Cuando el hambre es más fuerte que la razónContrapunto 10-07-10
Dos menores fallecieron a causa de comer tortillas elaboradas con semillas “mejoradas”, que sirven sólo para la siembra. El gobierno se desentiende, pero el hambre pudo más.
Aquel día, quizá como muchos otros días, la familia Siliézar, residente del Cantón Las Cañas, Soyapango, no tenía nada para comer. El jefe de hogar, José Segundo, decidió que su esposa cocinará un poco del maíz (semilla mejorada) que el gobierno ha donado a campesinos pobres y que sirve sólo para la siembra.
Para la familia Siliézar de nada valió que las autoridades gubernamentales previo a entregar la semilla mejorada – maíz tratado con veneno para que las plagas no dañen el cultivo una vez sembrado- advirtieran que dicho grano no era para el consumo humano. El hambre pudo más que la razón y decidieron consumirlo.
Ante el hambre voraz de sus pequeños, don Segundo, de 60 años de edad, ordenó a su esposa que lavara bien el maíz para quitarle el veneno. Ante esta orden Blanca recordó a su esposo las advertencias que les habían dado cuando les entregaron los granos.
Sin embargo, él insistió hasta que ella accedió a cocinarlo y posteriormente hacer unas tortillas.
El resultado fue dramático y triste: dos menores fallecieron y cinco resultaron intoxicados por haber ingerido tortillas envenenadas.
María Alejandra y su hermano José Isaías, de 10 y 12 años, respectivamente, no resistieron el veneno en su cuerpo; mientras que sus padres y otros hermanos aún están en recuperación.
Este lamentable hecho ha generado consternación en diferentes sectores de la sociedad salvadoreña.
El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Óscar Humberto Luna, señaló que estos hechos no pueden, ni deben ser vistos como un mero accidente. “Tampoco puede responsabilizarse a los padres de los niños por lo ocurrido”, indicó.
Por su parte, Naida Medrano, directora del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), consideró también que esto demuestra la grave problemática de pobreza que tiene el país, y que es necesario realizar políticas encaminadas a solucionar esta situación.
“El eje fundamental tiene que pasar por reconocer que nuestro país tiene grandes niveles de pobreza”, dijo Medrano.
Es importante recordar que el 40% de hogares en este país son pobres, esto según cifras de la Encuesta de Hogares de Propósito Múltiple (EHPM) de 2008.
¿Quién es el culpable?
A pesar que el viceministro Agricultura y Ganadería, Hugo Flores, aseguró que se dio suficiente información sobre que la semilla mejorada no es para consumo humano, para Luna algo falló en el traslado de esa información.
“No puede justificarse el hecho de que en una bolsa o en un paquete se dibuje una pequeña calavera como símbolo de muerte o que diga una frase que ese producto puede ser nocivo para la salud, porque no todas las personas tienen acceso a la lectura, hay muchas personas que no pueden leer”, señaló Luna.
De acuerdo a la más reciente encuesta de la EHPM el 14.1% de la población no puede leer ni escribir en este país centroamericano.
“No debe quedarse como un mero accidente, esto debe de investigarse qué ha pasado con la información, la información debe de ser oportuna, clara, exhaustiva, eficaz para que llegue a todo los sectores de la población”, enfatizó el procurador.
Para Luna es necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los hechos ocurridos para “deducir responsabilidad penal para quienes omitieron el deber de prevenir tales hechos e informar adecuadamente a los beneficiarios del programa semilla mejora”.
María Alejandra y su hermano José Isaías, de 10 y 12 años, respectivamente, no resistieron el veneno en su cuerpo; mientras que sus padres y otros hermanos aún están en recuperación.
Sin embargo, Medrano señaló que el Estado ha informado correctamente, pero no ha garantizado el derecho humano al consumo, o sea que no ha proporcionado las condiciones mínimas para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas.
“El Estado por diferentes medios ha mostrado a la población que es un producto dañino para el consumo. El choque entra cuando las personas hacen prevalecer su necesidad al consumo, es decir, cuando el hambre puede más que la información”, dijo Medrano
Al mismo tiempo destacó que “no se puede entregan indiscriminadamente una semilla envenenada sin prever que el hambre es un motor, a efecto de tener la tentación de consumir la misma”.
A muchos salvadoreños se les dificulta conseguir su sustento diario, debido a que no cuentan con un trabajo, ni siquiera informal.
En este país el 32.1% están subempleados; es el caso de don Segundo, quien ganaba $4 a la semana por llenar camiones de arena. Lo que significa que difícilmente podía alimentar a sus siete hijos, dos de los cuales no resultaron intoxicados.
Demandan acciones más eficaces
Tanto Luna como Medrano piden al gobierno realizar acciones para contrarrestar la situación de pobreza del país, debido a que este es un factor que incide a que situaciones como la de la familia Siliézar se den.
“Deben de entender que hay que unir esfuerzos para combatir directamente la pobreza desde una lógica de desarrollo distinta, y en segundo lugar hay que generar incluso un proceso de cobro de impuestos que permita combatir seriamente la pobreza en donde ellos, empresas trasnacionales, paguen”, dijo Medrano.
La problemática de la pobreza es grave en el país, sólo en el nivel urbano el Mapa de la Pobreza Urbana y la Exclusión Social (MPUES), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destaca que hay 2.508 asentamientos en los que viven más de 2 millones de salvadoreños.
De acuerdo al último censo de población de 2007 en este país hay 5.7 millones de habitantes, lo que significa que más de la mitad de la población urbana del país, vive en asentamientos que no presentan condiciones aceptables de acceso a servicios básicos.
Como es el caso de la familia Siliézar, quienes residen en una zona marginal a la orilla de la línea del tren, en Soyapando. En su hogar, hecho con lodo y barras, únicamente tienen energía eléctrica, pero no cuenta con servicio de agua potable y tubería de aguas negras.
También Medrano señaló que es necesario un replanteamiento de la defensa de derechos donde el consumo se entienda como el acceso y conservación de los recursos básicos para poder tener una vida digna.
También Luna le exigió al presidente, Mauricio Funes, aplicar medidas apropiadas para garantizar el derecho a una alimentación adecuada para los sectores más pobres y desprotegidos de la sociedad.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sostienen que es obligación del Estado velar por la realización del derecho a la alimentación.
