Propuesta de Funes haría efectiva Ley de Acceso a la Información hasta el 2013
El Faro 07-Enero-2011

De ser aceptadas las modificaciones al decreto, los plazos le permitirían al gobierno de Funes someterse a la ley únicamente durante su último año de gestión.

Las observaciones del presidente Mauricio Funes al decreto de Ley de Acceso a la Información emitido por la Asamblea Legislativa el 2 de diciembre pasado, significan, en la práctica, que los ciudadanos podrían comenzar a hacer uso pleno de sus derechos solo hasta dos años después de publicada en el Diario Oficial.

La diferencia es de un año respecto de cómo, con el voto de todos los partidos, los diputados redactaron la normativa.

El Ejecutivo argumenta que dados los requerimientos de producir, ordenar y poner a disposición del público la información en poder de las oficinas estatales, plazos menores a un año para entrada en vigencia de la ley son irreales, porque no solo haría falta más tiempo para preparar los mecanismos de consulta de información, sino también recursos financieros, que solo pueden conseguirse en un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa.

En lugar de los 30 días después de la publicación en el Diario Oficial, Funes pide un año para que la ley cobre vigencia. Pero después de vigente la ley comienza una serie de procesos para que las instituciones que manejan información estatal preparen sus expedientes y para que comience a gestarse el organismo que impartirá justicia en materia de acceso a la información. El instituto garante, según el decreto aprobado por los diputados, estaría montándose en un plazo de seis meses después de la vigencia de la ley.

Las observaciones del presidente señalan los supuestos inconvenientes de los plazos propuestos por la Asamblea. Para empezar, los 30 días ponen en riesgo el cumplimiento oportuno de la normativa dado que esta conlleva ajustes administrativos y financieros en las distintas entidades que tendrán que someterse a la ley. Solo al cabo de un año, según Funes, se tendría a cabalidad la institucionalidad y los mecanismos tecnológicos adecuados, situación que requiere de la modernización y reorganización de la información.

Esta posición obtuvo el inmediato rechazo del partido Arena, que argumenta que aunque el presidente puede tener razón en algunos plazos, postergar la vigencia de la ley un año implicaría que la obligación de las instituciones para comenzar a prepararse solo correría hasta entonces, cuando esas son tareas que podrían comenzar a ejecutarse desde ya.

Otro ejemplo que ponen es el de los reglamentos. Solo si la ley entra en vigencia el Ejecutivo estará obligado a comenzar a preparar los mecanismos de preparación de la información.

Las instituciones estatales deberán apegarse al artículo 3 de la ley, que establece como fin de la renovación de la información la promoción del uso de tecnologías de información y comunicación idóneas, además del desarrollo de un gobierno tecnológico.

Funes también aclara que el trámite se vuelve aún más complicado dado que el presupuesto para el presente año ya fue aprobado por el parlamento, hecho que complica la gestión financiera de proyecto.

Parte del problema con las entidades estatales, según Funes, se debe a que existen instituciones que no cuentan con una organización adecuada de la información y que por ende necesitan reorganizar los documentos necesarios para cumplir a cabalidad con las solicitudes que se presenten.

Al año que el Ejecutivo propone para la entrada en vigor de la ley se suman los demás plazos que están plasmados en la normativa como límites para la plena ejecución de la ley. Este es el caso del plazo de otros 365 días que se establece en el artículo 107 en la normativa, aplicables después de la entrada en vigor de la ley, tiempo límite para que las entidades públicas organicen la publicidad y el funcionamiento de los archivos públicos.

Al leer las contrapropuestas del presidente en sus observaciones tendrían que pasar como tiempo mínimo dos años para que se ejecute a plenitud lo que establece la nueva normativa.

La lectura que hace el partido Arena es que el presidente no quiere que la ley se ejecute durante los tres años que quedan de su mandato. “Lo que no está diciendo con esto es que durante su mandato no quiere esta ley. Por eso quiere cambiar los tiempos de la entrada en vigencia”, concluye el arenero Guillermo Ávila Qüehl.

La información será puesta a disposición de los salvadoreños gradualmente, es decir, primeramente solo aquellos documentos que contengan información de carácter oficioso y que se encuentren en las bases de datos que las entidades públicas ya hayan organizado. El margen que acceso a la información se reduce entonces a la información con la que las instituciones dicen ya contar.

En el caso de que la Asamblea no quisiera cambiar el plazo de 30 días para que entre en vigor la ley, la presidencia plantea otra opción: la creación de un artículo transitorio el cual mantenga el plazo de 30 días pero que a su vez especifique los artículos que no serán exigibles hasta 365 días después de entrar en vigencia la ley, tiempo en el que la presidencia deberá nombrar a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información y los oficiales de información.

Los artículos que no podrán ser exigibles son el 103, 106, 107 y 109. Los primeros dos establecen plazos de 180 días para la publicación de la información de carácter oficioso, en el primero de los casos y para las solicitudes de información a las entidades estatales en el segundo, las que deben ser emitidas una vez que estas instituciones informen públicamente que están preparadas para brindar la documentación.

En el tercer artículo se instituye dos plazos, uno de 90 días para que el Ejecutivo cree los reglamentos de aplicación de la ley y otro de 30 días para que se emita el reglamento para la elección de los comisionados del Instituto, ambos plazos se cumplirían una vez entrara en vigencia la normativa.

En el cuarto y último artículo que no sería exigible hasta después de un año de haber entrado en vigencia la ley, sería precisamente el artículo 107, que brinda los otros 365 días para que las entidades públicas organicen la publicidad y el funcionamiento de los archivos públicos.

En ambas opciones que el Ejecutivo le propone a la Asamblea los plazos se estiran en la práctica a dos años para implementar la normativa a plenitud y, por lo tanto, para que los salvadoreños puedan hacer uso pleno de su derecho a la información.

Las observaciones de la Presidencia serán llevadas a la Comisión de Legislación de la Asamblea, en donde los diputados deberán decidir cuáles modificaciones serán consideradas. El decreto observado podrá ser aceptado o rechazado. De no aceptar las observaciones, el parlamento puede ratificar el decreto con mayoría simple y enviarlo a publicar al Diario Oficial.

Presidente Funes pide mantener en secreto las propiedades del Estado
La Página 06-01-2011

En cuanto a la divulgación de los inmuebles propiedad de las instituciones del Estado, el presidente Funes propone que esta parte de la ley sea eliminada para evitar usurpaciones

El presidente de la república Mauricio Funes, regresó con siete observaciones a la Asamblea Legislativa, el decreto legislativo que contiene la Ley de Acceso a la Información, aprobado el pasado 2 de diciembre.

En una de las observaciones recomienda mantener en secreto las propiedades del Estado, aduciendo varios motivos, entre ellos evitar que se den usurpaciones. En tal sentido, el presidente Funes propone que esta parte de la ley sea eliminada.

Según el mandatario, hay necesidad de un reglamento especial aplicables a las sociedades de economía mixta, personas naturales o jurídicas que administren fondos o información pública o que se le haya conferido una función pública.

Funes también hace observaciones en cuanto a la entrada en vigencia de dicha ley y propone que entre en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial, para que esté conformada debidamente los comisionados que deberán garantizar los cumplimientos.

Otra observación es la concerniente al nombramiento de los comisionados del Instituto de Acceso a la Opinión Pública. Para la presidencia la ley debe dejar claro que será el mandatario quien seleccionará a los miembros que saldran de las ternas propuestas por las instancias que hayan cumplido con las obligaciones y deberes establecidos en la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro y su reglamento; y con respecto a las universidades privadas, deberán de cumplir con las obligaciones y deberes establecidas en la Ley de Educación Superior y otras normativas. Los sindicatos que participarán también deberán haber cumplido con todos los requerimientos legales.

Asimismo, observa el artículo 73 que se refiere a documentos e información previos a la entrada en vigencia de la ley y pide una nueva redacción para dar por terminados los casos cuando la información pública solicitada no exista.

Respecto a la documentación que garantice la veracidad del consentimiento del titular de la información, el mandatario señala que debe de puntualizarse las formas en que se dará ese consentimiento.

Finalmente sobre el procedimiento sancionatorio y el procedimiento de acceso a la información, Funes señala que debe de establecerse un procedimiento para cada supuesto porque los casos no son idénticos.

Observado el decreto de ley los diputados deberán evaluar si incorporan las recomendaciones o si realizan una nueva redacción.

Derecha pide no eliminar subsidio al gas
Contrapunto 05-01-2011

La medida, estudiada y postergada por algún tiempo, fue tomada debido a que es insostenible para la crítica arca del Estado

La fracción legislativa de derechista Arena pidió al gobierno no aplicar la focalización del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), debido a que la supresión del beneficio traerá daños a la deteriorada economía familiar de los salvadoreños y causará efectos colaterales al medio ambiente.


El ahora opositor partido presentó una pieza de correspondencia para que el congreso legislativo solicite al presidente Mauricio Funes que haga marcha atrás de la focalización del subsidio al gas.

El gobierno pretende impulsar en febrero próximo un subsidio al gas únicamente para las familias pobres y no de manera generalizada para toda la población y empresas como se ha mantenido hasta ahora.

La medida, que ha venido estudiándose y prorrogándose, fue tomada por el gobierno debido a que es insostenible para la crítica arca del Estado. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, mantener el subsidio al gas de forma generalizada le cuesta al Estado más o menos unos $33,2 millones.

Además, el subsidio ha provocado una red de contrabando de cilindros de gas hacia Guatemala, Honduras y Nicaragua, países que no tienen el beneficio.

El sistema subsidiario se ha mantenido desde los últimos 25 años a través de las compañías gaseras, quienes reciben el dinero desde el Estado. Ahora, el Ministerio de Economía (MINEC) focalizará el subsidio y será recibido directamente por el beneficiario.

Alrededor de un millón de hogares recibirán “el subsidio en sus manos”, dice la cartera de Estado.

El MINEC espera implementar el nuevo sistema en febrero próximo, luego de un reajuste de la metodología para entregar el subsidio y entendimiento con los diversos centros financieros en los que se hará efectivo el pago.


Críticas al subsidio focalizado

El partido Arena asegura que la propuesta del Ministerio de Economía “es un duro golpe al bolsillo de los consumidores”, debido a que se incrementaría en $8 la canasta básica familiar.

Además, la fracción arenera dice que la decisión de sus gobiernos de mantener el subsidio al gas, también tenían razones ecológicas, ya que pretendían proteger los bosques del país de la depredación de árboles para conseguir leña para uso doméstico.

“Dicho subsidio no se concibió como respuesta a la pobreza, sino para proteger la poca masa boscosa que nos queda; pero de implementarse (la nueva medida) se generaría un problema social mayor, aumentando por consiguiente la pobreza en nuestro país, con el incremento del costo de la canasta básica”, dice la pieza de correspondencia presentada por Arena.

El partido opositor propone mantener el subsidio al gas a través de la utilización de un fondo que se conseguiría con un impuesto de alrededor de $0,20 centavos por cada galón de gasolina, que se consigue de la Cuenta Especial de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), creada en julio 1981.

El partido Arena también cuestiona el mecanismo que utilizará el gobierno para retribuir el subsidio al gas, pues lo considera burocrático.

“El mecanismo que ha anunciado el gobierno para retribuir dicho subsidio, no da las garantías de que será efectivo para los beneficiarios, libre que es muy oneroso el ponerlo en práctica, por lo que el gobierno pretende ahorrarse con dicha focalización se perderá en burocracia”, dice la fracción de derecha.

El partido en formación Nacional Liberal (PNL) también propuso al MINEC que se proteja a los profesionales salvadoreños que están desempleados y actualmente no podrían costear el incremento del precio al cilindro al gas.

“Si yo soy profesional y tengo dos años de no trabajar, cómo voy a pagar ese tambo de gas a $13, solo porque soy profesional y no tengo un ingreso, un empleo, de dónde voy a sacar dinero para pagarlo”, dijo José Adolfo Majano, miembro del PNL.

El diputado oficialista del FMLN, Roberto Lorenzana, aseguró a la prensa que la metodología por la que optó el gobierno para retribuir el subsidio tiene “errores” y que por lo tanto no será “funcional”.

Padres de caídos, siguen todavía en la lucha
Contrapunto 04-Enero-2011

Los beneficiados serían 7.434 padres y madres de combatientes guerrilleros caídos en la guerra civil (1980-1992)

Aunque las balas y los bombardeos terminaron hace 19 años con la firma de los de los Acuerdos de Paz (1992), hoy en día las madres y padres que perdieron a sus hijos en la guerra civil que sufrió este país centroamericano sigue sin tener tranquilidad en su vejez.


Sólo que en la actualidad estas personas de la tercera edad luchan por una pensión monetaria, lo que hasta el momento el gobierno no ha accedido para que estos ancianos sean incluidos en el sistema de pensiones de lisiados del conflicto y puedan recibir una ayuda económica que les permita paliar su difícil situación económica.

Ante la actitud del gobierno los padres de los muertos en la guerra civil, con apoyo de tres organizaciones de lisiados, se han tomado la Catedral de San Salvador desde el pasado 20 de diciembre, decisión que tiene molestos a feligreses y la misma Iglesia Católica, pues impide que lleven acabo las actividades religiosas en dicho templo.

“Uno de la tercera edad ya no puede trabajar, entonces ¿de qué vamos a vivir si no tenemos ningún sueldo de nada?..., por eso andamos luchando para ver si podemos ablandarle la conciencia al gobierno para que nos dé una pensión para ir sobreviviendo”, dijo Juana Francisca Henríquez, de 73 años de edad.

“Nosotros del mismo trabajito que hacemos –siembra en la tierra- apartamos un poquito y cuando se viene el tiempo de comprar los insumos de ahí agarramos para volver a comprar, pero ahorita así como estamos no tenemos de qué agarrar porque nos fue mal”, aseguró Juana Francisca, quien alega que en última cosecha de 2010 perdieron todo el frijol y la mayoría del maíz.

Juana Francisca, quien reside en una humilde casa de adobes, dañada por el terremoto de 2001, perdió a tres hijos en la guerra, quienes lucharon en la filas del insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la actualidad partido en el gobierno. Henríquez, junto a su esposo de 76 años, vive en una zona provincial del departamento paracentral de San Vicente, conocido como Amatitán Arriba.

De acuerdo a las tres organizaciones de lisiados que están apoyando a los ancianos y ancianas que perdieron a sus hijos en la guerra, la población que necesita la pensión asciende a 7.434 personas.


Lisiados respaldan a padres de caídos en guerra

“Al gobierno le estamos pidiendo que resuelva este problema de los 7.434 padres de combatientes caídos, porque lo que estamos pidiendo es una pensión digna para ellos, de unos 230 dólares”, dijo Pedro Ortega, de la Asociación Salvadoreña de Lisiados y Discapacitados de Guerra (ASALDIG).

Los padres de los caídos, apoyados por ASALDIG, Fundación de Lisiados y Discapacitados para el Desarrollo Integral (FUNDELIDDI) y la Asociación de Veteranos Revolucionarios Salvadoreños (AVERSAL), aseguraron a ContraPunto que no se moverán de Catedral hasta que el gobierno acceda a su petición.

Hasta el momento el primer gobierno de izquierda, en manos del FMLN, no se ha pronunciado al respecto. El FMLN como partido político está integrado por las cinco organizaciones insurgentes que combatieron contra la Fuerza Armada de El Salvador durante el conflicto armado, finalizado el 16 de enero de 1992 por medio de un pacto político.

“Bueno, como este es nuestro gobierno y nosotros nunca hemos dado un voto por otra bandera, me extraña que nos estén dando la espalda; oficialmente no han dicho nada”, señaló Ortega. La mayoría de los manifestantes combatieron en las filas de la guerrilla.

“Nosotros vamos estar aquí hasta que el presidente –Mauricio Funes- mande siquiera al doctor Alex Segovia –Asesor de Asuntos Económicos del Presidente- a comprometerse con un documento por escrito diciendo que hoy en enero se le va buscar una solución a esto, de lo contrario no nos movemos de aquí”, sentenció Ortega.

Por su parte, Daniel Hernández, presidente de FUNDELIDDI, indicó que es “penoso que un gobierno que se dice del cambio este actuando como los gobierno anteriores de ARENA –Alianza Republicana Nacionalista-”.

Los anteriores gobiernos de ARENA relegaron al baúl de los olvidos al sector de los lisiados y parientes de combatientes que perdieron su vida. Durante los años 1993; 1994 y 1995 no les pagaron las pensiones a las mujeres y hombres lisiados de guerra y familiares de caídos. El Estado llegó a deberles $19.5 millones. Cabe aclarar que el nuevo gobierno asumió esa deuda que ya fue pagada, pero todavía el sector está altamente golpeado, como estas madres y padres que quedan en el abandono con la finalización del pago de la pensión que les daba el gobierno el año pasado.

Durante todo el 2010 los familiares de caídos en la guerra recibieron una cuota de $60, pero el 20 de diciembre se les pago lo último, por lo que ahora luchan para que sean incorporados al sistema de pensiones de lisiados, para recibir una pensión de manera permanente durante lo que les resta de vida, porque a muchos de ellos como Doña Juana y su esposo cada vez se les dificulta más para sobrevivir.

Asimismo, Hernández agregó que “es penoso que quién tiene que velar por los derechos de esta gente, que es la dirección del partido –FMLN- tampoco haya tomado en consideración que quiénes están aquí son sus combatientes, son las madres de los combatientes que murieron en el conflicto, y más aún esos héroes hoy los tienen donde están”.


“Iglesia y PDDH nos ha abandonado”, dicen manifestantes

La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) exigió el domingo “la entrega inmediata de la Catedral de San Salvador y pedimos que nunca se repita las tomas de templo, como sucedió en el pasado”. En el tiempo de la guerra la toma de templos religiosos era común.

Al respecto los manifestantes afirmaron sentirse abandonados porque ni la Iglesia, ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) los están apoyando.

“La iglesia se está saliendo del papel que Jesús les encomendó. Ellos prácticamente a nosotros nos han condenado por estar acá”, expresó Hernández.

“Nos parece injusto que la Iglesia se pronuncie de esa manera”, agregó Ortega.

Ortega también dijo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) los ha abandonado. “Sólo ha mandado dos delegados, como que le han prohibido que vengan hablar con nosotros al procurador”.

“Da vergüenza a la vez que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la que tiene que velar por los derechos humanos de la gente se este haciendo la desentendida. Hemos tenido acercamiento pero han sido acercamientos sin ningún resultado”, añadió Hernández.

Sin embargo, Óscar Luna, procurador ara la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), negó a ContraPunto que “se esté haciendo el desatendido” porque antes de las vacaciones intentó comunicarse con el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Hato Hasbún, pero nunca fue atendido. Y que, incluso, este martes en horas de la mañana envió una carta a Hasbún para solicitarle una audiencia y hablar sobre la problemática de los padres de los caídos en combate y los lisiados.

“Siendo que la Secretaría de Estado bajo su cargo se ha gestado importantes esfuerzos para tratar la problemática de este sector tan olvidado por anteriores administraciones, con todo respeto les solicitó que con carácter urgente sostengamos una reunión de trabajo en el lugar y hora y día que usted estime conveniente para tratar este conflicto y contribuir a su pronta solución”, lee el Procurador, mientras pronunció que espera una pronta respuesta por parte del Ejecutivo.

El procurador dijo que está en “la disponibilidad de colaborar como mediador”, pero aclaró que quien tiene que resolver es el Ejecutivo, no él.

ContraPunto intentó comunicarse con Hasbún, pero hasta el cierre de la nota no fue posible.

Este próximo 16 de enero se cumplen 19 años del fin de la guerra civil en el Salvador, que dejó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y más de 35.000 lisiados. Aún las heridas de la guerra siguen sin sanar, y muchos de los afectados como estos padres y madres siguen mendingando por una ayuda, pues las necesidades del sector afectado por la guerra son muchas.

Una década de dolarización
Contrapunto 03-Enero-2011

Luego de diez años que la divisa estadounidense sustituyera al Colón en El Salvador, el alance de su desempeño es más negativo que alentador

Atrás había quedado el año 2000 con su fantasma del Y2K, aquel supuesto error informático que llegaría con el nuevo milenio, el anunciado caos que tendría el Mundo por la desconfiguración de los sistemas operativos de las computadoras nunca llegó.

En El Salvador el caos sí fue una realidad, llegó un año más tarde, con el primer día del 2001. Su nombre: Ley de Integración Monetaria (LIM) o popularmente conocida como la dolarización.

La moneda nacional: el Colón, fue sustituida gradualmente por los dólares estadounidenses. Diez años han transcurrido desde entonces, el dólar sigue circulando en el país y los colones fueron embodegados, algunos son pieza de colección.

Como en aquella vitrina de una venta de antigüedades en un lujoso centro comercial de la capital en donde se comercia irónicamente un billete de cinco colones por uno de cinco dólares.

Rafael Hernández, tiene once años, cursa sexto grado y nunca vio a los colones circular, su moneda siempre fue el dólar. Cuenta que conoció un billete de colón porque su papá se lo mostró.

El chico nació en 1999, dos años antes de que entrara en vigencia la Ley, pero cuando aprendió a manipular el dinero lo hizo con la divisa estadounidense. En su colegio, en la clase de matemática le enseñaron a intercambiar los billetes verdes americanos y no añora los colones.

“En el colegio nos dijeron que el colón era la moneda antigua, eso”, dijo a ContraPunto.


Dolarización

El dólar comenzó a circular en enero de 2001 y no hubo marcha atrás, pese a las numerosas protestas de organizaciones civiles y los dos terremotos de enero y febrero, que dejaron más de 1.200 fallecidos y serios daños a la economía del país.

Una década después hubo que hacer un análisis de la medida. Uno de los más importantes fue presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el estudio “Efectos de la dolarización oficial en el desempeño macroeconómico de El Salvador”.

El informe señala que la decisión de dolarizar la economía salvadoreña se dio con un antecedente en el que predominaba la liberalización de los años noventa, el incentivo de la inversión en reconstrucción, la apertura financiera y el crecimiento de las exportaciones,

Además, existía un cambio fijo desde 1993, que provocaba una inflación baja, tasa de interés altas y un crecimiento económico “bueno”, pero que se desaceleró a partir de 1996.

El ex presidente Francisco Flores (1999-2004) adoptó la idea de la dolarización, luego de la sugerencia del economista chileno Sebastián Edwards.

Con la dolarización se reduciría el riesgo cambiario, lo que implicaría menores tasas de interés, el despegue de la inversión y las exportaciones tendrían efectos positivos, así mismo habría una reducción de los costos de transacción y se consolidarían las bajas inflaciones.

Para diversos analistas y economistas, los beneficios de la dolarización anunciados con bombo y platillo nunca llegaron. El mismo gobierno del presidente Mauricio Funes ha reconocido el fracaso de la medida, pero aseguró que la mantendrá porque desdolarizar traería daños más serios.

“Capítulo cerrado”, dijo el mandatario y descartó que haya miembros del gabinete económico que deseen regresar al Colón o crear una nueva moneda llamada “Atlacatl”, como llegaron especularon algunos medios.

Sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) Carlos Acevedo sostuvo que el matrimonio entre El Salvador y el dólar “no ha funcionado bien”, pero que el Gobierno buscaba hacerlo funcionar, aunque ellos no hayan decidido casarse con la moneda.

Según su análisis, la dolarización en El Salvador no tuvo buenos resultados porque cuando se implementó el nivel de reservas internacionales netas no eran suficientes, no se solventó el desequilibrio fiscal y tampoco se impulsaron inversiones en el capital humano.

Las críticas contra la dolarización recaen en el encarecimiento del costo de la vida, el aumento en el precio de los bienes y servicios, la pérdida de facultades de emisión de moneda y la pérdida del poder adquisitivo.

En términos macroeconómicos los azotes tienen que ver con el crecimiento del déficit fiscal y de la deuda pública.

Los críticos de la dolarización, sobre todo sectores de izquierda, piden el retorno del colón o medidas alternativas al dólar, mientras que los grupos conservadores del país exigen su continuidad. Hasta el momento no hay discusiones al respecto.

El Salvador no es el único con este debate, el Ecuador también mantiene su economía dolarizada desde hace una década y su aplicación le trajo más problemas que soluciones.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa, economista y miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ha reconocido en la dolarización “la peor cantinflada” económica de su país, pero no la revertirá para evitar daños más serios.


Recuerdos cambiarios

Ana Cecilia Argueta, de 45 años, ama de casa y madre de Rafael, recuerda con comicidad y recelo los primeros días de enero cuando hacer intercambios comerciales en el país era un completo caos.

Rememora aquellos días como con calculadora en mano multiplicaba o dividía, según el caso, entre 8.75 para obtener la cantidad esperada. “Muchas veces me bajaron”, dijo entre sonrisas.

Para ella, la idea de la dolarización en un principio resultó tentadora, entonces recibía remesas desde los Estados Unidos y se evitaba la fatigosa tarea de cambiar la moneda, pero poco a poco se dio cuenta que no trajo ningún beneficio.

“En parte si me pareció, porque pensamos que íbamos a gastar dólares e íbamos a ganar dólares, pero no me pareció cuando vimos que la cosa ya fue diferente, que gastábamos dólares y ganábamos colones, allí ya no me pareció”, expresó.

Oscar Kattán: “La dirección del ISSS es compleja y recibe muchos ataques”
La Página 02-Enero-2011

Para desvirtuar las acusaciones de malversación de fondos que hiciere el partido ARENA, el director del ISSS ha solicitado una auditoría a la Corte de Cuentas

El director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, Oscar Kattán, restó importancia a las acusaciones que hiciera el partido ARENA, en las que lo acusan de malversación de fondos y falta de transparencia.

Kattán considera que la dirección del ISSS es compleja por lo que recibe muchos ataques mediáticos que piden su cabeza.

El titular del ISSS asegura haber cerrado el 2010 con una gestión transparente, ya que se han mantenido los recursos de la institución y esta no ha “sucumbido” a un desequilibrio financiero.

Sin embargo considera que debido a que la institución ha manejado unos fondos de aproximadamente 407 millones de dólares, en ocasiones se ha vuelto vulnerable a los ataques por parte de los detractores, por lo que personalmente solicitó a la Corte de Cuentas agilice el proceso de auditoría para que la población sepa cómo se han manejado dichos recursos.

“Este tipo de declaraciones dañan la autonomía, es un agravio para la institución, afectan a los derecho habientes, la información que han utilizado para difamar se ha descalificado y es por eso que solicité la auditoría de la Corte”, dijo el funcionario.

Además el director explica que producto de la buena gestión que ha realizado el frente del ISSS, es la relación óptima que la institución tiene con los sindicatos de los trabadores y una clara muestra de ello es el aumento salarial de $37.00 que recibirán los empleados a cambio del bono, como acuerdo que se tomo con el sindicato.

En cuanto a los planes para el 2011 que tiene el ISSS, Kattán mencionó entre otros, la incorporación de tecnología para el pago de las planillas desde la página web, esto para evitar que los derecho habientes se sometan a las extensas colas en los días de pago.

Y un objetivo importante que subraya el director es la recuperación de más empleos; según el funcionario hasta la fecha la institución ha logrado recuperar por lo menos 28 plazas de las 38 mil que se perdieron en las gestiones anteriores.

Corte habilita la acusación particular cuando haya inacción o desidia de Fiscalía
El Faro 28-Diciembre-2010

La Sala de lo Constitucional abrió la puerta para que en caso de "inactividad o desidia de la Fiscalía General de la República", las víctimas pueden abrir un proceso penal ante un juez. Asimismos, declaró inconstitucional la pena de 75 años de prisión. La Asamblea Legislativa deberá reformar las leyes que hagan falta para ajustarlas al fallo.

La Sala de lo Constitucional sentenció el jueves 23 que ya no solo la Fiscalía pueda presentar ante un juzgado el requerimiento de un proceso judicial contra personas acusadas de delitos, sino que puedan hacerlo también las víctimas o sus representantes en caso de que pase el tiempo y el Ministerio Público no actúe. La sentencia quita al fiscal el monopolio de la acción penal y le establece un máximo de 10 días para abrir un expediente.

El razonamiento de los magistrados es que si la Fiscalía no actúa -como sucede en la mayoría de delitos graves- acusando a alguien en particular, la víctima o los parientes de la víctima quedan desprotegidos por parte del Estado, que se supone que debe garantizar el derecho a la justicia.

Según el Código Procesal Penal, en caso de delito, el camino de la denuncia pasa, invariablemente, por la Fiscalía, que es la que puede abocarse ante un juzgado con pesquisas para pedir que se procese a alguien. Con la sentencia, lo que se está posibilitando es que las víctimas o sus representantes puedan llegar a un juzgado a presentar un caso, sin necesidad de la Fiscalía.

"Y es que la Constitución no establece que el ejercicio de la acción penal sea un “monopolio” por parte de la Fiscalía, como hasta ahora se había entendido, bajo la premisa de proteger su independencia funcional frente a otros órganos. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional sostiene que la inexistencia de un plazo para presentar el requerimiento fiscal ante un juez (cuando hay reo ausente), genera un ámbito de desprotección hacia las víctimas de los delitos", dice el comunicado de prensa emitido por la Corte Suprema la tarde del 23 de diciembre.

En una parte de las 203 páginas que contiene el documento, los magistrados explican que "para garantizar la efectividad de esta sentencia" debe revivirse el plazo de 10 días que antes establecía el Código Procesas Penal.

El fallo obligará a la Fiscalía a mayor diligencia para presentar ante un juzgado un requerimiento contra personas acusadas de delitos o, en su defecto, si vencido ese plazo -que debería fijar la Asamblea Legislativa- la Fiscalía no ha actuado, la Sala señala una vía alternativa a la víctima para llevar ante un juez una investigación, pues interpretan que la Constitución. "En conclusión, puede acotarse que, en virtud del artículo 86 de la Constitución relacionado con los artículos 193 ordinal 3o., 172 incisos 1o. y 3o., así como con el artículo 186 inciso 5o. de la Constitución, en el proceso penal corresponde a la Fiscalía General de la República la investigación de los hechos delictivos y la promoción –no monopolio– de la acción penal...", aclara una parte de la sentencia.

Por eso, agregan una vía alternativa a las víctimas: "En todo caso, con fundamento en el derecho de las víctimas de tener acceso a la jurisdicción, derivado del artículo 2, final del inciso 1o. de la Constitución, el Fiscal está obligado a autorizar la conversión de la acción penal pública en acción penal privada, cuando prescinde de la acción pública, a fin de garantizar, en definitiva, el derecho de acceso a la jurisdicción y la protección o tutela judicial efectiva."

Esta decisión pretende responder a las garantías constitucionales de seguridad jurídica y de acceso a la justicia, que podrían estar siendo violadas cuando la Fiscalía, a pesar de denuncias específicas, por una diversidad de razones no procede a judicializar los casos.

Los magistrados de la Sala aclaran en la sentencia que los diputados serán en última instancia los que deben regular y estudiar el plazo más razonable que debería tener el fiscal para llevar ante un juez un proceso penal.

En la actualidad la figura del querellante particular ya existe, pero no puede actuar sin un fiscal y depende de este para el desarrollo de un proceso penal. Esta figura la activó la empresa privada hace una década para combatir los secuestros. Uno de los abogados que actuaron bajo ese concepto fue Ástor Escalante, que posteriormente fue viceministro de Seguridad y después fiscal adjunto. “El querellante también puede llevar pruebas a la Fiscalía para que ella abra una investigación... pero el que tiene el monopolio de la investigación es el fiscal”, explica Escalante, sobre la situación antes de la sentencia.

En la sentencia, los magistrados se pronuncian sobre la “Ausencia de plazo al fiscal para presentar requerimientos contra un imputado ausente.” El artículo impugnado como inconstitucional es el 235 del Código Procesal Penal, que solo dice que en caso de un delito con un acusado prófugo, la Fiscalía tendría que presentar el requerimiento "en el menor tiempo posible". Eso abre las puertas a un período virtualmente infinito y, por lo tanto, vulneraría el derecho constitucional a la justicia.

Los demandantes que impugnaron el artículo ante la Corte alegan que tal legislación “viola la seguridad jurídica en la medida que no señala plazo al fiscal para la presentación de requerimiento contra un imputado no detenido”. Esta situación vulnera lo que establecen los artículos 2, 172 y 193 ordinal 4o. de la Constitución, reclaman los demandantes.

El artículo 2 consigna un grupo de derechos fundamentales como el de la vida, la libertad y la integridad personal. El 172 explica el ordenamiento y responsabilidad del Órgano Judicial, y el 193 ordinal 4o. establece la potestad de la Fiscalía de “promover la acción penal de oficio o a petición de la parte”. En este caso, la deliberación parte del acceso a la justicia y a obtener una respuesta.

Los magistrados han centrado su análisis en la inexistencia de un plazo para que una víctima reciba respuesta de la Fiscalía. Precisamente es un segundo aspecto del apartado de la sentencia que afecta a la Fiscalía y sobre el que los magistrados pueden abrir el camino para establecer un plazo máximo para que la Fiscalía acuse y lleve a juicio a una persona. Una de las posibilidades es que se retorne al plazo que ya prescribía la anterior legislación penal, que era de 10 días hábiles.

Literalmente, la Sala pide a los diputados que legislen sobre la base de que hay ocasiones en las que "el fiscal no quiere investigar" o "no inicia o prosiga el proceso penal. " "La Sala exhorta a la Asamblea a que desarrolle los mecanismos y garantías procesales adecuados para la protección jurisdiccional de las víctimas, especialmente en cuanto a la autonomía del querellante o acusador particular", dice el texto de la sentencia.

Un antencedente de la discrecionalidad de tiempos de la Fiscalía que pueden implicar violación a garantías constitucionales es el del ya fallecido dirigente del partido FMLN Schafik Hándal, quien hace más de seis años demandó ante la Sala de lo Constitucional al fiscal general de la República por negarle acceso a la justicia.

El texto del amparo interpuesto por el político durante las elecciones de 2004 explica que Hándal inició un proceso ante la Fiscalía y no obtuvo respuesta de la institución. “El Fiscal General de la República le negó el derecho de petición, y con ello el acceso a la justicia”. En dicho alegato, los abogados de Hándal exponen que después de tres meses de presentar acusaciones penales contra Rafael Menjívar Ochoa y Moisés Urbina, por el delito de difamación y daños al honor, no recibió respuesta de parte de la Fiscalía.

Un ingrediente adicional que compone el contexto en que los magistrados firman la sentencia es el de la eficacia de la Fiscalía. En el caso de los homicidios, por ejemplo, aunque no hay datos globales, las cifras de algunas plazas como Santa Ana y San Salvador muestran que el nivel de condenas que logra el Ministerio Público ha sido de apenas un dígito en los últimos años.

Esta parte de la propuesta de sentencia abarca solo unos pocos del medio centenar de artículos de cuatro leyes distintas que han sido impugnados y que, como están relacionados, los magistrados resolvieron en un solo fallo. La sentencia afecta a 53 artículos de cuatro normativas: el Código Penal, que compendia los delitos y las faltas y las respectivas sanciones; el Procesal Penal, que establece los procedimientos en los casos de delitos -como plazos, requisitos, medios de prueba, competencias y audiencias de un proceso judicial-; la Ley de Telecomunicaciones, en la parte que habla sobre la “inviolabilidad” de las comunicaciones, y la Ley Penitenciaria, en la parte que regula el régimen de internamiento especial.

Los 53 artículos fueron impugnados en distintas demandas a lo largo de varios años, y nunca fueron resueltos. La primera impugnación está por cumplir una década, pues fue presentada en 2001.

Aparte de quitar a la Fiscalía el monopolio de la acusación ante un juez, los magistrados se pronuncian sobre la pena de prisión máxima que permite la ley salvadoreña, que es de 75 años, y que está recogida en tres artículos del Código Penal. En este punto, los magistrados de la Sala declararon inconstitucional tal pena en la medida en que viola el artículo 27 de la Constitución, que rechaza la posibilidad de condenar a una persona a prisión perpetua.

Sin embargo, los magistrados aclaran que la declaración de inconstitucionalidad no implica la “anulación” de los artículos impugnados, es decir, que todas aquellas personas que ya fueron vencidas en juicio "no pueden quedar en la impunidad y la indeterminación sobre sus consecuencias". En este caso, la Sala de lo Constitucional sostiene que las penas aludidas deben mantenerse mientras la Asamblea Legislativa establezca -en el menor plazo posible- unos montos más acordes con la Constitución.

En la práctica, según los magistrados, en un país en el que la esperanza promedio de vida es inferior a 75 años, una condena de tal magnitud supone cadena perpetua y, por lo tanto, viola la Constitución. Con este fallo, la Sala de lo Constitucional desandó el camino que anduvo la Sala presidida por Agustín García Calderón, que firmó en 2008 una sentencia en la que estableció que la pena de 75 años no puede interpretarse como cadena perpetua porque una persona condenada tiene posibilidades de pedir libertad condicional y cumplir la pena de otra forma alternativa a la prisión.

La sentencia fue firmada por los cinco magistrados, aunque uno de ellos, Néstor Castaneda, no firmó dos puntos.

La sentencia abarca 22 temas distintos en el que también se pronuncian sobre el régimen penitenciario especial, para el caso de los reos considerados de máxima peligrosidad, y que son enviados al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. En ese caso, la Sala explica que “celdas de castigo”, “encierros especiales”, deben ser justificados por una estudio criminológico y deben ser excepcionales, proporcionales, temporales y necesarios.

Castaneda votó disidente en dos elementos de la sentencia: "Mi opinión discrepante se limita exclusivamente a dos cuestiones específicas: a) el punto No. 1 del fallo, que declara inconstitucional el incremento de las penas de prisión previsto en los arts. 45 nº 1, 71 y 129 inc. final del C. Pn., que en definitiva establecen el límite máximo de la prisión en setenta y cinco años; y b) el párrafo tercero del punto Nº 5 del fallo, en el que se exhorta a la Asamblea Legislativa para que regule el acceso directo de la víctima al proceso penal, mediante el inicio y la prosecución autónoma del enjuiciamiento de esa clase, en los casos de inactividad o desidia de la Fiscalía General de la República."

Otros puntos sobre los que se pronunciaron los magistrados son los siguientes:

Violación a las comunicaciones telefónicas. Los artículos impugnados son: el artículo 302 del Código Penal y los artículos 42-B, 42-C, 42-D y 42-H de la Ley de Telecomunicaciones. Los demandantes alegan que autorizar a los agentes policiales a intervenir los teléfonos de particulares lesiona el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, previsto en el artículo 24 inciso 2º de la Constitución. Este punto ya fue resuelto con la reforma constitucional que permite la intervención de las llamadas telefónicas para combatir el crimen. La Constitución ya es clara al permitir la intervención de las llamadas telefónicas para investigar delitos previa autorización de un juez.

Proposición y conspiración tienen igual pena que delitos consumados. Los artículos impugnados son: 129-A, 149-A y 214-C del Código Penal. Los demandantes creen que es inconstitucional sancionar la proposición y conspiración para el homicidio agravado, el secuestro y la extorsión con la misma pena que los delitos consumados, pues contraviene los principios de proporcionalidad y culpabilidad de los artículos 1 y 12 inciso 2o. de la Constitución. En este caso los magistrados aclaran que no es lo mismo condenar a una persona por un delito cometido que condenarlo por un acto no consumado que estaba en planificación y, por lo tanto, que es inconstitucional que tengan penas iguales.

Pena de prisión para el abogado que no asiste a un anticipo de prueba. El artículo impugnado es el 313 inciso 2o. Este sanciona con pena de prisión e inhabilitación de la profesión al abogado que no comparezca a un anticipo de prueba. Se viola, dicen los demandantes, los principios de culpabilidad, proporcionalidad y lesividad que recoge el artículo 12 de la Constitución. Este punto la Sala establece que un abogado no puede ser sancionado con prisión por una falta administrativa que puede sancionar el mismo Órgano Judicial.

Diligencias de investigación encomendadas por los jueces a los fiscales. Los artículos impugnados son: 84, 142, 162 inciso 2, 261 inciso 2 del Código Procesal Penal. Los demandantes denuncian violación a los principios de imparcialidad e independencia judicial cuando dentro de un caso hay diligencias de investigación encomendadas por los jueces a los fiscales. Artículos 86, 186 inciso 5 y 193 ordinales 3o. y 4o. de la Constitución. En este punto los magistrados aclaran que los jueces pueden hacer sugerencias a los fiscales.

Permisión legal para que los jueces practiquen pruebas. Los artículos impugnados son: 266 ordinales 3o. y 4o., 267 inciso 1o., 268, 273 inciso 2o., 309, 318 inciso 1o., 320 ordinales 10o. y 13o. y 353 del Código Procesal Penal. Los denunciantes señalan violación a los principios de imparcialidad e independencia judicial, puesto que se refieren a la permisión legal de los jueces para practicar prueba de oficio e interroguen testigos, peritos e imputados. Se supone que un juez no puede ser juez e investigador a la vez, porque si así fuera él terminaría juzgando los hallazgos producto de una investigación que él dirigió. Los artículos 86, 186 inciso 5o., y 193 ordinales 3o. y 4o. de la Constitución son los supuestamente vulnerados. En este punto, los magistrados confirman y aclaran que los jueces están capacitados para hacer preguntas.

Solicitud de orden de registro judicial por la policía. Los artículos impugnados son: 173 inciso 1o. y 180 inciso 2o. Las personas que demandan alegan que los policías no pueden requerir orden de registro y secuestro de evidencias a un juez, ya que esto le compete únicamente a la Fiscalía. En este punto los magistrados aclararan que el procedimiento es legítimo y forma parte de las herramientas de una investigación.

Agente encubierto y agente provocador, porque permiten acudir al engaño para investigar delitos. Los artículos impugnados son: 15 incisos 5o. y 6o. del Código Procesal Penal. Los demandantes denuncian que que es ilegal permitir la utilización del engaño y la incitación a cometer delitos, como formas para detectar, investigar y probar conductas delincuenciales (agente encubierto y agente provocador). Los demandantes consideran que se viola el debido proceso y presunción de inocencia que establecen los artículos 11 y 12 de la Constitución. En este punto los magistrados aclaran que los agentes encubiertos tienen vía abierta para realizar investigación, pero explican que no pueden provocar un delito. Un ejemplo de este caso es que un agente de policía no puede incitar a una persona a cometer un delito.

Inspecciones corporales violentan la dignidad y presunción de inocencia. Los artículos impugnados son: 167 incisos 1o. y 2o. del Código Procesal Penal. Según los demandantes, al practicarse inspecciones corporales se violenta el derecho a la dignidad y a la presunción de inocencia. En este punto, los magistrados establecen que eso es un procedimiento que no puede ser inconstitucional y que debería estudiarse caso por caso.

La OEA destituyó a su representante en Haití por criticar a la ONU
Telesur 27-Diciembre-2010

Ricardo Seitenfus (centro)cuestionó el papel de la Minustah en Haití, a la que calificó como fuerza de ocupación

Ricardo Seitenfus, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Haití fue destituido este lunes luego de criticar la gestión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Haití.

La destitución se produce tras la publicación del periódico suizo Le Temps de unas declaraciones atribuidas a Seitenfus en las que cuestiona el papel de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), presente en el país desde 2004, y la política de la comunidad internacional hacia la nación caribeña

Según el criterio del diplomático brasileño, la Minustah impone tropas en un estado que no está en guerra civil, ni representa amenaza internacional.

Seitenfus indicó que Haití no es una amenaza internacional, que no se parece a Irak o a Afganistán por lo que no se justifica la presencia de las tropas de las Naciones Unidas en la isla.

"Se trata, para la ONU, de congelar el poder y de transformar a los haitianos en prisioneros de su propia isla", dijo.

Seitenfus criticó además la ayuda internacional a esta nación, afectada por una crisis general, agudizada tras un terremoto en enero pasado y una epidemia de cólera que ha cobrado más de dos mil 700 vidas.

En su severa críticas, el diplomático brasileño dijo que Haití sufre consecuencias en su independencia por su proximidad diplomática con Estados Unidos, y agregó que ha sido objeto de una atención negativa por parte del sistema internacional.

"Los haitianos cometen lo inaceptable en 1804 (año de su independencia): un crimen de lesa majestad para un mundo inquieto. Occidente es entonces un mundo colonialista, esclavista y racista que basa su riqueza en la explotación de tierras conquistadas. Entonces, el modelo revolucionario haitiano da miedo a las grandes potencias", agregó.

Seitenfus se refirio además a las organizaciones no gubernamentales presentes en Haití luego del terremoto del 12 de enero, a las que criticó por la poca preparación de sus cooperantes "desembarcaron en Haití sin experiencia alguna", dijo.

Obispo insta a Presidente Funes y FMLN a trabajar unidos
Colatino 27-Diciembre-2010

El Obispo Luterano Medardo Gómez, instó al Presidente Mauricio Funes y dirigentes del partido FMLN, a trabajar unidos por la nación.

Según el religioso, es justo decirle al Presidente de la República que si no hay un diálogo interno ejecutivo, franco, fraternal y de confianza con el partido en el gobierno, para unirse en las decisiones y ejecutarlas de forma estratégica y prudente, de cara a la nación, “da lugar a que en el futuro haya una segura derrota para la izquierda”.

Las supuestas “diferencias entre el partido en el gobierno y el Mandatario, dan una gran oportunidad a la renovación de la derecha. Y creo que hasta ahora en la historia, quien ha demostrado que no hay justicia a favor de los pobres ha sido la derecha, y la izquierda es la esperanza para los pobres”, manifestó el Obispo.

En cuanto a las recientes declaraciones brindadas por el jefe de Estado, en las que solicitó a los funcionarios de su gabinete, no participar en actos proselitistas, o de lo contrario serán destituidos de su cargo, Gómez dijo que las declaraciones del Presidente son correctas, en referencia a la constitucionalidad de estas.

“Lo malo es el método, dicha afirmación debió decírselas únicamente a los funcionarios y no así en una forma pública, eso lo aplauden y va dar lugar a orejas que van a estar pendientes del actuar y del decir de cada funcionario”, agregó el religioso.

Asimismo, dijo que al partido no le conviene ordenar y pedir a los ministros que renuncien,
porque el pueblo los necesita. “Con mucho respeto le digo al Presidente que sea pronto para escuchar y tardo para hablar, y así habrá una prudencia, de la cual nunca va a arrepentirse y evitará su supuesta prepotencia”.

Consolidado 2010

Con relación a las problemáticas del país, Gómez aseguró que estas han incrementado considerablemente, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por las autoridades y el gobierno.

“Lastimosamente cerramos el año 2010 con un incremento en desempleo, pobreza, migración e inseguridad. El gobierno todavía no ha podido hacerle frente a la situación difícil que se enfrenta, producto de la bancarrota que quedó por parte de las administraciones anteriores, pero somos un pueblo de fe y esperanza y desear que el próximo año sea de mucha esperanza y
logros” concluyó el Obispo Luterano

Madres de caídos en guerra reclaman ayuda
Contrapunto 23-Diembre-2010

Madres y padres de héroes de la guerra, todos ancianos y pobres, reclaman el cumplimiento de ayuda social que Mauricio Funes les prometió

Sentada sobre unas colchonetas dentro de la Catedral Metropolitana está María Alejandra Membreño, de 70 años de edad. Es una de las tantas madres que perdieron a sus hijos durante el conflicto armado (1980-1992) que dejó 75,000 muertos en este país centroamericano.


Desde el lunes las madres y parientes de caídos en la guerra, apoyados por organizaciones de lisiados de guerra, se han tomado Catedral. Han cerrado un tramo de la calle en la parte frontal del templo religioso con lazos y pancartas en señal de presión para que el gobierno las incluya en el sistema de pensión de lisiados debido a que pasan por una situación económica difícil.

Su rostro surcado por los años refleja lo duró que le ha tocado vivir a doña María. De acuerdo a la anciana mujer en la guerra perdió a dos hijos, “los únicos que me podían ayudar; hoy estoy abandonada y no tengo quién me ayude”, expresó en un tono triste.

Doña María para sobrevivir sale a pedir limosna, aunque lo poco que recoge a duras penas le alcanza para subsistir.

“Cuando perdí a mis hijos como todavía tenía fuercesita me dedicaba a lavar, pero hoy como ya no puedo, tengo que pedir. Hay veces que le dan a uno y hay veces que no, lo más que hago es un dólar o dos dólares”, agrega mientras come unas uvas que le han regalado.

Es por esta razón que doña María, acompañada de otras madres y padres que sufren por la pérdida de sus hijos, esposos y hermanos en la guerra, está postrada desde este lunes en la Catedral de San Salvador para exigirle al gobierno una pensión que las ayude a apaliar su pobreza.

Los familiares de la víctimas del conflicto armado son acompañados por tres organizaciones de lisiados de guerra, la Asociación Salvadoreña de Lisiados y Discapacitados de Guerra (ASALDIG), la Fundación de Lisiados y Discapacitados para el Desarrollo Integral (FUNDELIDDI) y la Asociación de Veteranos Revolucionarios Salvadoreños (AVERSAL).

Daniel Hernández, de FUNDELIDDI, dijo que las madres de la tercera edad de los caídos en la guerra han quedado desamparadas, debido a que el pago de $60 mensuales que le comenzó a dar el gobierno en enero en concepto de deuda atrasada finalizó este 20 de diciembre, por “eso estamos pidiendo al presidente Mauricio Funes que estas personas sean incorporadas al fondo de pensiones de lisiadas de guerra”, indicó.

Según los manifestantes son alrededor de 10,000 familias las que saldrían afectadas con la finalización del pago de $60.


Pobreza latente

La mayoría de estas mujeres están sumergidas en la pobreza. Doña María, por ejemplo, quien vive en el Carrizal, adelante del Cuco, en la zona oriental del país, afirma que habita en un humilde rancho hecho de palmas de coco, que en invierno se convierte en un colador total.

Ella aún llora la ausencia de sus hijos, quienes murieron combatiendo. “Nunca los encontré, quizá los zopes o los chuchos se los comieron como quedaban tirados... ha sido difícil para mí ”, dice con profunda tristeza.

Doña María afirma que guarda la esperanza que el actual gobierno, en manos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sea más justo que todos los anteriores en poder de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

“Como él (Mauricio Funes) nos prometió que nos iba ayudar, espero que así sea, aunque hasta ahora no ha ayudado”, sentenció la delgada mujer, mientras mira una ropa usada que le han regalado.

“Esta es la gente que brindó la vida de sus hijos a la Revolución, a la lucha popular armada en todos sus aspectos. No es posible que al presidente de la Republica le esté valiendo un pepino esta gente que está totalmente en el abando”, dijo Pedro Ortega, secretario ASALDIG.

De acuerdo a Camilo Artiga, de AVERSAL, van estar en Catedral hasta que el gobierno acceda a conversar con ellos, por lo cual la toma es de carácter indefinido. También los manifestantes están pidiendo por un aumento de las pensiones de lisiados.

Hasta el momento nadie del gobierno ha conversado con ellos, aunque dijeron a ContraPunto que el Procurador, Óscar Luna, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) está como intermediario, pero que todavía no han recibido ninguna noticia de él.

Presidente Funes promete despedir a funcionarios que hagan campaña electoral en 2011
La Página 22-Dciembre-2010

En 2012 El Salvador elegirá a los 262 concejos municipales y a los diputados de la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano

El presidente de la República, Mauricio Funes, se comprometió a despedir a cualquier ministro o presidente de entidad autónoma que a partir del otro año se involucre en actividades propagandísticas, ya que es un año preelectoral.

“No permitiré que mis funcionarios se involucren en el proceso electoral. Los funcionarios tienen prohibido involucrarse en el proceso electoral. Ministro, viceministro o presidente de autónoma, que quiera dedicarse a la campaña electoral que renuncie, pero ningún funcionario de mi gobierno se va a involucrar en el proceso electoral y quienes quiera participar en el proceso tienen todo el derecho, el presidente de la república no se los va a prohibir, pero tienen que renunciar al gobierno y si no lo hacen voy a tener que destituirlos”, dijo Funes durante su discurso de fin de año, ante la prensa nacional e internacional.

Según el mandatario, los ministros han comprendido que su trabajo es por el bien de la nación, por lo que espera que por su función no se involucren en actividades partidarias.

En febrero de 2012 se realizarán elecciones para concejos edilicios y diputados, en los cuale se espera que haya por primera vez candidaturas partidarias. En el gobierno de Mauricio Funes hay funcionarios que pertenecen al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a Cambio Democrático (CD) y al Partido Social Demócrata (PSD) actualmente en formación.