Emigrar de El Salvador: del sueño a la pesadilla
Contrapunto 30-08-10

Exigen al gobierno mejorar las condiciones sociales de la población salvadoreña, así como combatir la violencia local para evitar continuar expulsando a la gente hacia el extranjero

Las tragedias que sufren los inmigrantes salvadoreños en su ruta hacia Estados Unidos en busca del “Sueño Americano”, son cada vez más continuas. La peligrosidad que implica atravesar México se ha vuelto cada vez más una pesadilla.

Si antes eran accidentes en carreteras, asfixias en los camiones de carga, caídas desde el tren y naufragios, en la actualidad se suman cada día más seguido los asaltos, secuestros, extorsiones y crímenes de las bandas armadas. Ni hablar de los actos represivos de las autoridades locales que tratan a los inmigrantes indocumentados como delincuentes, los apresan y los golpean injustamente con impunidad, según denuncias registradas por organismos de derechos humanos de México y de las autoridades consulares salvadoreñas.

Pero lo de Tamaulipas se ha pasado de la raya. El gobierno salvadoreño, en boca del mismo presidente Mauricio Funes, pidió una reunión con su homólogo de México, Felipe Calderón una semana después de conocida la matanza de 72 indocumentados latinoamericanos de Tamaulipas, entre los que se cuentan muchos salvadoreños.

Antes de una carta enviada por Funes a Calderón, la Cancillería reaccionó con firmeza en dos ocasiones en menos de una semana para no solamente lamentar, sino condenar una matanza ocurrida el sábado 21 de agosto en el poblado de San Fernando, en Tamaulipas, México.

“Quiero recalcar que no sólo lamentamos este hecho, sino que también lo condenamos. Le hemos exigido a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva de este hecho para dar con los autores materiales e intelectuales y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley”, aseguró el jueves 26 de agosto pasado el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, al reconocer que entre muertos ya identificados se encuentran preliminarmente 6 salvadoreños que portaban identidad.

Martínez, en conferencia de prensa, se mostró consternado por la matanza. No es la primera que ocurre, pero “nos ha asombrado su magnitud”, acotó.

El funcionario dijo que había que ser sensible con la información que se brinda públicamente y que pueden afectar mucho a los familiares de las víctimas, pero no pudo dejar de reconocer que los datos e imágenes en poder de la cancillería salvadoreña dan cuenta de una “escena dantesca”: atados de pies y manos y con los ojos vendados fue como encontraron las autoridades policiales mexicanas a los masacrados en un apartado rancho de San Fernando, un poblado de apenas mil habitantes.

El Salvador está dispuesto a colaborar con México en las investigaciones para la lucha contra las bandas armadas que en las zonas norte y sur del territorio mexicano se encargan de asaltar a los inmigrantes para robarles, vejarles y en el peor de los casos, como en San Fernando, asesinarles.

Funes en su misiva le dice a Calderón: “Nuestras familias están de luto y asisten impotentes a esta violencia irracional, a la vez que esperan de nuestros gobiernos respuestas efectivas y castigos ejemplares para recuperar la paz en sus corazones. Confío plenamente que su gobierno realizará con éxito las correspondientes investigaciones y dará esas respuestas oportunamente. En ese sentido, cuenta Usted con el modesto apoyo que mi país desea brindarle”.

En El Salvador existe la sospecha, pero de la cual no se tiene certeza, que los traficantes de personas o “coyotes” que se encargan de trasladar a inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos, podrían tener nexos con las bandas de asaltantes y de secuestradores, llámese Los Zeta o de cualquier otra denominación. En estos asaltos también han salido a relucir las llamadas “maras” o pandillas que tienen origen en El Salvador, como la “Mara Salvatrucha” o “Pandilla 18”.

Investigaciones en El Salvador dan cuenta que las “maras” y pandillas tienen nexos con el crimen organizado local y que se dedican a la venta de drogas al menudeo, extorsiones, secuestros, robo de vehículos, tráfico de armas y otros delitos graves. El Fiscal General, Romeo Barahona, ha iniciado una investigación para averiguar de posibles nexos entre los traficantes de personas o “coyotes” y las bandas armadas que asaltan a los indocumentados.


Gestiones del gobierno

Más allá de las declaraciones el gobierno salvadoreña ha movilizado a sus cónsules en el norte de México y del Distrito Federal (DF), para que estén lo más posible cerca de dónde ocurrió la tragedia del 21 de agosto en el poblado de San Fernando.

“Estamos lo más cerca posible del lugar de la tragedia, pero es un lugar muy peligroso. Hay enfrentamientos entre las autoridades mexicanas y los delincuentes. Pero estamos en el luchar de los hechos”, manifestó el viceministro Juan José García. Las autoridades mexicanas en la frontera norte con Estados Unidos han advertido de la peligrosidad para los cónsules salvadoreños.

También a México ha sido desplazado el director de Derechos Humanos de la Cancillería, David Morales, para que colabore con las autoridades mexicanas en la identificación de los salvadoreños muertos, pues se su pone que pueden haber más de 6, que son los hasta ahora identificados.

“No sabemos cuánto tiempo va a durar este proceso. En cancillería hemos dado a conocer dos números telefónicos (503) 22311362 y (503) 22223269, para que los familiares reporten datos, documentos e información de sus parientes que no se han comunicado recientemente y que se tengan sospechas de que pudieran estar desaparecidos.

“Desde que se habilitó el número para brindar información, hemos recibido más de 90 llamadas y varias familias que han llegado personalmente a cancillería a dar o a pedir información. Esto sólo en uno de los dos lugares habilitados”, dijo una funcionaria de “Gestión Humanitaria” de la cancillería.


La tragedia no es nueva

Gilma Pérez, directora y especialista en el tema de Migrantes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) –jesuitas-, aseguró a que el tema de las tragedias ocurridas a migrantes que atraviesan México con la intención de llegar a Estados Unidos, no es una novedad, “pero ciertamente la magnitud de lo que está ocurriendo ahora es grave”.

“Nuestro instituto fue fundado por el padre Segundo Montes y él, como sociólogo investigador, advirtió desde 1986 que el fenómeno de la migración salvadoreña no se acrecentaría en la medida que no se resolvieran temas estructurales en nuestra sociedad”, aseguró Pérez.

“Hoy a los temas de pobreza y exclusión, se suman las necesidades de la reunificación familiar. Muchos de los que están migrando son hijos o nietos de aquellos que ya están en Estados Unidos”, explicó la experta, quien no tiene cifras exactas del fenómeno, pero cuya magnitud se puede apreciar por las deportaciones.

“El año pasado se deportaron a más de 33 mil salvadoreños desde Estados Unidos y México. Se trata en su mayoría de indocumentados. Hasta la mitad del presente año iban más de 17 mil los deportados. Nos dicen que las cifras de deportados por vía terrestre, es decir, de México son la mayoría. Es un flujo imparable. Estos deportados vuelven a hacer el intento en varias ocasiones”, apuntó Pérez.

Gilma Pérez reconoce como “frustrante” la matanza de San Fernando, “porque otro fenómeno que está ocurriendo en El Salvador es que muchos de los actuales inmigrantes están abandonando el país porque se consideran víctimas de la violencia en El Salvador. Familiares que tienen pequeños negocios y son extorsionados, envían a sus hijos al extranjero antes de que los pandilleros cumplan con la sentencia de que serán asesinatos si no pagan sus rentas exigidas”.

Según datos estadísticos ofrecidos por la organización humanitaria mexicana “Sin Fronteras”, en México se está secuestrando a unos mil 600 inmigrantes de diversas nacionales cada mes; los secuestradores piden 2 mil 500 dólares por cada rescate.

Testimonios de familiares de salvadoreños, como “Marta”, indican que su prima “tuvo que pagar unos 10 mil dólares al coyote que la llevó hasta Los Ángeles. El pago se hace primero con una mitad antes de emprender la travesía y luego la otra mitad al llegar al destino”, dijo la joven. El pasaje de su madre lo pagó otra pariente en Estados Unidos, a donde viajar de manera ilegal se ha vuelto muy riesgoso, por el aumento de la criminalidad en México y por el encarecimiento del pago a los coyotes, dado las restricción en territorio estadounidenses a la inmigración ilegal.


Gobierno mexicano cuestionado

Amnistía Internacional, culpó al Gobierno Federal de Felipe Calderón de su “fracaso” en la aplicación de medidas para hacerle frente a la violencia que afecta a los inmigrantes a su paso por territorio mexicano.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, aseguró que “las autoridades mexicanas nos han asegurado que no es política de México la violencia que sufren los inmigrantes”.

“Nuestras relaciones, entre México y El Salvador, se basan en principios de respeto y reciprocidad. Confiamos que las autoridades mexicanas investiguen y lleven a la justicia a los que cometen este tipo de violaciones en contra de los inmigrantes salvadoreños y de otros países”, finalizó Martínez, quien enfatizó que se deben establecer mecanismos conjunto de intercambios de información para enfrentar a las bandas del crimen organizado.

Gilma Pérez no es muy optimista al respecto y propone: “Lo que nuestros gobiernos deben hacer es desestimular la migración, pero creando las condiciones locales para que los jóvenes tengan trabajo y oportunidades, así como combatiendo eficazmente la violencia. Estas son las raíces que debemos echar para dejar de ser uno de los países que más expulsa a sus habitantes al extranjero porque aquí no tienen oportunidad de futuro”.

El Salvador es el país más violento de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de más de 75 por cada 100 mil habitantes, siete veces más de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera epidemia.