Militares y policías desalojan huelguistas de hambre en la UNAH; detienen sindicalistas
Voselsoberano.com 05-Septiembre-2010

Centenares de policías asaltaron por tercer vez la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a primeras horas de este domingo, para desmantelar la huelga de hambre que ya suma más de 130 días.

"Nos amenazaron que a cómo diera lugar nos sacarían que no podíamos oponernos", relató Victor Cocoy, quien se encontraba junto a Oscar Danilo Gutierrez, en el lugar, ambos en huelga de hambre.

Aunque anoche se avizoraba una solución al conflicto por negociaciones que se habían dado y acuerdos que se estaban plasmando en un acta con el régimen, donde supuestamente la rectora Julieta Castellanos pactó con Porfirio Lobo Sosa que se encaminarían acciones para solventar la problemática que inició desde abril pasado con el despido de más de 100 trabajadores y trabajadoras, procesos judiciales contra los directivos del Sindicato de Trabajadores de la UNAH, SITRAUNAH; proceso ante el Juzgado de Trabajo para despojar del fuero sindical a Marco Antonio Moreno, dirigente del sindicato; otro asalto por policías el 03 de agosto y permanentes hostigamientos contra trabajadores y trabajadoras.

A petición de las autoridades universitarias y según se señaló por un empleado judicial, fue una denuncia de la rectora Castellanos por Sedición; daños agravados y usurpación en perjuicio de la UNAH y un requerimiento fiscal del Ministerio Público, lo que movió a la juez ejecutora Brenda Sandres a realizar el desalojo, en la causa abierta por el Ministerio Público en los juzgados de los penal.

Patrullas policiales por todos lados; camiones del escuadrón COBRAS; vehículos sin placas aparcados en las aceras de las comidas rápidas cercanas a la universidad, así como tanquetas repletas de gas pimienta, era el panorama que se visualizaba en las afueras.

Los policías no permitieron la entrada del COFADEH argumentando que no habían órdenes del Juzgado que era el encargado de los permisos, porque estaban haciendo una requisa de armas encontradas. Se referían a las armas de los guardias de seguridad de ese centro de estudios.

Hay varias órdenes de captura contra dirigentes, miembros y miembras del SITRAUNAH, entre ellos: Antonio Moreno, René Andino ambos dirigentes de la organización. También contra Christian Durón, quien ya fue capturado y llevado a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC; Antonio López Mendoza, también detenido; Oscar Orlando Salgado; Armando Dolores Trejo; Federico Martínez; Denis Armando Obando; Carlos Orlando Gonzales; Mario Ordoñez Girón; Angel Felipe Avila; Gilma Rosario Mencía; Edis Marlon Flores; Francisco Javier Bonilla; Mercedes Cerrato; Orbelina Zúniga Gutierrez y Evelio Espinal Flores.

Fueron detenidos aparte de Christian Durón y Antonio López Mendoza, los sindicalistas, Alan Junior Matute y Crisna Yaneth Peña. Se denunció que Didier Alexander Herrera estaba secuestrado por los policías en el interior de la UNAH, pero al consultar al jefe de la Policías Metropolitana número Uno, Mario Chamorro, negó el extremo y dijo que todas las personas detenidas fueron enviadas a la DNIC.

Marco Antonio Moreno condenó la acción represiva y manifestó que todo es producto de que en Honduras los golpistas se mantienen en el poder. Mientras anunciaron que la huelga de hambre continuaría en otro sector.
Un policía dijo a los sindicalistas que los vigilantes fueron sacados porque ya llegaría una empresa de seguridad a tomar el control.

También se denunció que se está organizando una paralela al sindicato para pretender enterrar la organización y que sería inscrita a la velocidad del rayo para darle personería jurídica y "legalizar" la misma.
COFADEH

Encuentran segundo barril repleto de dólares
La Página.com 04-Septiembre-2010

Los agentes seguirán buscando pues sospechan que puedan haber más barriles enterrados.

Otro barril de iguales dimensiones y repleto de paquetes de cien dólares fue encontrado cerca del mediodía a pocos metros de donde fue encontrado el anterior el pasado jueves, en la hacienda El Recolado, cantón Penitente Abajo de Zacatecoluca, departamento de La Paz.

Según un oficial, anoche se terminó el conteo del primer barril, mientras otros agentes continuaban buscando en la zona, pues se sospechaba que habían más entierros.

Sorpresivamente encontraron otra losa y al levantarla se dieron cuenta que había señales de un entierro. Al excavar se encontraron con otro barril similar al anterior. Repleto de dinero.

Un investigador señaló que en el caso del primer barril la tierra no estaba suficientemente apelmazada, por lo que implica que los entierros son recientes.

Superficialmene se ve que todos los paquetes embolsados tienen solo billetes de cien dólares. El encontrado el jueves tenía billetes de 100, 50 y 20 dólares y euros, en total nueve millones 285 mil 630 dólares.

Multitudinaria marcha blanca exige Ley de Medicamentos
Colatino 04-Septimbre-2010

Desde las ocho de la mañana, centenares de salvadoreños de diversos sectores del país se concentraron en la Plaza de la Salud, para sumarse a la Gran Marcha Blanca por la aprobación de la Ley de Medicamentos.

La representante de las organizaciones de la salud exige a los diputados del bloque de derecha tener voluntad política para dejar los intereses de las farmacéuticas y priorizar el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos.

“Hay un problema ético, no pueden ser juez y parte, la falta de medicinas es un problema fundamental y el tropiezo son los diputados…”, criticó la representante de la Alianza Ciudadana contra las Privatizaciones, Margarita Posada.

La referida Ley contempla límites razonables a las ganancias de las farmacéuticas, incrementar el presupuesto público para elevar la disponibilidad en todos los niveles de atención, uso de genéricos y control de calidad, por mencionar algunas.

“La rectoría única pasa en todas las partes del mundo y con el mecanismo de regulación de precios evitamos que los medicamentos sean los más caros del mundo”, expresó el Viceministro de Políticas Sectoriales de Salud, Eduardo Espinoza.

Sin embargo, uno de los grandes obstáculos continúa siendo el sector farmacéutico, seguido de los diputados de derecha, quienes rechazan el control de precios y calidad de medicamentos por parte del Ministerio de Salud Pública. “Le hacemos un llamado a los diputados de las fracciones, que se pongan la mano en la conciencia, que resuelvan la angustia de la población que gasta buena parte de su presupuesto en medicamentos caros”, señaló la Viceministra de Salud, Violeta Menjívar, quien vistiendo su camiseta blanca también se sumó a la multitudinaria marcha.

Los salvadoreños elevaron diversas pancartas exigiendo el derecho a la salud, regulación de precios e información de las medicinas, así como, que la rectoría pase a manos del Ministerio de Salud para evitar conflicto de intereses.

Actualmente, el Consejo Superior de Salud está conformado por los mismos empresarios, familiares o trabajadores de las farmacéuticas, lo que implica actos de favoritismo empresariales.

El estudio de la ley tiene más seis meses en la Asamblea Legislativa, donde los avances son pocos debido a la frecuente ausencia de los diputados de derecha, quienes además nunca logran quórum. De 150 artículos que conforman la ley, los parlamentarios solo han analizado cuatro, entre los que se incluye el nombre de la ley. “Es intolerable la situación, la población no puede seguir pagando altos precios”, criticó Espinoza, quien promueve constantemente la aprobación de la ley.

La marcha finalizó con una concentración en el Redondel Masferrer, donde las organizaciones de salud entregarían hojas volantes con información sobre la problemática de medicamentos en el país.

$9 millones 285 mil 630 es el dinero encontrado en el barril

La Página.com 04-Septiembre-10

El barril había sido enterrado bajo una losa y supuestamente fue encontrado de manera fortuita cuando buscaban armas y drogas.

Tras contabilizar el dinero encontrado en un barril, anoche las autoridades policiales contabilizaron un total de nueve millones, 285 mil 630 dólares.

El operativo, al cual no tuvieron acceso los periodistas, se realizó en una hacienda del cantón Penitente Abajo, en Zacatecoluca, departamento de La Paz.

El barril fue extraído de la fosa en la cual había sido enterrado. Inicialmente la PNC, junto con el apoyo de la DEA buscaban armas ligadas al narcotráfico tras varios meses de investigaciones. Dentro del barril habían paquetes de billetes de 100, 50 y 20 dólares

Hasta ayer de la División Antinarcóticos de la PNC junto a fiscales, se encontraban en el lugar para realizar un registro minucioso de todo el terreno para verificar la existencia de más dinero, armas o drogas. Además de determinar la legitimización de los billetes.

Autoridades policiales y fiscales, no descartaron que este dinero sea producto del narcotráfico, pero que esta línea de investigación será solo una de las que se desarrolle hasta determinar la procedencia de este. Algunas investigaciones han determinado que la zona costera del país es utilizada para el tráfico de droga.

También se confirmó la captura de una persona, quien fue encontrada en el lugar, aparentemente cuidado el casco de la hacienda.

Segùn declaraciones del Comisionado Howard Cotto, Subdirector de Investigaciones esta mañana, en el lugar todavía permanece un grupo de investigadores recabando màs informaciòn sobre el caso y rastreando el área en la bçusqueda de otros ilìcitos.

Se supone que la propiedad donde fue localizado el dinero es de ciudadanos guatemaltecos.

$6 millones y contando en barril de presuntos narcos
El Faro.net 03-Septiembre-10

A las 5 de la tarde de este viernes, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía habían contado más de 6 millones de dólares del dinero encontrado la víspera en un barril enterrado en una hacienda en Zacatecoluca. Hay un salvadoreño capturado y todo indica que se trata de un depósito clandestino utilizado por una red del narcotráfico.

El millonario tesoro enterrado en la hacienda El Recalado, del caserío Penitente Abajo, jurisdicción de Zacatecolua, todavía mantiene en vigilia a agentes investigadores de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía, que desde la noche del jueves 2 continúan contando uno a uno los dólares -con ayuda de máquinas- encontrados en un depósito plástico. Según las autoridades, el contenido podría aproximarse a los 8 millones de dólares.

Todo apunta a que la procedencia del dinero se origina en una red de narcotráfico que opera en la zona.

A las cinco de la tarde de este viernes, 24 horas después de producido el hallazgo, las autoridades han contado aproximadamente el 85% del botín -en volumen- y sin dar una cifra precisa aseguran que ya ha sobrepasado los 6 millones de dólares.

Al mediodía, la PNC informaba a diversos telediarios que a esa hora habían contado aproximadamente la mitad de los billetes y que sumaban 5 millones 240 mil dólares. De seguir en el mismo ritmo, esperaban encontrar 10 millones de dólares en el terreno.

El jueves por la noche, la Fiscalía informó que después de una llamada telefónica que alertó sobre la existencia de 30 millones de dólares enterrados en la propiedad llegaron al terreno y encontraron señales de tierra removida y procedieron a excavar. Se encontraron con el millonario hallazgo. La revisión del contenido determinó que había en el barril 1.5 millones de dólares en paquetes de 5 mil dólares cada uno formados por billetes de 100 dólares. "Se recibió información de que ahí estaban ocultos 30 millones de dólares vinculados con la narcoactividad y propiedad de un cártel guatemalteco", dijo la Fiscalía.

El fiscal del caso, Jorge Cortez, dijo a El Faro que ya hay un salvadoreño detenido y que se están haciendo más averiguaciones para determinar la procedencia del dinero, aunque las principales sospechas, según dijeron los titulares de la Policía Nacional Civil la noche del jueves, es el narcotráfico. La propiedad está registrada a nombre de unos guatemaltecos cuya identidad no fue revelada, y según Cortez se está confirmando esa información.

Guillermo Gallegos: "A partir de ahora los pandilleros son enemigos del Estado"
La Página.com 02-Septiembre-10

El diputado, que antes fue fiscal auxiliar, pidió a los jueces que no haya excusa para aplicar la ley.

La aprobación de la Ley de Proscripción de Pandillas, anoche, en la sesión plenaria propicia una identificación de las pandillas como "enemigos públicos del pueblo" o "enemigos del Estado", subrayó el vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, Guillermo Gallegos.

En tal sentido Gallegos demandó de los jueces mayor responsabilidad a la hora de aplicar justicia.

El término "proscripción" viene de "proscripto" y "ser proscripto significa alguien a quien se le cataloga como enemigo público y (que) se le identifica como enemigo del pueblo o enemigo del Estado", reiteró. el diputado.

La ley también proscribe a las organizaciones como la Sombra Negra.

Tras reconocer el trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, con lo cual la Asamblea ha cumplido su labor aprobar una herramienta más contra el combate de la ola criminal que en agosto volvió a subir a un promedio de 11 homicidios diarios, Gallegos instó a las instituciones respectivas a aplicar de forma efectiva la Ley.

"Hago hincapié especialmente en los jueces de la República. Van a ser ellos los encargados de administrar justicia. Van a decidir ellos si los mareros están fuera o adentro de las cárceles de este país", agregó el diputado de GANA.

En ese sentido, Gallegos espera "que no haya excusas" para aplicar la Ley a estos grupos antisociales, pues " a partir de hoy las pandillas son enemigos públicos del pueblo y del Estado", remarcó.

Asamblea aprueba Ley Proscripción contra Pandillas
La Página.com 01-Septiembre-10

El proyecto de ley, después de haber recibido taller en la comisión, salió con el cambio de eliminar la palabra “grupos de exterminio”.

Con 78 votos a favor y luego de largas intervenciones de los diputados de todos los grupos legislativos, la Asamblea aprobó esta noche la Ley de Proscripción contra Pandillas.

La aprobación fue posible después de que la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad presentara el dictamen número 33 favorable, para darle luz verde a la ley de proscripción de las pandillas, presentada en el mes de julio por el Ministerio de Seguridad y con la iniciativa del presidente de la república, Mauricio Funes.

Tal como se aprobó la ley y después de haber recibido taller en la comisión, salió con el cambio de eliminar la palabra “grupos de exterminio”.

La normativa aprobada por los diputados también estipula una reforma del artículo 345 del Código Penal, para establecer las penas para quienes se les compruebe la pertenencia.

“Lastimosamente la figura de grupos de exterminio no va, porque hay una interpretación incorrecta de algunos grupos parlamentarios, pensando en que eso puede ser utilizado políticamente y yo no le encuentro el fundamento y tendrían que explicar el porqué”, dijo el diputado del FMLN, Benito Lara.

“El ministro trató de persuadirnos, pero lo más conveniente era quitar esa palabra. Esperamos que los jueces, los fiscales y la PNC apliquen bien esta ley, por que si no la acatamos como se debe, despuès vamos a lamentarno de esta situacion”, dijo el diputado de GANA, Guillermo Gallegos

El diputado del Partido de Conciliación Nacional, José Antonio Almendáriz dijo que la ley no se aprobó tal cual la trajo el presidente Funes, “el Código Penal ya establecía penas y existen otras normativas como la ley del crimen organizado, la ley contra actos de terrorismo, ya daban herramientas, pero como el presidente quería una ley especial, allí la tiene. Hoy solo falta que funcione y de los resultados que se esperan”, afirmó el diputado Almendáriz.

Le ley de proscripción de las pandillas establece reformas al artículo 347 del Código Penal, en el sentido de sancionar hasta con 16 años a quienes provean de armas a las pandillas.

Mauricio Funes: "En mi gobierno no existe partida secreta"
La Página.com 31-08-10

Según Funes la presidencia solo maneja gastos reservados e imprevistos y eso está autorizado por la ley. Además de que esto gastos no son secretos porque son auditados por la Corte de Cuentas de la República.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo donde declara inconstitucional la Ley del Presupuesto que permite a la presidencia de la República hacer transferencias discrecionales de una institución pública.

Con dicha disposición ahora la Asamblea Legislativa deberá aprobar esas transferencias, pero el presidente Funes dice ahora que Casa Presidencial analiza el fallo de la Corte, aunque en la lógica de que es una resolución inapelable.

Sin embargo el presidente fue contundente al señalar que en su gobierno no existe “partida secreta” como lo señalan algunos medios de comunicación. Es más Funes dice que se estudian algunas alternativas que se adapten al fallo.

Además el presidente observó que la Corte no les notificó el fallo y solo se lo hizo a la Asamblea Legislativa, aún cuando la resolución les afecta o involucra directamente

“Obtuvimos una copia y la estamos estudiando. He nombrado un equipo multidisciplinario y estamos en eso”, dijo Funes.

Una de las alternativas que el presidente estudia es analizar una reforma para que la ley se adapte al fallo de la Corte, pero más allá de es también se estudia como hacer un manejo eficiente de los recursos.

“Yo no se porque la insistencia de ANEP, de FUSADES, de FUNDE, de los partidos políticos, particularmente de ARENA y el FMLN, por el problema de la transparencia. En ninguna página de la sentencia encontrarán ustedes el nombre Partida Secreta, este gobierno no tiene partidas secretas”, dijo el presidente durante una conferencia de prensa realizada en Casa Presidencial.

Según Funes la presidencia solo maneja gastos reservados e imprevistos y eso está autorizado por la ley. Además de que esto gastos no son secretos porque son auditados por la Corte de Cuentas de la República

“La presidencia de la República tiene un equipo de la Corte de Cuentas contándole las costillas”.

Funes reiteró que este mecanismo es el que se utiliza por ejemplo para dotar de equipos a la PNC y la Fuerza Armada en los planes de seguridad, en la lógica de que en el camino se presentan necesidades como alimentación, transporte, vehículos, alquiler de locales, entre otras necesidades.

Emigrar de El Salvador: del sueño a la pesadilla
Contrapunto 30-08-10

Exigen al gobierno mejorar las condiciones sociales de la población salvadoreña, así como combatir la violencia local para evitar continuar expulsando a la gente hacia el extranjero

Las tragedias que sufren los inmigrantes salvadoreños en su ruta hacia Estados Unidos en busca del “Sueño Americano”, son cada vez más continuas. La peligrosidad que implica atravesar México se ha vuelto cada vez más una pesadilla.

Si antes eran accidentes en carreteras, asfixias en los camiones de carga, caídas desde el tren y naufragios, en la actualidad se suman cada día más seguido los asaltos, secuestros, extorsiones y crímenes de las bandas armadas. Ni hablar de los actos represivos de las autoridades locales que tratan a los inmigrantes indocumentados como delincuentes, los apresan y los golpean injustamente con impunidad, según denuncias registradas por organismos de derechos humanos de México y de las autoridades consulares salvadoreñas.

Pero lo de Tamaulipas se ha pasado de la raya. El gobierno salvadoreño, en boca del mismo presidente Mauricio Funes, pidió una reunión con su homólogo de México, Felipe Calderón una semana después de conocida la matanza de 72 indocumentados latinoamericanos de Tamaulipas, entre los que se cuentan muchos salvadoreños.

Antes de una carta enviada por Funes a Calderón, la Cancillería reaccionó con firmeza en dos ocasiones en menos de una semana para no solamente lamentar, sino condenar una matanza ocurrida el sábado 21 de agosto en el poblado de San Fernando, en Tamaulipas, México.

“Quiero recalcar que no sólo lamentamos este hecho, sino que también lo condenamos. Le hemos exigido a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva de este hecho para dar con los autores materiales e intelectuales y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley”, aseguró el jueves 26 de agosto pasado el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, al reconocer que entre muertos ya identificados se encuentran preliminarmente 6 salvadoreños que portaban identidad.

Martínez, en conferencia de prensa, se mostró consternado por la matanza. No es la primera que ocurre, pero “nos ha asombrado su magnitud”, acotó.

El funcionario dijo que había que ser sensible con la información que se brinda públicamente y que pueden afectar mucho a los familiares de las víctimas, pero no pudo dejar de reconocer que los datos e imágenes en poder de la cancillería salvadoreña dan cuenta de una “escena dantesca”: atados de pies y manos y con los ojos vendados fue como encontraron las autoridades policiales mexicanas a los masacrados en un apartado rancho de San Fernando, un poblado de apenas mil habitantes.

El Salvador está dispuesto a colaborar con México en las investigaciones para la lucha contra las bandas armadas que en las zonas norte y sur del territorio mexicano se encargan de asaltar a los inmigrantes para robarles, vejarles y en el peor de los casos, como en San Fernando, asesinarles.

Funes en su misiva le dice a Calderón: “Nuestras familias están de luto y asisten impotentes a esta violencia irracional, a la vez que esperan de nuestros gobiernos respuestas efectivas y castigos ejemplares para recuperar la paz en sus corazones. Confío plenamente que su gobierno realizará con éxito las correspondientes investigaciones y dará esas respuestas oportunamente. En ese sentido, cuenta Usted con el modesto apoyo que mi país desea brindarle”.

En El Salvador existe la sospecha, pero de la cual no se tiene certeza, que los traficantes de personas o “coyotes” que se encargan de trasladar a inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos, podrían tener nexos con las bandas de asaltantes y de secuestradores, llámese Los Zeta o de cualquier otra denominación. En estos asaltos también han salido a relucir las llamadas “maras” o pandillas que tienen origen en El Salvador, como la “Mara Salvatrucha” o “Pandilla 18”.

Investigaciones en El Salvador dan cuenta que las “maras” y pandillas tienen nexos con el crimen organizado local y que se dedican a la venta de drogas al menudeo, extorsiones, secuestros, robo de vehículos, tráfico de armas y otros delitos graves. El Fiscal General, Romeo Barahona, ha iniciado una investigación para averiguar de posibles nexos entre los traficantes de personas o “coyotes” y las bandas armadas que asaltan a los indocumentados.


Gestiones del gobierno

Más allá de las declaraciones el gobierno salvadoreña ha movilizado a sus cónsules en el norte de México y del Distrito Federal (DF), para que estén lo más posible cerca de dónde ocurrió la tragedia del 21 de agosto en el poblado de San Fernando.

“Estamos lo más cerca posible del lugar de la tragedia, pero es un lugar muy peligroso. Hay enfrentamientos entre las autoridades mexicanas y los delincuentes. Pero estamos en el luchar de los hechos”, manifestó el viceministro Juan José García. Las autoridades mexicanas en la frontera norte con Estados Unidos han advertido de la peligrosidad para los cónsules salvadoreños.

También a México ha sido desplazado el director de Derechos Humanos de la Cancillería, David Morales, para que colabore con las autoridades mexicanas en la identificación de los salvadoreños muertos, pues se su pone que pueden haber más de 6, que son los hasta ahora identificados.

“No sabemos cuánto tiempo va a durar este proceso. En cancillería hemos dado a conocer dos números telefónicos (503) 22311362 y (503) 22223269, para que los familiares reporten datos, documentos e información de sus parientes que no se han comunicado recientemente y que se tengan sospechas de que pudieran estar desaparecidos.

“Desde que se habilitó el número para brindar información, hemos recibido más de 90 llamadas y varias familias que han llegado personalmente a cancillería a dar o a pedir información. Esto sólo en uno de los dos lugares habilitados”, dijo una funcionaria de “Gestión Humanitaria” de la cancillería.


La tragedia no es nueva

Gilma Pérez, directora y especialista en el tema de Migrantes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) –jesuitas-, aseguró a que el tema de las tragedias ocurridas a migrantes que atraviesan México con la intención de llegar a Estados Unidos, no es una novedad, “pero ciertamente la magnitud de lo que está ocurriendo ahora es grave”.

“Nuestro instituto fue fundado por el padre Segundo Montes y él, como sociólogo investigador, advirtió desde 1986 que el fenómeno de la migración salvadoreña no se acrecentaría en la medida que no se resolvieran temas estructurales en nuestra sociedad”, aseguró Pérez.

“Hoy a los temas de pobreza y exclusión, se suman las necesidades de la reunificación familiar. Muchos de los que están migrando son hijos o nietos de aquellos que ya están en Estados Unidos”, explicó la experta, quien no tiene cifras exactas del fenómeno, pero cuya magnitud se puede apreciar por las deportaciones.

“El año pasado se deportaron a más de 33 mil salvadoreños desde Estados Unidos y México. Se trata en su mayoría de indocumentados. Hasta la mitad del presente año iban más de 17 mil los deportados. Nos dicen que las cifras de deportados por vía terrestre, es decir, de México son la mayoría. Es un flujo imparable. Estos deportados vuelven a hacer el intento en varias ocasiones”, apuntó Pérez.

Gilma Pérez reconoce como “frustrante” la matanza de San Fernando, “porque otro fenómeno que está ocurriendo en El Salvador es que muchos de los actuales inmigrantes están abandonando el país porque se consideran víctimas de la violencia en El Salvador. Familiares que tienen pequeños negocios y son extorsionados, envían a sus hijos al extranjero antes de que los pandilleros cumplan con la sentencia de que serán asesinatos si no pagan sus rentas exigidas”.

Según datos estadísticos ofrecidos por la organización humanitaria mexicana “Sin Fronteras”, en México se está secuestrando a unos mil 600 inmigrantes de diversas nacionales cada mes; los secuestradores piden 2 mil 500 dólares por cada rescate.

Testimonios de familiares de salvadoreños, como “Marta”, indican que su prima “tuvo que pagar unos 10 mil dólares al coyote que la llevó hasta Los Ángeles. El pago se hace primero con una mitad antes de emprender la travesía y luego la otra mitad al llegar al destino”, dijo la joven. El pasaje de su madre lo pagó otra pariente en Estados Unidos, a donde viajar de manera ilegal se ha vuelto muy riesgoso, por el aumento de la criminalidad en México y por el encarecimiento del pago a los coyotes, dado las restricción en territorio estadounidenses a la inmigración ilegal.


Gobierno mexicano cuestionado

Amnistía Internacional, culpó al Gobierno Federal de Felipe Calderón de su “fracaso” en la aplicación de medidas para hacerle frente a la violencia que afecta a los inmigrantes a su paso por territorio mexicano.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, aseguró que “las autoridades mexicanas nos han asegurado que no es política de México la violencia que sufren los inmigrantes”.

“Nuestras relaciones, entre México y El Salvador, se basan en principios de respeto y reciprocidad. Confiamos que las autoridades mexicanas investiguen y lleven a la justicia a los que cometen este tipo de violaciones en contra de los inmigrantes salvadoreños y de otros países”, finalizó Martínez, quien enfatizó que se deben establecer mecanismos conjunto de intercambios de información para enfrentar a las bandas del crimen organizado.

Gilma Pérez no es muy optimista al respecto y propone: “Lo que nuestros gobiernos deben hacer es desestimular la migración, pero creando las condiciones locales para que los jóvenes tengan trabajo y oportunidades, así como combatiendo eficazmente la violencia. Estas son las raíces que debemos echar para dejar de ser uno de los países que más expulsa a sus habitantes al extranjero porque aquí no tienen oportunidad de futuro”.

El Salvador es el país más violento de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de más de 75 por cada 100 mil habitantes, siete veces más de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera epidemia.

Funes condena masacre de Tamaulipas y propone una reunión México – SICA contra el crimen
Colatino 29-08-10

El Presidente de El Salvador Mauricio Funes, condenó hoy la masacre en contra de 72 personas migrantes latinoamericanas, entre ellos 12 salvadoreños, en el estado de Tamaulipas, México. Asimismo solicitó a su homólogo mexicano Felipe Calderón, una reunión urgente para profundizar en el tema de la lucha contra el crimen organizado en la región.

“Quiero hacerle llegar mi solidaridad y la de mi pueblo para con Usted, su gobierno y el hermano pueblo mexicano; nuestras familias están de luto y asisten impotentes a esta violencia irracional, a la vez que esperan de nuestros gobiernos respuestas efectivas y castigos ejemplares para recuperar la paz en sus corazones”, señaló Funes en una carta enviada al Presidente mexicano.

Funes afirmó a través de un comunicado de prensa que la demencial matanza acaecida en el Estado de Tamaulipas ha conmocionado a nuestros países y a la comunidad internacional, y que constituye una muestra de la magnitud que ha alcanzado el accionar de las bandas del crimen organizado.

“El caso Tamaulipas debe llevar a los líderes del mundo a la convicción de que esta gran batalla en la que estamos inmersos en nuestra región no es ajena a nadie. Ninguna latitud está segura mientras no logremos terminar con el accionar de las poderosas organizaciones del narcotráfico, el contrabando de armas, el lavado de dinero, la trata de personas, etc.”, expresó.

El mandatario salvadoreño sugirió en la misiva a su par mexicano la realización de una reunión en el marco del vínculo binacional México-El Salvador, para fortalecer las tareas conjuntas en la lucha contra el crimen organizado y para establecer un nexo más fluido y operativo entre México y el SICA (Sistema de la Integración Centroamericana).

“El desafío de los criminales y delincuentes reclama de los Estados otras respuestas, otras armas y la inteligencia de que debemos unir nuestras fuerzas y voluntades para doblegar al enemigo”, acotó.

Al día de hoy, y tras ser reconocidos 31 de los 72 cuerpos de los migrantes asesinados, se han identificado a tres de los 12 salvadoreños encontrados. Sus nombres responden a José Ángel Flores, originario del departamento de Usulután, de 33 años de edad; José Gilberto Flores García, oriundo del departamento de La Paz, de 20 años de edad; y Wilmer Antonio Velázquez de 16 años.

México confirma muerte de 12 salvadoreños en masacre
AFP 27-08-10

Los autoridades mexicanas identificaron a 31 de los 72 migrantes asesinados en el norte de México, de los cuales 14 son hondureños, 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos y uno brasileño, mientras siguen las condenas internacionales a la masacre y el pedido de que sea esclarecida.

Las víctimas fueron secuestradas cuando iban camino hacia Estados Unidos por supuestos miembros del grupo de Los Zetas, ex brazo armado del cártel del Golfo, que les dispararon cuando se negaron a ser reclutados, según declaraciones de un ecuatoriano, de 18 años, único sobreviviente y testigo de la matanza.

Un agente del ministerio público que estuvo a cargo de las primeras indagaciones y un policía están desaparecidos desde la tarde del miércoles, mientras que la familia del testigo recibió amenazas en Ecuador.

“El (agente del) ministerio público de estos homicidios ciertamente está desaparecido, pero no se reporta información acerca de su fallecimiento”, dijo el presidente Felipe Calderón, después de que se divulgara que había aparecido asesinado.

La Secretaría Nacional del Migrante de Ecuador informó que la familia del sobreviviente, que vive en el sur del país, fue puesta bajo resguardo policial después de recibir amenazas del traficante de personas que facilitó el viaje del joven a cambio de un pago de 11.000 dólares.

El gobierno de Ecuador solicitó que las imágenes del ecuatoriano y de su familia, así como su condición médica, que fueron difundidas por la prensa, sean restringidas, en tanto que el presidente de México, Felipe Calderón, condenó que se hayan filtrado sus datos.

En diciembre de 2009, después de que el capo Arturo Beltrán Leyva fue abatido por infantes de Marina en México, un grupo armado mató a la madre, dos hermanos y una tía del marino mexicano Melquisedet Ángulo Córdova, muerto en el operativo y cuyo nombre había sido divulgado por las autoridades.

Desde los países involucrados y organismos internacionales siguieron produciéndose reacciones de rechazo a la matanza. El canciller de Brasil, Celso Amorim, la calificó de “tragedia”, mientras que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, se declaró “totalmente en shock”.

“Esta matanza pone de manifiesto la situación crítica de los migrantes en el país”, dijo Pillay a través de un comunicado, y recordó que el año pasado el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes indicó que un total de 400.000 personas (incluyendo mexicanos) migran a través de la frontera de México cada año.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, subrayó la necesidad de “coordinar” en la región la lucha contra el crimen transnacional, y se unió a los reclamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, para que la masacre sea esclarecida.

“Este trágico episodio refleja la confluencia de dos fenómenos que afectan el desarrollo de América Latina y su sistema democrático: la acción del crimen organizado y la desprotección que viven tantos compatriotas latinos que emigran en busca de un futuro mejor”, dijo Insulza.

La CIDH instó a su vez al Estado de México “a maximizar sus esfuerzos para investigar estos crímenes y juzgar a los responsables materiales e intelectuales”, además de “adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio”.

México ofreció una visa humanitaria por un año al ecuatoriano, que está en un hospital de la Marina bajo custodia. La comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, dijo que si decide volver a su país México lo repatriaría “con todas las precauciones y la protección que él merece”.

En Tamaulipas, donde ocurrió el asesinato masivo, hoy además explotaron dos presuntos coches bomba en Ciudad Victoria, uno de ellos frente a los estudios de la cadena Televisa, que causaron sólo daños materiales.

De los 72 cuerpos, quedan 41 sin identificar, ya que no portaban documento alguno, dijo a dpa una fuente de la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas, que pidió anonimato por razones de seguridad. Según el testigo, también había otros ecuatorianos en el grupo.

Los cadáveres aparecieron el martes en un rancho cerca de San Fernando, a unos 160 kilómetros de la línea fronteriza.

"Partida Secreta" de la Presidencia es declarada inconstitucional
La Página.com 25-08-10

Una reforma legal que hace varios años hicieron los diputados permitía que, a petición del Presidente de la República, el ministerio de Hacienda pudiera tomar dinero de algunas carteras de Estado y destinarlos a otras.

Magistrados de la Sala de lo Constitucional

Por unanimidad, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon inconstitucional la Ley del Presupuesto que permite a la presidencia de la República hacer transferencias discrecionales de una institución pública a otra sin dar cuenta a nadie.

Con base en el fallo deberá ser la Asamblea Legislativa la que apruebe esas transferencias, argumentando esos traslados de dinero con criterios técnicos y a petición expresa del Órgano Ejecutivo.

En 2004, la Sala de los Constitucional de entonces avaló como legal el traslado discrecional de los fondos, de tal manera que el presidente podía enviar fondos ahorrados de una cartera a otra, sin dar mayores explicaciones a nadie.

Esa facultad estaba predispuesta en los artículos 2 y 6 de la Ley del Presupuesto, pero según la resolución, ambos artículos vulneraban el principio de reserva de ley presupuestaria consagrado en los artículos 86 y 131 de la Carta Magna.

Debido a ese permiso legal es que, por ejemplo, en la administración anterior del Presidente Elías Antonio Saca se gastaron más de 219 millones de dólares de los que habían sido presupuestados.

El fallo

Según el fallo, los artículos 2 y 6 de la Ley de Presupuesto para el ejercicio financiero fiscal 2010 y el Art. 45, inciso 2, de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, son inconstitucionales por vulnerar el principio de reserva de ley presupuestaria, en su dimensión de especialidad cualitativa y cuantitativa, al habilitar al Órgano Ejecutivo a que realice transferencias entre partidas de distintos ramos y a que asigne discrecionalmente los excedentes de los ingresos previstos, con los que inicialmente se aprobó el presupuesto.

De acuerdo con el argumento, mediante los artículos 2 y 6 de la Ley del Presupuesto 2010, la Asamblea Legislativa le estableció funciones al Ministerio de Hacienda que no estaban contempladas en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, ni lo están ahora.

“Al decretarse esas dos disposiciones aseguraron que se ha violado la Constitución, ya que tal como lo ha establecido este Tribunal, la atribución de funciones a un órgano de la Administración Pública es un aspecto relativo a la organización interna del Órgano Ejecutivo, en virtud del principio de separación e independencia de órganos, de la potestad organizadora del Ejecutivo y su regulación no puede ser hecha por la Asamblea Legislativa”, argumenta el fallo.

El fallo también establece que al tratarse de una transferencia de recursos entre partidas de distintos ramos de la administración pública, la reforma de presupuesta general del Estado puede afectar las disponibilidades correspondientes que fueron valoradas al momento de votarse y formularse el presupuesto.

Además advierte que esas disponibilidades pueden afectar la realización de los fines del Estado, por tanto para que sea válido constitucionalmente, el intercambio de las asignaciones presupuestarias debe realizarse con aprobación del Consejo de Ministros y por Decreto de la Asamblea Legislativa.

“De cualquier punto de vista, la realización de los fines del Estado no puede quedar sometida a la decisión de un funcionario o institución del Órgano Ejecutivo; tampoco es razonable ni constitucional concebir que la suerte de aquellos fines pueda quedar incluida en las asignaciones a que se refieren los arts. 2 y 6 dela LP 2010 en los términos que manda el inc. 1 del art. 227 Cn., que hace referencia vinculante al hecho de juzgar convenientemente la autorización de las erogaciones presupuestarias”, reza el documento.

Funes: "El ladrón juzga por su condición... no entiendo cómo un líder como Cristiani sigue anclado en el pasado"
La Página.com 24-08-10

El Presidente dijo que el viaje es de carácter comercial y de amistad con Cuba, pero no significa que El Salvador vaya a copiar el modelo de gobierno cubano

El presidente Mauricio Funes descartó que la suspensión de su viaje a Cuba haya sido por presiones y más bien todo se debió a un cruce de agendas apretadas que le impedían hacer el viaje, previsto para la primera semana de septiembre. Asimismo criticó al presidente de ARENA, Alfredo Cristiani porque a su juicio se ha quedado con ideas del pasado.

El presidente Funes no acepta es que la dirigencia de ARENA (Alfredo Cristiani) cuestione el viaje a Cuba.

“El ladrón juzga por su condición. Estamos ya en el siglo XXI donde las relaciones internacionales se construyen no a la base de las ideologías. Yo no entiendo cómo un líder de la talla de Alfredo Cristiani siga anclado en el pasado, siga anclado a fuertes ataduras ideológicas”, dijo a los periodistas.

Una de las primeras trabas que el presidente tiene para esos días es que en esa fecha vence el periodo de inscripción al Status de Protección Temporal, TPS, para los salvadoreños en Estados Unidos y el gobierno tiene previsto realizar una campaña con nuestros compatriotas, para motivarlos a la reinscripción de este beneficio migratorio, otorgado por el gobierno estadounidense a mediados del 2001.

Un segundo escenario es que para mediados de septiembre también será la Asamblea General de las Naciones Unidas y es un evento de rigor para el país estar presente, por eso el viaje a Cuba se pospone para después reiteró el presidente Funes.

Sobre la asistencia de algunos empresarios, que estarían acompañando a Funes, el mismo presidente descartó que exista una lista como tal, pero sí ha convocado a una reunión para informarles del viaje, quedando en libertad de cada empresario asistir o no la invitación del gobierno; aunque el mandatario dice que la única lista es la información que maneja PROESA, donde aparecen los empresarios salvadoreños que ya tienen relaciones comerciales con las isla.

El presidente Funes dijo que el viaje es de carácter comercial y de amistad con un país con el que ya se tienen relaciones diplomáticas, pero en ningún momento eso significa que El Salvador vaya a copiar el modelo cubano, como lo sostienen algunos políticos de oposición.

“El sistema político y económico está claramente establecido en la Constitución y yo no pretendo violar la Constitución. Claramente allí dice que el sistema político de El Salvador es un sistema plural”, dijo Funes frente a este tipo de críticas.

Aunque no hay fecha el presidente Funes aseguró que el viaje a Cuba sigue en pie y que posiblemente sea para el mes de octubre.

Diputados descartan a Tribunal de Ética para garantizar acceso a información
El Faro.net 23-08-10

La comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea no está de acuerdo con que sea el Tribunal de Ética Gubernamental, como lo propone el Ejecutivo, el que vele por el acceso a la información pública. Los diputados coincidieron en que debe crearse un nuevo ente con independencia, aunque discrepan en cómo elegir a sus integrantes.

Contrario a la propuesta de la presidencia de la República, los diputados de la comisión de Legislación acordaron este lunes que la entidad que vele por la aplicación y cumplimiento de una ley de acceso a la información sea una nueva institución, en lugar de darle esa tarea al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

Con esta posición, los legisladores se alejaron de la propuesta del Ejecutivo y del mismo TEG, que planteaban que esta oficina absorbiera la tarea de impartir justicia en la materia. “Las funciones del Tribunal de Ética y las de un instituto de transparencia son de naturaleza distinta, tienen funciones diferentes. Uno tiene una función de velar por la ética de los funcionarios y un instituto de transparencia tendría un quehacer muy grande y especializado, que es el de garantizar el acceso a la información pública”, opinó el diputado de Arena Guillermo Ávila Qüehl, presidente de la comisión.

El artículo 58 del proyecto de ley, que inicia el capítulo II del mismo, propone la creación de un Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que estaría encargado de velar por la defensa y aplicación de la ley, de resolver sobre las negativas a las solicitudes de información y proteger los datos personales en poder de las respectivas dependencias y entidades en los casos bajo su conocimiento.

Con esta decisión de los diputados, la Comisión sorteó uno de los tres puntos que más diferencias generan ya en el debate, aparte del procedimiento de elección de los miembros del Instituto de Transparencia y de quiénes lo integrarían.

La posibilidad de contar en el país con una ley que garantice a los ciudadanos el acceso a la información pública se ha visto frenada desde los anteriores gobiernos con el partido Arena a la cabeza. El ex presidente Antonio Saca, de hecho, mantuvo durante su gestión el argumento de que la mejor ley de acceso era aquella que no existía. El gobierno de Mauricio Funes, que ahora plantea como necesaria la ley, ha mostrado, sin embargo, actitudes contrarias al espíritu de la misma.

En la discusión de este lunes algunos diputados, como el arenero Mario Valiente, sugirieron que se considerara la propuesta presidencial de que fuera el Tribunal de Ética el que asumiera la función de velar por el cumplimiento de la ley, alegando que eso supondría un ahorro de recursos, pero prevaleció el argumento a favor de una institucionalidad independiente, sin subordinación a ninguna otra autoridad. “El Tribunal de Ética Gubernamental tiene poco presupuesto y necesitaría un refuerzo presupuestario para poder llevar a cabo esas funciones. Es mejor canalizar ese refuerzo a una nueva institución”, dijo Ávila Qüehl, desestimando la idea del ahorro de recursos.

Esa fue también la posición que compartió el FMLN, quien en voz de la diputada Margarita Velado expresó que “lo ideal es una nueva institucionalidad, que puede ser pequeña, no necesariamente tiene que ser muy grande”.

El único punto que los diputados dejaron pendiente sobre el artículo 58 es el del nombre que tendrá esta nueva entidad, que en la propuesta del Grupo Promotor de la ley es llamado Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, mientras que el FMLN plantea que sea Consejo Nacional para el Acceso a la Información Pública.

Los diputados después pasaron a analizar el artículo 59, donde se entrampó la discusión. El 59 habla sobre la integración del organismo garante y su mecanismo de elección. El proyecto en discusión, que es una fusión de las propuestas del FMLN y del Grupo Promotor, plantea una divergencia en este punto. El del Grupo Promotor propone que sean cuatro comisionados los que integren el instituto, y que estos sean elegidos por la Corte Suprema de Justicia luego de recibir ternas propuestas por las universidades, la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Los diputados coincidieron en que es más conveniente que el número de integrantes sea impar -preferentemente cinco- para evitar entrampamientos en las discusiones, pero discrepan en el mecanismo para elegir a los comisionados. Arena se inclina porque sea la Corte la que tenga la palabra final, pero propone que tres de las ternas para elegir los cinco puestos sean propuestas por universidades, APES y ANEP, mientras que los dos nombres restantes sean nombrados directamente por la Corte.

El FMLN, en cambio, pese a defender la idea de una institucionalidad independiente, propone dejar en manos de la presidencia la elección de los comisionados, luego de un proceso abierto en el que los postulantes provengan no de organizaciones gremiales, sino de la sociedad civil. Los efemelenistas no precisaron cuál sería la diferencia entre una cosa y la otra. “Muchos se quejan de que la Corte tiene un problema de retardación de justicia y darle esta atribución también sería distraerla de sus funciones esenciales de administración de justicia”, argumentó el efemelenista Jaime Valdez.

El pecenista José Almendáriz planteó una tercera posición, proponiendo que sean Fiscalía, Procuradoría General y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos quienes presenten las ternas.

Ante tal diferencia de opiniones, los diputados acordaron dejar el punto “en el congelador” y llevar a cabo reuniones bilaterales y privadas para llegar a una posición conjunta, que discutirán hasta dentro de dos semanas dentro de la comisión.

El principio elemental del proyecto de ley es que todo es público y solo en excepciones la información en manos del Estado será reservada o confidencial. La reservada es aquella que si se divulga puede dañar los intereses del Estado en materia de seguridad nacional o relaciones internacionales. La confidencial es la información personal relativa a la intimidad de las personas, como datos de salud o credo religioso.
En junio pasado, el Ejecutivo presentó a la comisión una serie de sugerencias, como que entre las instituciones obligadas a publicar información estuvieran los partidos políticos, pero la comisión desechó esa posibilidad, argumentando que ya está en proceso un anteproyecto de ley de partidos políticos.

El Salvador: La crisis ideológica de la izquierda
El Trompudo 21-08-10

El Salvador es una sociedad en crisis. Ha durado tanto tiempo que cualquiera diría que es el estado normal de las cosas. Ciertamente, los grandes poderes económicos quisieran que el pueblo perciba como normal vivir siempre en crisis, y es por eso que hay una campaña incesante y permanente de mentiras y calumnias contra Cuba y Venezuela. Porque si la gente empezara a darse cuenta de que hay alternativas, que puede construir una sociedad mucho mejor, más que algunos buscarían la manera de hacerlo...


Sin embargo, eso no quiere decir que sea imposible, y la evidencia de eso es que en Venezuela y Bolivia los gobiernos están revirtiendo los cambios estructurales cada vez más aceleradamente. Respecto a Venezuela se podría decir que goza de un capitalismo desarrollado y grandes recursos petroleros; pero, ¿Bolivia? No era Bolivia uno de los países más pobres del hemisferio? Y si lo está haciendo el gobierno de Morales y García Linera, ¿por qué no lo pueden hacer en El Salvador? La respuesta es la misma. Hay una falta de voluntad de parte de la cúpula del FMLN, de parte de Medardo González, Salvador Sánchez Cerén, José Luís Merino, Norma Guevara, Roberto Lorenzana, Lorena Peña y Sigfrido Reyes.

Que la estructura económica implante una conciencia individualista y consumista en la gente es natural, tan natural como que las abejas construyan panales. A quien le incumbe la tarea de hacer conciencia de clase, y también de organizar y poner un ejemplo de liderazgo revolucionario es a la izquierda. Pero en estas tareas fundamentales el FMLN ha fracasado totalmente, y no porque haya hecho todo lo posible de su parte, sino porque no ha hecho nada. En todos los años, desde la firma de los acuerdos de paz, el FMLN no ha tenido incidencia en la organización del sector obrero, campesino, estudiantil, universitario, vecinal, femenino, ni de trabajadores informales o vendedores.

De esta falta de liderazgo (que no empezó recientemente sino que existió durante todo el tiempo en que Schafik Hándal era coordinador general) se pone en evidencia que la izquierda sufre de una crisis ideológica. ¿Cuándo empezó a cundir esta crisis en la izquierda salvadoreña? Lo único que se puede afirmar es que no existía mientras vivía Salvador Cayetano Carpio, porque él nunca dudó del carácter socialista del proyecto revolucionario que se quería construir, de quién era el enemigo de clase, ni de que era el proletariado que tenía que dirigir a la revolución. Después de los hechos de abril de 1983, sólo los dirigentes efemelenistas que han seguido al frente de la lucha saben cuándo y cómo se pusieron en duda los principios que Carpio defendió con su legendaria terquedad.

El comienzo de la crisis ideológica de la izquierda coincide con la resolución de la crisis ideológica que atravesaron las clases dominantes desde los 70's hasta finales de los 80's. Esta crisis se tornaba en el hecho de que desde 1932, la oligarquía había encomendado a las fuerzas militares el manejo del estado, hecho que permitía que aquella no tuviera la necesidad de crear un partido propio que formara intelectuales orgánicos y reprodujera una ideología dominante (Lungo 1990). Al mismo tiempo, empezaban a surgir nuevos sectores económicos vinculados al comercio, las maquilas, las exportaciones no tradicionales, los bancos y el turismo. Esos sectores en vías de globalización que sustituirían al sistema casi feudal anticuado (Robinson 2003). Alfredo Cristiani, heredero oligárquico convertido en empresario comercial, se merece casi todo el reconocimiento por haber unificado a la oligarquía y las nuevas clases económicas en el partido ARENA, con “una ideología no-negociable”. Cristiani logró consolidar la hegemonía de estos sectores, primero dentro del partido y, después, sobre todo el estado.

Reconocimiento también se merece el gobierno de Los Estados Unidos. A pesar de que dio su apoyo al PDC, por las tendencias sicópatas y genocidas de D’Aubuisson, al mismo tiempo la USAID invirtió todo el apoyo económico y sus recursos en transformar las estructuras de El Salvador conforme al patrón neoliberal. Fue la AID que creó FUSADES en 1983, y que sentó las bases para la privatización del estado salvadoreño. El impacto duradero del “andamiaje estructural” que construyó la AID fue notado por el actual ministro de ambiente, Herman Rosa, que antes de volverse experto en el medio ambiente se dedicaba a investigaciones de economía política. Durante la década de los 80's Rosa estudiaba los designios neoliberales del gobierno EE.UU. en El Salvador, y resumió los resultados en un libro titulado "AID y las Transformaciones Globales en El Salvador". Estas transformaciones fueron tan profundas que habría sido muy difícil que cualquier gobierno las revirtiera:

“La política orientada a transformar la economía, impulsada agresivamente en la segunda mitad de los ochenta, no mostraba todavía, a principios de 1993, resultados en términos de superación de los desequilibrios estructurales de orden macro-económico … Sin embargo, la profundidad de las reformas de política económica emprendidas bajo la rúbrica del ajuste estructural propuesto sí dejaban un legado duradero: habrían definido en gran medida el marco por donde se podía pensar el desarrollo económico futuro de El Salvador. En otras palabras, cada vez resultaría más difícil pensar en la reversión de la tendencias hacia la apertura, extroversión, y liberalización de la economía, muy a pesar del margen que pudiese quedar para cualificar algunas de esas tendencias.” (110)

Las palabras de Rosa encuentran eco en un análisis de los acontecimientos de la misma época en Chile, titulado “La Concertación consolidó la obra de la dictadura,” por Felipe Portales. Resulta que la oposición a la dictadura de Pinochet, “La Concertación”, había sido infiltrada y manipulada por agentes de los EEUU, con el resultado que el nuevo presidente, Aylwin, terminó siendo un neoliberal (Robinson 1996). Portales explica cómo la dictadura (con el concurso de la Concertación) pretendía con la constitución de 1990 hacer permanentes los cambios estructurales implantados desde el golpe de estado de 1973:Rosa habló del “marco del desarrollo económico futuro” difícil de revertir; Guzmán habló de “crear una realidad” con un reducido “margen de alternativas” económicas. Nótese que no se habla de “derecha” ni “izquierda”, ni de partidos, porque los partidos se hacen y se deshacen, pero las clases que los forman se quedan. Se está hablando de economía política, de poder económico y político. Y lo que hicieron los poderes económicos fue arraigar los cambios estructurales hasta tal grado que, incluso si la izquierda ganara el poder político, le sería “extremadamente difícil” darles vuelta.

“Para consolidar estos cambios en el largo plazo, la derecha -a través de Pinochet-impuso una Constitución que establecía una democracia nominal a partir de 1990. Esto lo fundamentó Jaime Guzmán ya en 1979, al señalar maquiavélicamente que ‘en vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.

Evidentemente estos líderes tomaron la decisión de no intentar cambiar las estructuras neoliberales. En esencia, su ideología no es revolucionaria, sino reformista, y eso representa una crisis para la izquierda. Porque si tanto la izquierda como la derecha están de acuerdo con que sigan dominando las transnacionales y el imperio estadounidense, realmente no hay una izquierda—todos son derecha porque todos sirven a las clases dominantes. Y se puede argumentar que la “izquierda” sirve mejor a los poderes económicos dominantes, porque no sólo buscan “gobernar bien” o sea, con eficiencia y menos corrupción, sino porque también resuelven el problema del control social sobre las clases oprimidas. La “izquierda” ya se encarga de que las masas no se organicen y se subleven, argumentando de que ya ganaron el poder y que hay que apoyar a “su” gobierno, a “su” presidente.

Este gobierno ha resultado ser fortuito para la derecha, una situación de “cara, gano yo; cruz, pierde usted”. Puesto que el gobierno está manteniendo todos los subsidios y ventajas de que han venido gozando los capitalistas transnacionales, si al final es exitoso, ellos ganan. Pero si decrece su popularidad, el FMLN pierde. Vean si la prensa derechista no se alegra al llamar al gobierno de Funes “izquierdista” y de decir que el FMLN es el partido de Funes. Y dado que la derecha siempre es prevenida, pase lo que pase tendrá un partido listo para las siguientes elecciones para aprovechar la pérdida de popularidad del FMLN.

Por estas razones, el camino que han escogido González, Cerén, Merino y compañía sólo conducirá al desprestigio del FMLN, tal vez a su fraccionamiento. La única manera de salvar al partido de esta muerte anunciada, en mi criterio, es de cambiar de ideología, de retomar los principios revolucionarios de Carpio y de Martí.

Diana Barahona