesinados en febrero de 2007, en la capital jguatemalteca, fueron ultimados porque uno de ellos llevaba consigo cinco millones de dólares, y quienes los masacraron pertenecían a una red criminal dirigida por altas autoridades de Seguridad Pública de aquel país centroamericanos.
La investigación logró descubrir que los tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Ramón González, Eduardo d’Aubuisson, William Pichinte, y el chofer Gerardo Ramírez, fueron asesinados para robarles los cinco millones de dólares que llevaban y porque sospechaban que en el vehículo del ex diputado Pichinte llevaban 20 kilos de cocaína.
Los tres diputados, y el chofer que conducía la Land Cruiser, propiedad de Pichinte, fueron asesinados brutalmente el 17 de febrero de 2007. Los tres parlamentarios que pertenecían al partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), junto a su chofer, fueron acribillados a balazos y posteriormente incinerados en la finca “La Parga”, localizada en el kilómetro 25 de la carretera hacia El Salvador.
Los datos de las indagaciones realizadas por un ex juez antimafias de Italia, una ex-fiscal costarricense, un investigador español y una abogada suiza, un criminólogo y un policía chileno, entre otros, fueron publicados este lunes en El Salvador a través del periódico matutino “Diario El Mundo”.
Los $5 millones que eran transportados en dos valijas negras se los atribuyen a Pichinte. Incluso, el mismo Rodrigo Ávila, ex director de la Policía Nacional Civil (PNC) y candidato a la presidencia en las elecciones de 2009 por el partido ARENA, reconoció al periódico local que “Pichinte llevaba dinero”.
“Supuestamente iba a comprar unas propiedades en Guatemala. Él estaba haciendo negocios en ese país. Él llevaba un ataché pero no sé cuánto dinero llevaba”, dijo en declaraciones al medio local.
Al diputado Sigfrido Reyes, del Frente Farabundo Martí par la Liberación Nacional (FMLN), le resulta difícil “aceptar” como legal la versión expuesta por Ávila, ya que existen mecanismos para hacer transacciones con montos grandes de dinero. En una regla internacional que el transporte de montos mayores de 10 mil dólares, deben ser declarados en las aduanas.
“La verdad que las transacciones lícitas se hacen a través del sistema financiero y aquí hay bancos de Guatemala, hay bancos salvadoreños en Guatemala, propiamente creo que mover dinero no es ningún inconveniente haciéndolo bajo todos los requisitos que la ley establece, lo demás entra en un esquema delictivo”, dijo Reyes a ContraPunto.
“Francamente estoy sorprendido de que un ex jefe de la Policía Nacional Civil pueda decir ese tipo de cosas con tanta ligereza; nadie mueve $5 millones de un país a otro para comprar propiedades en un compartimiento secreto de un vehículo”, agregó efemelenista.
Por otro lado, Manuel Melgar, ministro de Justicia y Seguridad Pública dijo a ContraPunto que “es una declaración que él tendrá que explicarla, yo no estoy ni he estado en su responsabilidad, si él tiene información debería de darla a las autoridades competentes”.
“No sé por qué hasta ahora dice eso, si eso se sabía desde un principio debieron haberlo dicho. Pero él sabrá porqué no lo dijo, habrá que preguntárselo a él. Y bueno a partir de ahí debería de profundizarse en investigación sobre el tema en El Salvador”, dijo el diputado del PARLACEN, Jorge Villacorta.
Por su parte Melgar expresó que no tiene conocimiento sobre si en estos momentos se ha iniciado “alguna investigación -en El Salvador- porque el hecho sucedió en Guatemala, está en manos de las autoridades guatemaltecas, serán ellas las que van a determinar qué se hace. No tengo conocimiento y no sé si procederá o no”.
La CICIG sostiene también que en el homicidio de los diputados participaron altas esferas de las autoridades guatemaltecas, no sólo los cuatro policías que fueron capturados y posteriormente asesinados por supuestos pandilleros –el 25 de febrero de 2007 - al interior del penal de máxima seguridad El Boquerón, a 66 kilómetros de la capital guatemalteca. Posteriormente los pandilleros fueron absueltos porque no había pruebas en su contra.
Las indagaciones de los investigadores de la CICIG los llevaron a concluir que el ex ministro de Gobernación, Carlos Vielman; el ex jefe de la policía, Edwin Sperissen y el investigador venezolano, Victor Rivera -ya fallecido y conocido como Zacarías-, fueron parte de la estructura criminal que asesinó a los diputados y cometió otros graves delitos.
Investigación bloqueada y suspendida
“Las referencias al dinero obligaban a prolongar las investigaciones hacia El Salvador, principalmente por los testimonios que recibieron que fijaban las miradas en Pichinte y sus negocios”, detalló la fiscal costarricense Gisele Rivera, en declaraciones a Diario El Mundo.
De acuerdo a las investigaciones realizada por los 13 expertos internacionales “en El Salvador se encontraban muchas de las claves para descifrar el asesinato de los tres parlamentarios y su chofer”, indica el reportaje. Aunque señala que fueron desautorizados por el entonces director de la CICIG, Carlos Castresana.
Según relata el reportaje del medio local las investigaciones de la CICIG fueron suspendidas por un "arreglo" entre Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de Guatemala.
El asesinato de los parlamentarios sigue causando revuelo en el país, pues los ex parlamentarios pertenecían al partido que gobernó durante 20 años El Salvador; además entre los muertos estaba Eduardo d’Aubuisson, hijo menor del ya fallecido fundador de ARENA, Roberto d’Abuisson, a quien se le atribuye el asesinato del arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en marzo de 1980.
ARENA reiteradamente ha descartado que los diputados asesinados estaban involucrados en algo ilícito, como transporte de dinero o drogas; más bien apuntan que la masacre se debió a una venganza política. Pero la publicación de estas indagaciones dicen lo contrario.
ContraPunto intentó conocer la posición del partido ARENA con relación a lo que ventiló este lunes en el medio local, pero aseguraron que sólo Roberto d’Aubuisson hijo, actual diputado de la Asamblea Legislativa podía dar declaraciones al respecto. Se intentó hablar con él pero no fue imposible.
Por su parte, Reyes señaló que los resultados arrojados por la CICIG son dignos de tomarse muy en cuenta. “Porque no creo que la CICIG tenga interés en favorecer o perjudicar a nadie en particular; y creo que estamos ante un hecho que por su connotación y las derivaciones que tuvo posteriormente nos indica que ahí no se dio un simple asesinato, sino más bien implicaciones hacia modalidades de crimen organizado a gran escala”.
También sostuvo que no se puede culpar a todas las víctimas de lo que pasó ese 17 febrero, cuando fueron acribillados y calcinados, por un grupo de policías con la finalidad de robarles o “tumbarles” los $5 millones y supuestamente 20 kilos de cocaína.
“Creo que son las investigaciones las que finalmente puedan establecer responsabilidades reales de algunas de las víctimas. Algunos pudieron verse involucrados en algo que no estaban concientes de lo que estaba sucediendo”, detalló Reyes.
Por su parte, Villacorta al cuestionarle sobre lo negativo que podría ser para el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la posible implicación de Pichinte en negocios sucios expresó que eso es “responsabilidad de la persona, no del cargo”.
“Y bueno en el Parlamento Centroamericano no existe la impunidad, cualquier caso que se presente, y ya se han presentado parlamentarios involucrados en algún ilícito todos han sido trasladados a la justicia común después del proceso de antejuicio que establece la legislación, igual que en cualquier país del mundo”, agregó.
Autoridades esperan que se esclarezca crimen
La fiscal costarricense Gisele Rivera dijo a Diario El Mundo que la investigación se vio entorpecida por el juez español Castresana, antigua director de la CICIG, quién además, no habría permitido que se extendieran las investigaciones hacia El Salvador.
Para los investigadores de la CICIG en El Salvador se encontraban muchas de las claves esclarecer el crimen de los diputados y su conductor.
Para Villacorta ahora más que nunca se debería que aprovechar para esclarecer completamente los hechos. “Se deberían de seguirse las investigaciones hasta el final”.
Para él incluso debería de tomar parte la Fiscalía General de la Republica de El Salvador.
“Nosotros siempre hemos dicho que esperamos que este caso se esclarezca en su plenitud, y también nosotros esperaríamos que se haga justicia contra los responsables de este hecho criminal”, indicó Melgar.
Melgar sostiene que se debería de crear una comisión especial en la Asamblea Legislativa que vea esta problemática, en lugar de estar perdiendo el tiempo en cosas menos importante como crear una comisión para interpelar a la Inspectora de la Policía Nacional Civil (PCN), Zaira Navas, porque supuestamente investiga únicamente a policías que pertenecieron al ejército salvadoreño.
“Debería de formar una comisión” para investigar este problema de “interés nacional, porque lo de Zaira Navas no es de interés nacional”, concluyó.
Las cartas están sobre la mesa, ahora sólo falta esperar qué sucede. “Es una información periodística veremos qué de esto sale en le juicio”, sentenció Villacorta.
