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Una década de dolarización
Contrapunto 03-Enero-2011
Luego de diez años que la divisa estadounidense sustituyera al Colón en El Salvador, el alance de su desempeño es más negativo que alentador
Atrás había quedado el año 2000 con su fantasma del Y2K, aquel supuesto error informático que llegaría con el nuevo milenio, el anunciado caos que tendría el Mundo por la desconfiguración de los sistemas operativos de las computadoras nunca llegó.
En El Salvador el caos sí fue una realidad, llegó un año más tarde, con el primer día del 2001. Su nombre: Ley de Integración Monetaria (LIM) o popularmente conocida como la dolarización.
La moneda nacional: el Colón, fue sustituida gradualmente por los dólares estadounidenses. Diez años han transcurrido desde entonces, el dólar sigue circulando en el país y los colones fueron embodegados, algunos son pieza de colección.
Como en aquella vitrina de una venta de antigüedades en un lujoso centro comercial de la capital en donde se comercia irónicamente un billete de cinco colones por uno de cinco dólares.
Rafael Hernández, tiene once años, cursa sexto grado y nunca vio a los colones circular, su moneda siempre fue el dólar. Cuenta que conoció un billete de colón porque su papá se lo mostró.
El chico nació en 1999, dos años antes de que entrara en vigencia la Ley, pero cuando aprendió a manipular el dinero lo hizo con la divisa estadounidense. En su colegio, en la clase de matemática le enseñaron a intercambiar los billetes verdes americanos y no añora los colones.
“En el colegio nos dijeron que el colón era la moneda antigua, eso”, dijo a ContraPunto.
Dolarización
El dólar comenzó a circular en enero de 2001 y no hubo marcha atrás, pese a las numerosas protestas de organizaciones civiles y los dos terremotos de enero y febrero, que dejaron más de 1.200 fallecidos y serios daños a la economía del país.
Una década después hubo que hacer un análisis de la medida. Uno de los más importantes fue presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el estudio “Efectos de la dolarización oficial en el desempeño macroeconómico de El Salvador”.
El informe señala que la decisión de dolarizar la economía salvadoreña se dio con un antecedente en el que predominaba la liberalización de los años noventa, el incentivo de la inversión en reconstrucción, la apertura financiera y el crecimiento de las exportaciones,
Además, existía un cambio fijo desde 1993, que provocaba una inflación baja, tasa de interés altas y un crecimiento económico “bueno”, pero que se desaceleró a partir de 1996.
El ex presidente Francisco Flores (1999-2004) adoptó la idea de la dolarización, luego de la sugerencia del economista chileno Sebastián Edwards.
Con la dolarización se reduciría el riesgo cambiario, lo que implicaría menores tasas de interés, el despegue de la inversión y las exportaciones tendrían efectos positivos, así mismo habría una reducción de los costos de transacción y se consolidarían las bajas inflaciones.
Para diversos analistas y economistas, los beneficios de la dolarización anunciados con bombo y platillo nunca llegaron. El mismo gobierno del presidente Mauricio Funes ha reconocido el fracaso de la medida, pero aseguró que la mantendrá porque desdolarizar traería daños más serios.
“Capítulo cerrado”, dijo el mandatario y descartó que haya miembros del gabinete económico que deseen regresar al Colón o crear una nueva moneda llamada “Atlacatl”, como llegaron especularon algunos medios.
Sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) Carlos Acevedo sostuvo que el matrimonio entre El Salvador y el dólar “no ha funcionado bien”, pero que el Gobierno buscaba hacerlo funcionar, aunque ellos no hayan decidido casarse con la moneda.
Según su análisis, la dolarización en El Salvador no tuvo buenos resultados porque cuando se implementó el nivel de reservas internacionales netas no eran suficientes, no se solventó el desequilibrio fiscal y tampoco se impulsaron inversiones en el capital humano.
Las críticas contra la dolarización recaen en el encarecimiento del costo de la vida, el aumento en el precio de los bienes y servicios, la pérdida de facultades de emisión de moneda y la pérdida del poder adquisitivo.
En términos macroeconómicos los azotes tienen que ver con el crecimiento del déficit fiscal y de la deuda pública.
Los críticos de la dolarización, sobre todo sectores de izquierda, piden el retorno del colón o medidas alternativas al dólar, mientras que los grupos conservadores del país exigen su continuidad. Hasta el momento no hay discusiones al respecto.
El Salvador no es el único con este debate, el Ecuador también mantiene su economía dolarizada desde hace una década y su aplicación le trajo más problemas que soluciones.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa, economista y miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ha reconocido en la dolarización “la peor cantinflada” económica de su país, pero no la revertirá para evitar daños más serios.
Recuerdos cambiarios
Ana Cecilia Argueta, de 45 años, ama de casa y madre de Rafael, recuerda con comicidad y recelo los primeros días de enero cuando hacer intercambios comerciales en el país era un completo caos.
Rememora aquellos días como con calculadora en mano multiplicaba o dividía, según el caso, entre 8.75 para obtener la cantidad esperada. “Muchas veces me bajaron”, dijo entre sonrisas.
Para ella, la idea de la dolarización en un principio resultó tentadora, entonces recibía remesas desde los Estados Unidos y se evitaba la fatigosa tarea de cambiar la moneda, pero poco a poco se dio cuenta que no trajo ningún beneficio.
“En parte si me pareció, porque pensamos que íbamos a gastar dólares e íbamos a ganar dólares, pero no me pareció cuando vimos que la cosa ya fue diferente, que gastábamos dólares y ganábamos colones, allí ya no me pareció”, expresó.
Oscar Kattán: “La dirección del ISSS es compleja y recibe muchos ataques”
La Página 02-Enero-2011
Para desvirtuar las acusaciones de malversación de fondos que hiciere el partido ARENA, el director del ISSS ha solicitado una auditoría a la Corte de Cuentas
El director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, Oscar Kattán, restó importancia a las acusaciones que hiciera el partido ARENA, en las que lo acusan de malversación de fondos y falta de transparencia.
Kattán considera que la dirección del ISSS es compleja por lo que recibe muchos ataques mediáticos que piden su cabeza.
El titular del ISSS asegura haber cerrado el 2010 con una gestión transparente, ya que se han mantenido los recursos de la institución y esta no ha “sucumbido” a un desequilibrio financiero.
Sin embargo considera que debido a que la institución ha manejado unos fondos de aproximadamente 407 millones de dólares, en ocasiones se ha vuelto vulnerable a los ataques por parte de los detractores, por lo que personalmente solicitó a la Corte de Cuentas agilice el proceso de auditoría para que la población sepa cómo se han manejado dichos recursos.
“Este tipo de declaraciones dañan la autonomía, es un agravio para la institución, afectan a los derecho habientes, la información que han utilizado para difamar se ha descalificado y es por eso que solicité la auditoría de la Corte”, dijo el funcionario.
Además el director explica que producto de la buena gestión que ha realizado el frente del ISSS, es la relación óptima que la institución tiene con los sindicatos de los trabadores y una clara muestra de ello es el aumento salarial de $37.00 que recibirán los empleados a cambio del bono, como acuerdo que se tomo con el sindicato.
En cuanto a los planes para el 2011 que tiene el ISSS, Kattán mencionó entre otros, la incorporación de tecnología para el pago de las planillas desde la página web, esto para evitar que los derecho habientes se sometan a las extensas colas en los días de pago.
Y un objetivo importante que subraya el director es la recuperación de más empleos; según el funcionario hasta la fecha la institución ha logrado recuperar por lo menos 28 plazas de las 38 mil que se perdieron en las gestiones anteriores.
Corte habilita la acusación particular cuando haya inacción o desidia de Fiscalía
El Faro 28-Diciembre-2010
La Sala de lo Constitucional abrió la puerta para que en caso de "inactividad o desidia de la Fiscalía General de la República", las víctimas pueden abrir un proceso penal ante un juez. Asimismos, declaró inconstitucional la pena de 75 años de prisión. La Asamblea Legislativa deberá reformar las leyes que hagan falta para ajustarlas al fallo.
La Sala de lo Constitucional sentenció el jueves 23 que ya no solo la Fiscalía pueda presentar ante un juzgado el requerimiento de un proceso judicial contra personas acusadas de delitos, sino que puedan hacerlo también las víctimas o sus representantes en caso de que pase el tiempo y el Ministerio Público no actúe. La sentencia quita al fiscal el monopolio de la acción penal y le establece un máximo de 10 días para abrir un expediente.
El razonamiento de los magistrados es que si la Fiscalía no actúa -como sucede en la mayoría de delitos graves- acusando a alguien en particular, la víctima o los parientes de la víctima quedan desprotegidos por parte del Estado, que se supone que debe garantizar el derecho a la justicia.
Según el Código Procesal Penal, en caso de delito, el camino de la denuncia pasa, invariablemente, por la Fiscalía, que es la que puede abocarse ante un juzgado con pesquisas para pedir que se procese a alguien. Con la sentencia, lo que se está posibilitando es que las víctimas o sus representantes puedan llegar a un juzgado a presentar un caso, sin necesidad de la Fiscalía.
"Y es que la Constitución no establece que el ejercicio de la acción penal sea un “monopolio” por parte de la Fiscalía, como hasta ahora se había entendido, bajo la premisa de proteger su independencia funcional frente a otros órganos. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional sostiene que la inexistencia de un plazo para presentar el requerimiento fiscal ante un juez (cuando hay reo ausente), genera un ámbito de desprotección hacia las víctimas de los delitos", dice el comunicado de prensa emitido por la Corte Suprema la tarde del 23 de diciembre.
En una parte de las 203 páginas que contiene el documento, los magistrados explican que "para garantizar la efectividad de esta sentencia" debe revivirse el plazo de 10 días que antes establecía el Código Procesas Penal.
El fallo obligará a la Fiscalía a mayor diligencia para presentar ante un juzgado un requerimiento contra personas acusadas de delitos o, en su defecto, si vencido ese plazo -que debería fijar la Asamblea Legislativa- la Fiscalía no ha actuado, la Sala señala una vía alternativa a la víctima para llevar ante un juez una investigación, pues interpretan que la Constitución. "En conclusión, puede acotarse que, en virtud del artículo 86 de la Constitución relacionado con los artículos 193 ordinal 3o., 172 incisos 1o. y 3o., así como con el artículo 186 inciso 5o. de la Constitución, en el proceso penal corresponde a la Fiscalía General de la República la investigación de los hechos delictivos y la promoción –no monopolio– de la acción penal...", aclara una parte de la sentencia.
Por eso, agregan una vía alternativa a las víctimas: "En todo caso, con fundamento en el derecho de las víctimas de tener acceso a la jurisdicción, derivado del artículo 2, final del inciso 1o. de la Constitución, el Fiscal está obligado a autorizar la conversión de la acción penal pública en acción penal privada, cuando prescinde de la acción pública, a fin de garantizar, en definitiva, el derecho de acceso a la jurisdicción y la protección o tutela judicial efectiva."
Esta decisión pretende responder a las garantías constitucionales de seguridad jurídica y de acceso a la justicia, que podrían estar siendo violadas cuando la Fiscalía, a pesar de denuncias específicas, por una diversidad de razones no procede a judicializar los casos.
Los magistrados de la Sala aclaran en la sentencia que los diputados serán en última instancia los que deben regular y estudiar el plazo más razonable que debería tener el fiscal para llevar ante un juez un proceso penal.
En la actualidad la figura del querellante particular ya existe, pero no puede actuar sin un fiscal y depende de este para el desarrollo de un proceso penal. Esta figura la activó la empresa privada hace una década para combatir los secuestros. Uno de los abogados que actuaron bajo ese concepto fue Ástor Escalante, que posteriormente fue viceministro de Seguridad y después fiscal adjunto. “El querellante también puede llevar pruebas a la Fiscalía para que ella abra una investigación... pero el que tiene el monopolio de la investigación es el fiscal”, explica Escalante, sobre la situación antes de la sentencia.
En la sentencia, los magistrados se pronuncian sobre la “Ausencia de plazo al fiscal para presentar requerimientos contra un imputado ausente.” El artículo impugnado como inconstitucional es el 235 del Código Procesal Penal, que solo dice que en caso de un delito con un acusado prófugo, la Fiscalía tendría que presentar el requerimiento "en el menor tiempo posible". Eso abre las puertas a un período virtualmente infinito y, por lo tanto, vulneraría el derecho constitucional a la justicia.
Los demandantes que impugnaron el artículo ante la Corte alegan que tal legislación “viola la seguridad jurídica en la medida que no señala plazo al fiscal para la presentación de requerimiento contra un imputado no detenido”. Esta situación vulnera lo que establecen los artículos 2, 172 y 193 ordinal 4o. de la Constitución, reclaman los demandantes.
El artículo 2 consigna un grupo de derechos fundamentales como el de la vida, la libertad y la integridad personal. El 172 explica el ordenamiento y responsabilidad del Órgano Judicial, y el 193 ordinal 4o. establece la potestad de la Fiscalía de “promover la acción penal de oficio o a petición de la parte”. En este caso, la deliberación parte del acceso a la justicia y a obtener una respuesta.
Los magistrados han centrado su análisis en la inexistencia de un plazo para que una víctima reciba respuesta de la Fiscalía. Precisamente es un segundo aspecto del apartado de la sentencia que afecta a la Fiscalía y sobre el que los magistrados pueden abrir el camino para establecer un plazo máximo para que la Fiscalía acuse y lleve a juicio a una persona. Una de las posibilidades es que se retorne al plazo que ya prescribía la anterior legislación penal, que era de 10 días hábiles.
Literalmente, la Sala pide a los diputados que legislen sobre la base de que hay ocasiones en las que "el fiscal no quiere investigar" o "no inicia o prosiga el proceso penal. " "La Sala exhorta a la Asamblea a que desarrolle los mecanismos y garantías procesales adecuados para la protección jurisdiccional de las víctimas, especialmente en cuanto a la autonomía del querellante o acusador particular", dice el texto de la sentencia.
Un antencedente de la discrecionalidad de tiempos de la Fiscalía que pueden implicar violación a garantías constitucionales es el del ya fallecido dirigente del partido FMLN Schafik Hándal, quien hace más de seis años demandó ante la Sala de lo Constitucional al fiscal general de la República por negarle acceso a la justicia.
El texto del amparo interpuesto por el político durante las elecciones de 2004 explica que Hándal inició un proceso ante la Fiscalía y no obtuvo respuesta de la institución. “El Fiscal General de la República le negó el derecho de petición, y con ello el acceso a la justicia”. En dicho alegato, los abogados de Hándal exponen que después de tres meses de presentar acusaciones penales contra Rafael Menjívar Ochoa y Moisés Urbina, por el delito de difamación y daños al honor, no recibió respuesta de parte de la Fiscalía.
Un ingrediente adicional que compone el contexto en que los magistrados firman la sentencia es el de la eficacia de la Fiscalía. En el caso de los homicidios, por ejemplo, aunque no hay datos globales, las cifras de algunas plazas como Santa Ana y San Salvador muestran que el nivel de condenas que logra el Ministerio Público ha sido de apenas un dígito en los últimos años.
Esta parte de la propuesta de sentencia abarca solo unos pocos del medio centenar de artículos de cuatro leyes distintas que han sido impugnados y que, como están relacionados, los magistrados resolvieron en un solo fallo. La sentencia afecta a 53 artículos de cuatro normativas: el Código Penal, que compendia los delitos y las faltas y las respectivas sanciones; el Procesal Penal, que establece los procedimientos en los casos de delitos -como plazos, requisitos, medios de prueba, competencias y audiencias de un proceso judicial-; la Ley de Telecomunicaciones, en la parte que habla sobre la “inviolabilidad” de las comunicaciones, y la Ley Penitenciaria, en la parte que regula el régimen de internamiento especial.
Los 53 artículos fueron impugnados en distintas demandas a lo largo de varios años, y nunca fueron resueltos. La primera impugnación está por cumplir una década, pues fue presentada en 2001.
Aparte de quitar a la Fiscalía el monopolio de la acusación ante un juez, los magistrados se pronuncian sobre la pena de prisión máxima que permite la ley salvadoreña, que es de 75 años, y que está recogida en tres artículos del Código Penal. En este punto, los magistrados de la Sala declararon inconstitucional tal pena en la medida en que viola el artículo 27 de la Constitución, que rechaza la posibilidad de condenar a una persona a prisión perpetua.
Sin embargo, los magistrados aclaran que la declaración de inconstitucionalidad no implica la “anulación” de los artículos impugnados, es decir, que todas aquellas personas que ya fueron vencidas en juicio "no pueden quedar en la impunidad y la indeterminación sobre sus consecuencias". En este caso, la Sala de lo Constitucional sostiene que las penas aludidas deben mantenerse mientras la Asamblea Legislativa establezca -en el menor plazo posible- unos montos más acordes con la Constitución.
En la práctica, según los magistrados, en un país en el que la esperanza promedio de vida es inferior a 75 años, una condena de tal magnitud supone cadena perpetua y, por lo tanto, viola la Constitución. Con este fallo, la Sala de lo Constitucional desandó el camino que anduvo la Sala presidida por Agustín García Calderón, que firmó en 2008 una sentencia en la que estableció que la pena de 75 años no puede interpretarse como cadena perpetua porque una persona condenada tiene posibilidades de pedir libertad condicional y cumplir la pena de otra forma alternativa a la prisión.
La sentencia fue firmada por los cinco magistrados, aunque uno de ellos, Néstor Castaneda, no firmó dos puntos.
La sentencia abarca 22 temas distintos en el que también se pronuncian sobre el régimen penitenciario especial, para el caso de los reos considerados de máxima peligrosidad, y que son enviados al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. En ese caso, la Sala explica que “celdas de castigo”, “encierros especiales”, deben ser justificados por una estudio criminológico y deben ser excepcionales, proporcionales, temporales y necesarios.
Castaneda votó disidente en dos elementos de la sentencia: "Mi opinión discrepante se limita exclusivamente a dos cuestiones específicas: a) el punto No. 1 del fallo, que declara inconstitucional el incremento de las penas de prisión previsto en los arts. 45 nº 1, 71 y 129 inc. final del C. Pn., que en definitiva establecen el límite máximo de la prisión en setenta y cinco años; y b) el párrafo tercero del punto Nº 5 del fallo, en el que se exhorta a la Asamblea Legislativa para que regule el acceso directo de la víctima al proceso penal, mediante el inicio y la prosecución autónoma del enjuiciamiento de esa clase, en los casos de inactividad o desidia de la Fiscalía General de la República."
Otros puntos sobre los que se pronunciaron los magistrados son los siguientes:
Violación a las comunicaciones telefónicas. Los artículos impugnados son: el artículo 302 del Código Penal y los artículos 42-B, 42-C, 42-D y 42-H de la Ley de Telecomunicaciones. Los demandantes alegan que autorizar a los agentes policiales a intervenir los teléfonos de particulares lesiona el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, previsto en el artículo 24 inciso 2º de la Constitución. Este punto ya fue resuelto con la reforma constitucional que permite la intervención de las llamadas telefónicas para combatir el crimen. La Constitución ya es clara al permitir la intervención de las llamadas telefónicas para investigar delitos previa autorización de un juez.
Proposición y conspiración tienen igual pena que delitos consumados. Los artículos impugnados son: 129-A, 149-A y 214-C del Código Penal. Los demandantes creen que es inconstitucional sancionar la proposición y conspiración para el homicidio agravado, el secuestro y la extorsión con la misma pena que los delitos consumados, pues contraviene los principios de proporcionalidad y culpabilidad de los artículos 1 y 12 inciso 2o. de la Constitución. En este caso los magistrados aclaran que no es lo mismo condenar a una persona por un delito cometido que condenarlo por un acto no consumado que estaba en planificación y, por lo tanto, que es inconstitucional que tengan penas iguales.
Pena de prisión para el abogado que no asiste a un anticipo de prueba. El artículo impugnado es el 313 inciso 2o. Este sanciona con pena de prisión e inhabilitación de la profesión al abogado que no comparezca a un anticipo de prueba. Se viola, dicen los demandantes, los principios de culpabilidad, proporcionalidad y lesividad que recoge el artículo 12 de la Constitución. Este punto la Sala establece que un abogado no puede ser sancionado con prisión por una falta administrativa que puede sancionar el mismo Órgano Judicial.
Diligencias de investigación encomendadas por los jueces a los fiscales. Los artículos impugnados son: 84, 142, 162 inciso 2, 261 inciso 2 del Código Procesal Penal. Los demandantes denuncian violación a los principios de imparcialidad e independencia judicial cuando dentro de un caso hay diligencias de investigación encomendadas por los jueces a los fiscales. Artículos 86, 186 inciso 5 y 193 ordinales 3o. y 4o. de la Constitución. En este punto los magistrados aclaran que los jueces pueden hacer sugerencias a los fiscales.
Permisión legal para que los jueces practiquen pruebas. Los artículos impugnados son: 266 ordinales 3o. y 4o., 267 inciso 1o., 268, 273 inciso 2o., 309, 318 inciso 1o., 320 ordinales 10o. y 13o. y 353 del Código Procesal Penal. Los denunciantes señalan violación a los principios de imparcialidad e independencia judicial, puesto que se refieren a la permisión legal de los jueces para practicar prueba de oficio e interroguen testigos, peritos e imputados. Se supone que un juez no puede ser juez e investigador a la vez, porque si así fuera él terminaría juzgando los hallazgos producto de una investigación que él dirigió. Los artículos 86, 186 inciso 5o., y 193 ordinales 3o. y 4o. de la Constitución son los supuestamente vulnerados. En este punto, los magistrados confirman y aclaran que los jueces están capacitados para hacer preguntas.
Solicitud de orden de registro judicial por la policía. Los artículos impugnados son: 173 inciso 1o. y 180 inciso 2o. Las personas que demandan alegan que los policías no pueden requerir orden de registro y secuestro de evidencias a un juez, ya que esto le compete únicamente a la Fiscalía. En este punto los magistrados aclararan que el procedimiento es legítimo y forma parte de las herramientas de una investigación.
Agente encubierto y agente provocador, porque permiten acudir al engaño para investigar delitos. Los artículos impugnados son: 15 incisos 5o. y 6o. del Código Procesal Penal. Los demandantes denuncian que que es ilegal permitir la utilización del engaño y la incitación a cometer delitos, como formas para detectar, investigar y probar conductas delincuenciales (agente encubierto y agente provocador). Los demandantes consideran que se viola el debido proceso y presunción de inocencia que establecen los artículos 11 y 12 de la Constitución. En este punto los magistrados aclaran que los agentes encubiertos tienen vía abierta para realizar investigación, pero explican que no pueden provocar un delito. Un ejemplo de este caso es que un agente de policía no puede incitar a una persona a cometer un delito.
Inspecciones corporales violentan la dignidad y presunción de inocencia. Los artículos impugnados son: 167 incisos 1o. y 2o. del Código Procesal Penal. Según los demandantes, al practicarse inspecciones corporales se violenta el derecho a la dignidad y a la presunción de inocencia. En este punto, los magistrados establecen que eso es un procedimiento que no puede ser inconstitucional y que debería estudiarse caso por caso.
La OEA destituyó a su representante en Haití por criticar a la ONU
Telesur 27-Diciembre-2010
Ricardo Seitenfus (centro)cuestionó el papel de la Minustah en Haití, a la que calificó como fuerza de ocupación
Ricardo Seitenfus, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Haití fue destituido este lunes luego de criticar la gestión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Haití.
La destitución se produce tras la publicación del periódico suizo Le Temps de unas declaraciones atribuidas a Seitenfus en las que cuestiona el papel de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), presente en el país desde 2004, y la política de la comunidad internacional hacia la nación caribeña
Según el criterio del diplomático brasileño, la Minustah impone tropas en un estado que no está en guerra civil, ni representa amenaza internacional.
Seitenfus indicó que Haití no es una amenaza internacional, que no se parece a Irak o a Afganistán por lo que no se justifica la presencia de las tropas de las Naciones Unidas en la isla.
"Se trata, para la ONU, de congelar el poder y de transformar a los haitianos en prisioneros de su propia isla", dijo.
Seitenfus criticó además la ayuda internacional a esta nación, afectada por una crisis general, agudizada tras un terremoto en enero pasado y una epidemia de cólera que ha cobrado más de dos mil 700 vidas.
En su severa críticas, el diplomático brasileño dijo que Haití sufre consecuencias en su independencia por su proximidad diplomática con Estados Unidos, y agregó que ha sido objeto de una atención negativa por parte del sistema internacional.
"Los haitianos cometen lo inaceptable en 1804 (año de su independencia): un crimen de lesa majestad para un mundo inquieto. Occidente es entonces un mundo colonialista, esclavista y racista que basa su riqueza en la explotación de tierras conquistadas. Entonces, el modelo revolucionario haitiano da miedo a las grandes potencias", agregó.
Seitenfus se refirio además a las organizaciones no gubernamentales presentes en Haití luego del terremoto del 12 de enero, a las que criticó por la poca preparación de sus cooperantes "desembarcaron en Haití sin experiencia alguna", dijo.
Obispo insta a Presidente Funes y FMLN a trabajar unidos
Colatino 27-Diciembre-2010
El Obispo Luterano Medardo Gómez, instó al Presidente Mauricio Funes y dirigentes del partido FMLN, a trabajar unidos por la nación.
Según el religioso, es justo decirle al Presidente de la República que si no hay un diálogo interno ejecutivo, franco, fraternal y de confianza con el partido en el gobierno, para unirse en las decisiones y ejecutarlas de forma estratégica y prudente, de cara a la nación, “da lugar a que en el futuro haya una segura derrota para la izquierda”.
Las supuestas “diferencias entre el partido en el gobierno y el Mandatario, dan una gran oportunidad a la renovación de la derecha. Y creo que hasta ahora en la historia, quien ha demostrado que no hay justicia a favor de los pobres ha sido la derecha, y la izquierda es la esperanza para los pobres”, manifestó el Obispo.
En cuanto a las recientes declaraciones brindadas por el jefe de Estado, en las que solicitó a los funcionarios de su gabinete, no participar en actos proselitistas, o de lo contrario serán destituidos de su cargo, Gómez dijo que las declaraciones del Presidente son correctas, en referencia a la constitucionalidad de estas.
“Lo malo es el método, dicha afirmación debió decírselas únicamente a los funcionarios y no así en una forma pública, eso lo aplauden y va dar lugar a orejas que van a estar pendientes del actuar y del decir de cada funcionario”, agregó el religioso.
Asimismo, dijo que al partido no le conviene ordenar y pedir a los ministros que renuncien,
porque el pueblo los necesita. “Con mucho respeto le digo al Presidente que sea pronto para escuchar y tardo para hablar, y así habrá una prudencia, de la cual nunca va a arrepentirse y evitará su supuesta prepotencia”.
Consolidado 2010
Con relación a las problemáticas del país, Gómez aseguró que estas han incrementado considerablemente, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por las autoridades y el gobierno.
“Lastimosamente cerramos el año 2010 con un incremento en desempleo, pobreza, migración e inseguridad. El gobierno todavía no ha podido hacerle frente a la situación difícil que se enfrenta, producto de la bancarrota que quedó por parte de las administraciones anteriores, pero somos un pueblo de fe y esperanza y desear que el próximo año sea de mucha esperanza y
logros” concluyó el Obispo Luterano
Madres de caídos en guerra reclaman ayuda
Contrapunto 23-Diembre-2010
Madres y padres de héroes de la guerra, todos ancianos y pobres, reclaman el cumplimiento de ayuda social que Mauricio Funes les prometió
Sentada sobre unas colchonetas dentro de la Catedral Metropolitana está María Alejandra Membreño, de 70 años de edad. Es una de las tantas madres que perdieron a sus hijos durante el conflicto armado (1980-1992) que dejó 75,000 muertos en este país centroamericano.
Desde el lunes las madres y parientes de caídos en la guerra, apoyados por organizaciones de lisiados de guerra, se han tomado Catedral. Han cerrado un tramo de la calle en la parte frontal del templo religioso con lazos y pancartas en señal de presión para que el gobierno las incluya en el sistema de pensión de lisiados debido a que pasan por una situación económica difícil.
Su rostro surcado por los años refleja lo duró que le ha tocado vivir a doña María. De acuerdo a la anciana mujer en la guerra perdió a dos hijos, “los únicos que me podían ayudar; hoy estoy abandonada y no tengo quién me ayude”, expresó en un tono triste.
Doña María para sobrevivir sale a pedir limosna, aunque lo poco que recoge a duras penas le alcanza para subsistir.
“Cuando perdí a mis hijos como todavía tenía fuercesita me dedicaba a lavar, pero hoy como ya no puedo, tengo que pedir. Hay veces que le dan a uno y hay veces que no, lo más que hago es un dólar o dos dólares”, agrega mientras come unas uvas que le han regalado.
Es por esta razón que doña María, acompañada de otras madres y padres que sufren por la pérdida de sus hijos, esposos y hermanos en la guerra, está postrada desde este lunes en la Catedral de San Salvador para exigirle al gobierno una pensión que las ayude a apaliar su pobreza.
Los familiares de la víctimas del conflicto armado son acompañados por tres organizaciones de lisiados de guerra, la Asociación Salvadoreña de Lisiados y Discapacitados de Guerra (ASALDIG), la Fundación de Lisiados y Discapacitados para el Desarrollo Integral (FUNDELIDDI) y la Asociación de Veteranos Revolucionarios Salvadoreños (AVERSAL).
Daniel Hernández, de FUNDELIDDI, dijo que las madres de la tercera edad de los caídos en la guerra han quedado desamparadas, debido a que el pago de $60 mensuales que le comenzó a dar el gobierno en enero en concepto de deuda atrasada finalizó este 20 de diciembre, por “eso estamos pidiendo al presidente Mauricio Funes que estas personas sean incorporadas al fondo de pensiones de lisiadas de guerra”, indicó.
Según los manifestantes son alrededor de 10,000 familias las que saldrían afectadas con la finalización del pago de $60.
Pobreza latente
La mayoría de estas mujeres están sumergidas en la pobreza. Doña María, por ejemplo, quien vive en el Carrizal, adelante del Cuco, en la zona oriental del país, afirma que habita en un humilde rancho hecho de palmas de coco, que en invierno se convierte en un colador total.
Ella aún llora la ausencia de sus hijos, quienes murieron combatiendo. “Nunca los encontré, quizá los zopes o los chuchos se los comieron como quedaban tirados... ha sido difícil para mí ”, dice con profunda tristeza.
Doña María afirma que guarda la esperanza que el actual gobierno, en manos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sea más justo que todos los anteriores en poder de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
“Como él (Mauricio Funes) nos prometió que nos iba ayudar, espero que así sea, aunque hasta ahora no ha ayudado”, sentenció la delgada mujer, mientras mira una ropa usada que le han regalado.
“Esta es la gente que brindó la vida de sus hijos a la Revolución, a la lucha popular armada en todos sus aspectos. No es posible que al presidente de la Republica le esté valiendo un pepino esta gente que está totalmente en el abando”, dijo Pedro Ortega, secretario ASALDIG.
De acuerdo a Camilo Artiga, de AVERSAL, van estar en Catedral hasta que el gobierno acceda a conversar con ellos, por lo cual la toma es de carácter indefinido. También los manifestantes están pidiendo por un aumento de las pensiones de lisiados.
Hasta el momento nadie del gobierno ha conversado con ellos, aunque dijeron a ContraPunto que el Procurador, Óscar Luna, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) está como intermediario, pero que todavía no han recibido ninguna noticia de él.
Presidente Funes promete despedir a funcionarios que hagan campaña electoral en 2011
La Página 22-Dciembre-2010
En 2012 El Salvador elegirá a los 262 concejos municipales y a los diputados de la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano
El presidente de la República, Mauricio Funes, se comprometió a despedir a cualquier ministro o presidente de entidad autónoma que a partir del otro año se involucre en actividades propagandísticas, ya que es un año preelectoral.
“No permitiré que mis funcionarios se involucren en el proceso electoral. Los funcionarios tienen prohibido involucrarse en el proceso electoral. Ministro, viceministro o presidente de autónoma, que quiera dedicarse a la campaña electoral que renuncie, pero ningún funcionario de mi gobierno se va a involucrar en el proceso electoral y quienes quiera participar en el proceso tienen todo el derecho, el presidente de la república no se los va a prohibir, pero tienen que renunciar al gobierno y si no lo hacen voy a tener que destituirlos”, dijo Funes durante su discurso de fin de año, ante la prensa nacional e internacional.
Según el mandatario, los ministros han comprendido que su trabajo es por el bien de la nación, por lo que espera que por su función no se involucren en actividades partidarias.
En febrero de 2012 se realizarán elecciones para concejos edilicios y diputados, en los cuale se espera que haya por primera vez candidaturas partidarias. En el gobierno de Mauricio Funes hay funcionarios que pertenecen al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a Cambio Democrático (CD) y al Partido Social Demócrata (PSD) actualmente en formación.
Cuba inicia juicio por terrorismo contra salvadoreño Chávez Abarca
El Faro 21-Diciembre-2010
Por cargos similares, otros dos salvadoreños ya fueron condenados a la pena de muerte en Cuba, aunque recientemente se les conmutó por prisión. Chávez Abarca fue capturado en julio en Venezuela, procedente de Guatemala. En esa ocasión confesó pertenecer a la red del anticastrista Luis Posada Carriles.
La Habana, diciembre 20. Un tribunal comenzó este lunes un juicio bajo cargos de terrorismo contra el salvadoreño Francisco Chávez Abarca, quien confesó a las autoridades cubanas y venezolanas que hizo algunas operaciones para la red terrorista del anticastrista Luis Posada Carriles.
Según el portal Cubadebate, de corte oficial, el hombre será juzgado por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado como parte de una red de terroristas "estructurada en Centroamérica" por órdenes de anticastristas de Miami, Estados Unidos y responsable de colocar bombas en centros turísticos de la isla en 1997.
Chávez fue detenido en Venezuela a comienzos de julio cuando pretendía entrar con pasaporte falso a la nación sudamericana donde, según los informes oficiales, confesó su intención de realizar algunas acciones violentas allí.
"El 7 de julio de 2010 fue trasladado a nuestro país en acatamiento a la orden de circulación realizada por Cuba a la Interpol y sometido a proceso investigativo y de instrucciones", indicó Cubadebate.
No se ofrecieron detalles sobre el avance del juicio, su duración prevista o la pena pedida por la Fiscalía.
En septiembre pasado la televisión cubana, estatal, transmitió un programa especial con testimonios de Chávez reconociendo su culpabilidad con la admisión de ser parte de la red de terroristas centroamericanos y eslabón en la campaña de ataques a la isla a finales de la década de los 90 que costaron la vida de un turista italiano, y dejó casi media docena de heridos y cuantiosos daños materiales.
"Me pagaban por bomba que explotaba 2 mil dólares", manifestó ante las cámaras, al tiempo que también se transmitieron algunas secuencias de lo que al parecer fue la reconstrucción forense de esos eventos tras la entrega judicial de Chávez por parte de Venezuela.
El salvadoreño tenía código rojo ante la Interpol por estar acusado de cometer algunos de estos atentados y supervisar otros.
Dos personas de origen salvadoreño -Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez- y tres guatemaltecos también contratados para colocar los artefactos y encarcelados posteriormente en Cuba precisamente a finales de la década de 1990, confesaron su participación en los hechos e identificaron a Chávez Abarca.
Según todos ellos al frente de la red de terrorismo estaba el anticastrista ligado a la CIA Luis Posada Carriles, nacido en Cuba con nacionalidad venezolana pero actualmente residente en Estados Unidos.
En las semanas pasadas tribunales cubanos dieron curso a la apelación de Cruz León y Rodríguez para conmutarles la pena de muerte -impuesta durante un juicio en 1999- al considerar su colaboración para el esclarecimiento de los hechos por parte de estos hombres.
Gobierno: En 2011 se inicia la recuperación de la economía salvadoreña y del tejido productivo
La Página 20-Diciembre-2010
Este año el Gobierno logró cumplir con el objetivo principal "Evitar que la crisis económica golpeara a los grupos más vulnerables"
El Gabinete Económico del Gobierno del presidente Funes, presentó su informe sobre la actividad económica del país en este año; según los miembros del gabinete se ha registrado un crecimiento sensible y además con las medidas implementadas se logró detener los impactos negativos de la crisis económica internacional que incidió la economía nacional.
El Secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, explicó que el Plan Global Anticrisis que diseñó el Gobierno a inicios de su gestión finaliza este año y que lograron cumplir con el objetivo principal “Evitar que la crisis golpeará a los grupos más vulnerables”, asimismo con las medidas implementadas se logró detener la caída de la producción y este año se inició el proceso general de la recuperación de la economía del país.
Segovia explicó que a partir del cumplimiento de estos objetivos el siguiente paso que iniciará en 2011 es la consolidación del crecimiento económico, la reactivación del tejido productivo y la generación de empleos, siendo este último una de las apuestas estratégicas del plan del Gobierno.
Entre los objetivos para el próximo año está la reactivación de la inversión pública y privada, de políticas para el desarrollo e impulso de la banca nacional y esperan poner en marcha la iniciativa “Bridge” que es una apuesta a las iniciativas de inversión extranjera y la creación de un fondo para apoyar las inversiones en el país.
El presidente del Banco Central de Reserva, BCR, Carlos Acevedo, explicó que la última década es la que ha registrado menor crecimiento económico, situación que se ha revertido en los últimos meses y que este año se cierra con una inflación del 2.5 por ciento, siendo esta cifra el porcentaje más bajo en cuanto a inflación se refiere en América Latina.
Acevedo dijo que las exportaciones han registrado un crecimiento del 16 por ciento y las importaciones un crecimiento del 18 por ciento, mientras que las exportaciones del sector maquilero también han registrado un crecimiento del 18 por ciento, lo cual señala que este es un crecimiento positivo para la actividad económica del país.
Al igual que le secretario técnico de la presidencia, el ministro de Economía, Carlos Cáceres, dijo que el principal objetivo al inicio de la gestión del Gobierno del presidente Funes era detener el impacto negativo de la crisis económica, lo cual les fue difícil, ya que no se contaban con políticas para revertir ese impacto.
Sin embargo, el funcionario mencionó que es importante cumplir con las metas que se han trazado para el programa fiscal que se ha presentado, que ha permitido aumentar la recaudación fiscal y además explicó que la deuda del país no ha aumentado.
Por su parte el ministro de Agricultura, Guillermo López Suárez, dijo que en el sector agropecuario se registró un crecimiento del 13.3 por ciento en el Producto Interno Bruto, además aseguró que el sector ha tenido un crecimiento real del 2.7 por ciento y que la producción del café ha registrado un incremento significativo este año.
Empresas de telefonía se comprometen a reducir su señal en los centros penales
La Página 17-Diciembre-2010
El acuerdo se basa en bajar la intensidad de la señal para celulares en los centros penitenciarios.
El gabinete de seguridad del Gobierno y representantes de las compañías telefónicas, lograron acuerdos relacionados a bajar la intensidad de la señal en centros penales, informó, este día, el Ejecutivo.
Hato Hasbún, secretario de Asuntos Estratégicos, quien encabeza el gabinete de Seguridad del gobierno, explicó que se realizaron varias convocatorias con las telefónicas, para finalmente lograr acuerdos que permitan el bloqueo de señal de celulares en los centros penales, bajando la intensidad de la misama y que vendrá a complementar otras medidas adoptadas en el marco del plan “Cero corrupción”.
Esta medida es vital, señaló Hasbún, ya que en ese tema tienen injerencia las compañías de teléfono, específicamente en dos aspectos la intensidad de la señal y el tema de los bloqueadores.
“Ya logramos un acuerdo con ellos en el sentido de bajarle intensidad a la señal, alrededor de los centros penales” dijo Hato Hasbún y agregó que de existir la necesidad de colocar más bloqueadores, ya se acordó con las empresas el mecanismo para ello.
El lunes próximo se llevará a cabo un nuevo encuentro entre las partes, para formar comisiones técnicas, una para cada penal y para analizar los problemas de forma individual y buscarle soluciones.
Junto al Secretario para Asuntos Estratégicos, estuvo el fiscal general, Romeo Barahona; el Ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar; el Viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos; el director de centros penales, Douglas Avilés; el director de la ANSP, Jaime Martínez Ventura y el presidente de la SIGET, Luis Méndez, entre otros.
Aprueban candidaturas no partidarias
La Página 16-Diciembre-2010
Fe de errata: Por un error DIARIO LA PÁGINA publicó en la versión anterior de esta nota que el dictamen aprobado indicaba que se necesitaban 150 mil firmas para poder inscribir las candidaturas sin partido. Un posterior rechequeo nos ha permitido detectar nuestro yerro. Solicitamos disculpas a nuestros lectores por el desacierto.
Para inscribir un partido político con el que se puede participar en elecciones presidenciales para concejos municipales y para diputados de la Asamblea Legislativa y el PARLACEN, se necesitan 50 mil firmas, pero para que un ciudadano se inscriba como candidato independiente necesitará presentar la cantidad de firmas igual al último residuo con el que se ganó un diputado.
Esto variará la cantidad de firmas necesarias de acuerdo al departamento.
Además, las firmas deberán recolectarse en un plazo de 25 días, a partir de que el Tribunal Supremo Electoral entrega los libros de recolección de firmas.
Lo anterior se desprende de la aprobación, esta tarde, del dictamen 31 “Disposiciones para la Postulación de Candidaturas no Partidarias en las Elecciones Legislativas 2012”, el cual fue aprobado con los votos de los diputados de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que sumaron 53 entre ambos.
Ambas fracciones que dieron sus votos consideran que es importante demostrar la madurez política que ha alcanzado el país y que permitir la participación de las candidaturas no partidarias es una muestra de ello.
Entre los requisitos acordados está que reúnan la cantidad de firmas establecidas, no haber sido diputado en representación de algún partido político y no pertenecer a ningún partido, así como presentar toda la documentación establecida por la ley.
En algunos departamentos se ganan diputados con residuos de unos 10 mil votos, por lo tanto esa será la cantidad que el interesado debe presentar, aseguró el diputado de ARENA Roberto Ávila.
Originalmente, los diputados de ARENA y el FMLN pretendían que el interesado en postularse presentara entre 150 mil y 200 mil, pero los diputados del resto de partidos se opusieron, al considerar que eran cifras risibles.
“Es imposible, si a un partido se le piden 50 mil para inscribirse, cómo se van a pedir 150 mil para un candidato”, dijo el diputado independiente Orlando Arévalo, uno de los que se inclinó porque se bajara a la cantidad al último residuo.
El Partido de Conciliación Nacional, PCN, negó sus votos, asegurando que la propuesta presentada por el FMLN es irresponsable y que la cantidad de firmas que se solicita en el anteproyecto representa un obstáculo para un candidato independiente, según dijo el diputado Francisco Merino. Al final, pese a que la cifra se bajó considerablemente el PCN se abstuvo de votar.
GANA, por su parte, solicitó que el dictamen pasara nuevamente a la Comisión correspondiente y negó sus votos, asegurando que con en este tipo de acciones políticas es retroceder.
Pasará al Presidente Funes
Tal como está aprobado el dictamen, éste pasará al conocimiento del presidente de la República, que podrá devolverlo a la Asamblea con observaciones, vetarlo o sancionarlo.
En su momento, el mandatario dijo estar de acuerdo con las candidaturas independientes y dijo que con eso los actuales partidos tenían que "poner sus barbas en remojo".
Luego dejó entrever que era peligroso que a través de las candidaturas independiente se filtrara el crimen organizado. Actualmente, dos ex diputados salvadoreños permanecen encarcelados en Estados Unidos, por diferentes delitos. Uno de ellos es William Eliú Martínez, quien fue legislador por el desaparecido Partido de Acción Nacional (PAN) y Roberto Carlos Silva Pereira, que fue parlamentario por el Partido de Conciliación Nacional (PCN).
Sigfrido Reyes listo para asumir presidencia de la Asamblea Legislativa
La Página 13-Diciembre-2010
Sigfrido Reyes, primer vicepresidente de la Asamblea Legislativa y quien asumirá la presidencia de ese Órgano del Estado a partir de enero del 2011, considera que está listo para llegar a ocupar la silla y confía en la voluntad política de los 84 para cambiar algunas acciones dentro la institución.
Para Reyes el primer reto que tiene como presidente de la Asamblea Legislativa es generar confianza ante la ciudadanía, lograr que la población se mantenga bien informada de todo el que hacer de la institución y de los diputados.
“El segundo reto es de ayudar a construir consensos políticos, el país no puede vivir eternamente en divisiones partidistas, necesitamos buscar consensos, acuerdos, acciones en común, la Asamblea es el foro donde se pueden propiciar los acercamientos entre las distintas instituciones políticas”, dijo Reyes.
Además considera que es necesario fortalecer la institucionalidad de la Asamblea Legislativa para mejorar el trabajo interno y para mejorar la transparencia tanto dentro y fuera del organismo del Estado.
Sigfrido Reyes dice confiar en la voluntad política de los 84 diputados, para acompañar este tipo de reformas e iniciativas que le darán un giro significativo a la institución para mejorar su desempeño y la información que surge a su alrededor.
Aprueban aumento a empleados públicos a partir de 2011
La Página 10-Dicembre-2010
El dinero saldrá de los gastos imprevistos, pues el Ministerio de Hacienda no los había presupuestado para el 2011.
Todos los empleados del sector público iniciaran el 2011 con un incremento salarial que va desde el seis por ciento hasta el diez por ciento, así lo ratificó, entrada la media noche, la Asamblea Legislativa en unas de las últimas plenarias de este año.
Con base al decreto los empleados que ganen hasta 600 dólares tendrán un aumento del 10 por ciento; mientras que quienes ganan hasta mil dólares gozar{an de un aumento del 6 por ciento.
El aumento no incluye a los empleados que tienen escalafón, pero aplicará a las personas que tienen plaza bajo contrato para el año fiscal 2011.
Para el Estado el incremento a los burócratas implicará erogar alrededor de 15 millones de dólares que saldrán de los gastos presupuestados como “imprevistos” porque el Ministerio de Hacienda no los planificó en el presupuesto general de la nación de 2011.
El decreto fue aprobado con 75 votos, luego de una discusión que duró alrededor de 45 minutos, en la que no todos los parlamentarios prestaban atención y en la que no podían faltar las acusaciones y los dimes y diretes entre los diputados de ARENA y FMLN.
ARENA se sumó a los votos asegurando que el aumento al salario de los empleados públicos es un reconocimiento merecido, además es una muestra de apoyo y estímulo para la clase trabajadora, pero consideran que debe analizarse un aumento salarial para el sector privado, así lo explicó el diputado Mario Marroquín.
La fracción tricolor considera que debe analizarse el cobro del Impuesto Sobre la Renta, ya que no poco se benéficia a los trabajadores si el cobro de este impuesto sufre un incremento del 20 por ciento como lo ha sugerido el Ministerio de Hacienda.
Asimismo GANA dio sus votos coincidiendo que este beneficio es importante para incentivar a los empleados públicos, “Todas las iniciativas que vayan en beneficio del bolsillo de la población, cuentan con los 16 votos de GANA”, agregó Nelson Guardado.
“Esta es una muestra que existe una sensibilidad social en medio de la crisis que está viviendo el país, por lo tanto el FMLN ha apoyado esta moción que viene directamente del Ejecutivo… Esperaríamos que ARENA estudie más despacio la ley del cobro de los impuestos, porque el cobro del Impuesto Sobre la Renta no afectará a los empleados públicos”, respondió la efemelenista Lorena Peña a las críticas que hiciera ARENA.
“Esperamos que este aumento lo reciban con beneplácito y alegría todos los empleados del sector público, pero consideramos importante que se analice que este tipo de beneficios sea para todos los empleados del país, ya que no solo el sector privado lo necesita”, agregó el pecenista Mario Ponce.
Qué dicen los cables Wikileaks enviados desde la embajada de EE.UU. en El Salvador
La Página 08-Diciembre-2010
Esta es una selección libre sobre algunos puntos que DIARIO LA PÁGINA considera de interés público aparecidos en los cables que El País ha desclasificado y que le fueron entregados por Wikileaks en la más grande filtración de la historia.
Sobre la preocupación de Funes acerca de su seguridad. 21 de agosto de 2009:
* Líderes del movimiento Amigos de Mauricio han dicho que el Presidente está preocupado acerca de su seguridad personal, la seguridad física en las oficinas de Casa Presidencial y que sospecha que los elementos de la línea dura del FMLN le están interceptando las llamadas telefónicas a él y a sus más cercanos colaboradores.
* Funes lamenta el estado de la seguridad física en la Casa Presidencial.
* El Presidente agradecería que el Gobierno de Estados Unidos le dé apoyo en estos temas.
* El Presidente se decepcionó del trabajo del Director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Eduardo Linares. No está recibiendo reportes diarios de Linares. Han sido varios los casos en los que Linares y el OIE no han provisto de buen servicio al Presidente.
* El apoyo de Estados Unidos para ayudar al bloqueo de celulares en las prisiones salvadoreñas ha tenido un factor de complicación: el ministro de Seguridad, Manuel Melgar.
* El presidente puso en el cargo Melgar porque durante la campaña proselitista logró desarrollar con él una determinada relación en la que Melgar se comportó de manera leal. Este comportameinto leal no se observó con José Luis Merino.
* Funes podría considerar nueva información sobre Manuel Melgar y tomar una decisión apropiada plenamente consciente de su participación en la masacre de la Zona Rosa en 1985.
* El FMLN está demandando que su cuota de poder dentro del Gobierno permanezca estable y han demostrado ser "disruptivos" cuando las cosas no se hacen a su manera.
Sobre las protestas callejeras en San Salvador. 28 de agosto de 2009
* Es probable que la Coordinadora Nacional de Medio Ambiente (CNMA) sea parte de un movimiento de la línea dura del FMLN usada para minar al presidente Funes.
* Parece que los duros del FMLN están usando a esta relativamente desconocida organización (CNMA) para ventilar públicamente su frustración acerca de la dirección de la política económica del Gobierno y para retar directamente al presidente Funes.
Sobre la 25ª convención nacional del FMLN. 15 de diciembre de 2009
* Las raíces históricas del FMLN son profundas, y su retórica de años en el campo de batalla y de dos décadas en la oposición no desaparecerán pronto, o quizás nunca.
* Mientras que nuestra comunicación con el FMLN durante la campaña y desde la asunción de Funes ha dado sus frutos pro los canales abiertos, seguimos luchando contra las viejas sospechas de los motivos de EE.UU. en El Salvador y la región.
* Si FMLN exagera su radicalismo, le será difícil mantener sus ventajas electorales vigentes.
Sobre la crisis en el Gobierno de Funes. 26 de enero de 2010
* A ocho meses de mandato, el gobierno de Funes puede considerarse como esquizofrénico. La parte del gobierno que Funes controla es moderado, pragmático y responsablemente de centroizquierda y amigable con Estados Unidos. La parte que ha sido cedida a la línea dura del FMLN está buscando llevar adelante el juego bolivariano del chavismo, incluyendo hostilidad implacable contra el Gobierno de Estados Unidos.
* En el campo legislativo, el FMLN enfrenta una fuerte oposición en el popular y de pensamiento independiente Presidente Funes.
* La popularidad de Funes se podría erosionar rápidamente si su administración no comienza a mostrar resultados visibles en la reducción de la violencia criminal y en la revitalización de la economía.
* La ineficiencia para golpear al crimen y lograr un crecimento económico junto a las luchas mezquinas y la corrupción en los partidos políticos plantea interrogantes sobre el futuro de la gobernabilidad democrática en El Salvador.
* El FMLN ha buscado formas subterráneas para retar la independencia de Funes.
* El ministro Manuel Melgar ha buscado politizar a la Policía Nacional Civil, y el FMLN ha usado a sus ministros territoriales (Trabajo, Salud, Educaciín y Gobernación) para extender su poder territorial por encima del Gobierno.
* Mientras el conflicto Funes-FMLN podría aparentar que beneficia a la oposición política, las divisiones internas de la centroderechista ARENA le han impedido hacer una oposición seria.
* Estas crisis han puesto en tela de juicio la identidad del partido (ARENA) , considerado por años uno de los mejor ideológicamente organizados de América Latina.
* Esta división ha enfurecido a las bases de ARENA en contra de (ex presidente) Saca y los "traidores" de GANA.
* La campaña de ARENA se enfatizará en un pragmatismo de centro derecha y se distanciará del legado de corrupción del ex presidente Saca (según ha dicho la fuente que otorgó información a la Embadada. N. del traductor).
* La fuente consultada ha dicho que el presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, le ha encomendado a los líderes partidarios a enfocarse en criticar al FMLN y evitar atacar a GANA o al presidente Funes, ya que ambos podrían volverse aliados potenciales. Sin embargo, hasta las elecciones de 2012 ARENA seguirá siendo una fuerza marginal en la política nacional.
* Ya sea el FMLN o ARENA pueden conseguir mayoría legislativa con el apoyo de GANA o con los oportunistas del PCN. Dada su posición estratégica, estos dos partidos jugarían un papel principal en las decisiones legislativas, demandando, como se ha rumorado que hicieron en previas votaciones, apoyos políticos y pagos encubiertos a cambio de su apoyo.
* Funes y su equipo económico entienden la importancia de los incentivos del libre mercado pero sus esfuerzos han sido anémicos en la atracción de inversión extranjera.
* El ego de Funes tiene poca oportunidad de un reacercameinto con la línea dura del FMLN. Si las cosas se continúan deteriorando, podríamos ver una fractura abierta en ambos lados, resultando posiblemente en una alianza de Funes con un partido existente, tal vez CD, para las elecciones legislativas de 2012. Ante esto, Funes podría hacer un remezón en su gabinete y buscar persons aliados de centro derecha para pasar su agenda. El FMLN podría responder con horribles y masivas protestas callejeras, bloqueo de carreteras, amenazas de violencia, atascos legislativos y paralizar las acciones gubernamentales.
Sobre la coyuntura política en El Salvador. 23 de febrero de 2010
* El FMLN parece estar contento con las cifras de aprobación popular del presidente Funes mientras aplica presión vía protestas callejeras, retórica radical, viajeros de alto perfil a La Habana y Caracas y algunas jugadas legislativas de trastienda.
* Las disputas en la derecha parecen haberse calmado en los meses recientes y las conversaciones con líderes partidarios de ARENA sugieren que el partido está finalmente rescatando el barco después de un año de confusión interna y pasividad. Si esta estrategia de rebote funciona, una ARENA rejuvenecida podría servir como una importante base de apoyo para el Presidente Funes en su lucha contra el liderazgo de extrema izquierda del FMLN.